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EDITORIAL: Derechos humanos: avances y agenda

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Por Dirección de CLARIDAD

Publicado: martes, 24 de marzo de 2015

Fue una buena semana para el avance de los derechos humanos en Puerto Rico. Por primera vez desde el año 2000, Puerto Rico como país tuvo audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano investigativo sobre derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por boca de un grupo de portavoces en representación de distintos sectores de la sociedad civil puertorriqueña, y en representación del Gobierno de Puerto Rico, los secretarios de Estado, David Bernier y de Justicia, César Miranda.

Fue excelente que los comisionados advirtieran que en Puerto Rico hay una sociedad civil alerta, defensora de los derechos humanos de los ciudadanos y crítica de quienes los violentan, ya sea por odio, prejuicio, discrimen, negocio, ventaja política y económica, o simplemente, como un mero ejercicio de poder, como es el caso del gobierno de Estados Unidos cuando se trata de los asuntos de Puerto Rico.

Con entereza y valentía, los representantes de la sociedad civil puertorriqueña denunciaron las constantes violaciones de derechos que sufren segmentos vulnerables de nuestra población, como los estudiantes de educación especial, las mujeres, la comunidad LGBTT, los migrantes y las víctimas del tráfico humano, especialmente los niños y las niñas. Otros asuntos neurálgicos de derechos humanos que nos tocan a todos fueron también denunciados, como la irresponsabilidad de la Marina de Guerra de Estados Unidos al negarse a descontaminar los terrenos que una vez ocuparon en Vieques, o los intentos de imponer mediante legislación federal la pena de muerte en Puerto Rico, a pesar de que la Constitución de nuestro país la prohíbe.

Pero fue el caso del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera el momento definitorio de una audiencia que terminó con el reclamo unánime por su excarcelación de todos los puertorriqueños allí presentes. López Rivera, el prisionero político más antiguo del mundo, ha cumplido 34 años de condena en cárceles en Estados Unidos por su activismo en la lucha por la independencia de Puerto Rico, sin que nunca se le haya podido vincular a acto de violencia alguno.

El hecho de que Puerto Rico haya podido elevar su voz de denuncia ante tal foro de la OEA no sólo rompe el cerco de la invisibilidad de nuestro país ante esa organización creada por Estados Unidos, sino que pone de manifiesto las particularidades de Puerto Rico como nación y la ignorancia e incomprensión de muchos sobre nuestro país y carácter nacional, especialmente de la metrópolis estadounidense que tiene la última palabra sobre nuestros asuntos.

La importancia de haber comparecido a esta audiencia se resume en las palabras de la comisionada Tracy Robinson de Jamaica: “Puerto Rico es latinoamericano y caribeño, y no debe ser invisible simplemente por ser territorio de Estados Unidos. Creo que es extremadamente importante que Estados Unidos comparta información sobre Puerto Rico.”

Mientras, otro crucial avance de derechos humanos tenía lugar en el País, con la decisión del Gobierno de Puerto Rico, representado por el secretario de Justicia César Miranda, de no oponerse a la solicitud hecha por un grupo de parejas puertorriqueñas ante el Tribunal del Primer Circuito Federal en Boston para que se declare inconstitucional la parte del Código Civil de Puerto Rico que define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Con este cambio trascendental de política pública, el gobierno de Alejandro García Padilla se compromete a respaldar que los derechos matrimoniales se extiendan a parejas del mismo sexo en Puerto Rico, para que, de esta manera, comiencen a disiparse las desigualdades que dichas parejas confrontan ante las leyes del País.

En CLARIDAD, celebramos tanto la comparecencia de Puerto Rico en el organismo de derechos humanos de la OEA, como el cambio de postura del Gobierno en cuanto al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ambas acciones representan un adelanto en el nivel de nuestra consciencia colectiva sobre la necesidad de que todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, y los inmigrantes que conviven entre nosotros, disfruten de los derechos civiles y humanos en igualdad, dignidad y respeto.

Advertimos, sin embargo, que la peor afrenta a los derechos humanos de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas es el colonialismo que mantiene a nuestro país sujeto a la voluntad de un poder extranjero, y que nadie en Puerto Rico podrá aspirar al disfrute pleno de sus derechos mientras nuestro pueblo no alcance los poderes de la soberanía y la independencia. Impulsar la resolución definitiva de nuestra situación colonial, y obligar a Estados Unidos a enfrentar su responsabilidad con este asunto, debe ser el próximo paso urgente en la agenda de todos los defensores y defensoras de los derechos humanos en Puerto Rico.

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