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Piden un año de moratoria para el proceso de cierre de escuelas

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Por Gabriela Ortiz Díaz

Publicado: martes, 24 de julio de 2018

Apesar de que la semana pasada el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una sentencia a favor del Departamento de Educación (DE) en cuanto a la aprobación del cierre de escuelas, luego de que la Asociación de Maestros demandara a la agencia gubernamental por incumplimiento en los procesos seguidos, la oposición por parte de gremios magisteriales y de organizaciones de padres y madres no cesa. 

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) informó que presentará un recurso de reconsideración ante este cuerpo judicial, amparándose en las diferencias entre los jueces del caso, de los cuales dos se mostraron en contra de las movidas del DE y uno se inhibió. De igual forma, la AMPR propuso un año de moratoria al proceso de cierre para dar paso a una manera ordenada en la cual se consideren las opiniones de los miembros de la comunidad escolar. 

El mismo día que el Supremo tomó la decisión, dejando de lado la determinación anterior de inconstitucionalidad del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la Comisión de Derechos Civiles (CDC) presentó un informe sobre el cierre de las escuelas con la intención de proteger los derechos humanos, la educación de los niños y niñas de Puerto Rico y el derecho a la participación en asuntos públicos que tienen los ciudadanos. 

 En ese informe, se evidencia el respaldo de la CDC a la recomendación de la Asociación de Maestros, para que el DE provea una moratoria de un año que permita un proceso ordenado Además, se concluye que el proceso llevado a cabo por la agencia gubernamental “lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas del sistema público”. En su ejecutoria, el “DE incumplió la responsabilidad básica que tiene de que sus decisiones tomen en cuenta los intereses particulares de las comunidades y personas afectadas por sus acciones y de asegurar que las decisiones estén sustentadas por un peritaje articulado y después de llevar a cabo un proceso deliberativo democrático”, según lee el informe. 

Sin embargo, el argumento de la mayoría de los jueces del Supremo fue que “la secretaria Julia Keleher ha actuado de forma “razonable” en el proceso de cierre y que ha estado implementando los procesos de transformación de acuerdo con el plan y la logística que se había establecido a la luz de la realidad fiscal, de las necesidades de mejorar las condiciones y el ambiente académico y de optimizar el uso eficiente de los recursos del sistema”, tal y como expone la sentencia del Supremo. 

 

Inician las clases, pero… 

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) denunció la semana pasada que el DE ha ubicado a unos 1,200 maestros permanentes en proyectos para los cuales no estudiaron ni se certificaron. A tales efectos, la Secretaria reveló que esos miles de maestros han sido asignados a proyectos especiales, los que estarán centrados en el uso de la tecnología y programas de cooperativismo y emprendimiento en las escuelas. 

Según ha expresado Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR, la situación de reasignación del magisterio se agrava porque “si en dos años no logran los requisitos para la plaza que se les impuso, serán despedidos. Así lo admitió la secretaria de Educación, Julia Keleher”. 

La líder denunció que, para reducir la cantidad de maestros necesarios, el DE comenzará el próximo periodo escolar, con el cierre validado por el Supremo, de cientos de escuelas; con la medida de aumento del tope de estudiantes por salón y con la movilización obligatoria de maestros a otros planteles. “Todo esto se hace en detrimento de la calidad de la enseñanza y el aprovechamiento académico de los niños y niñas”, a juzgar por la portavoz sindical. 

Las reubicaciones están cobijadas por ley, pues el Proyecto del Senado 563, convertido en la Ley 84 del 7 de agosto de 2017, faculta a la secretaria de Educación para llevar a cabo estas movilizaciones de educadores. En su momento, la FMPR se opuso a esta medida, propuesta por el senador novoprogresista Abel Nazario Quiñones. 

Martínez ha señalado públicamente que, además de los maestros permanentes que ubicarán en proyectos especiales, los cierres de escuelas dejarán fuera este año a sobre 3,000 transitorios, muchos de los cuales calificaban para sus permanencias. 

“Reasignar maestros a cursos y especialidades que no estudiaron, ni tienen la aptitud, es un claro atropello. El maestro ya estudió unas materias a base de sus intereses y capacidades y nadie puede obligarle a certificarse en otra área para la que posiblemente no tiene destrezas, máxime cuando su contrato con el DE (formulario 409) señala claramente la categoría para la que fue reclutado”, afirmó Martínez en una manifestación convocada por ese gremio luego de la que el Supremo validara la posición del DE. 

 

Baja la matrícula de estudiantes 

Durante el periodo establecido para realizar matrícula electrónica, 18 mil alumnos no fueron inscritos por sus padres, madres o encargados en los registros escolares. Esa cifra proviene de que solo fueron confirmados 287 mil estudiantes de los 305 mil que el DE proyectaba para la matrícula del año escolar 2018-2019. 

En un comunicado de prensa emitido el pasado jueves 19, la secretaria Julia Keleher indicó que el DE entiende que hay varias razones para que estos estudiantes no estén matriculados: los traslados a Estados Unidos, el descontento general ante el cierre de planteles escolares o los ingresos a colegios privados.

De paso, explicó en el comunicado que cerca de 8 mil estudiantes se trasladaron a Estados Unidos, pero hubo 6 mil que regresaron meses después del huracán María y actualmente permanecen en el sistema. 

 

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