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Estocada mortal a la participación cooperativa en la gobernanza de COSSEC

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Por Efraín Rosado

Publicado: martes, 15 de agosto de 2017

El pasado viernes la Junta de Control Fiscal aprobó el plan fiscal de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) sometido por el Gobierno de Puerto Rico. El mismo parece ser el golpe mortal a la participación del movimiento cooperativo en la gobernanza de esta corporación pública. A pesar de que el plan reconoce que la Corporación no ha emitido deuda pública, que no es deudor de obligaciones que requieran reestructuración, que no tiene déficit estructural, que no depende de fondos del gobierno central y que es capaz de pagar todos sus gastos operacionales, se impone una nueva gobernanza y un programa para mitigar “posibles” riesgos que puede confrontar el sistema cooperativo. Pero antes de entrar a discutir el plan, debemos hacer un recuento histórico para entender el porqué se le ha impuesto a COSSEC un plan fiscal.

En la actualidad, COSSEC es una corporación pública que tuvo su origen en la Ley del Fondo de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley 99 de 1980, como un programa en la Oficina del Inspector de Cooperativas. Con este programa se creó un seguro similar al que utilizan los bancos comerciales y otras instituciones financieras para asegurar los haberes que sus clientes tienen depositados en dichas instituciones. El propósito del mismo era asegurar la igualdad competitiva a las cooperativas de ahorro y crédito con otras entidades financieras y el crecimiento y desarrollo de éstas en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Cabe señalar que este fondo de seguro de depósitos a diferencia de otros, incluyó en el seguro las acciones de los socios de las cooperativas.

Una década después, este programa fue sustituido por la Ley de la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley 5 de 1990, (conocida como PROSAD-COOP) la cual creó una corporación separada de la Oficina del Inspector para asegurar a las cooperativas y velar por su solvencia económica. Esta nueva corporación, creada por el Estado con fondos privados, estableció una junta de directores con participación de representantes del gobierno y el movimiento cooperativo. Más adelante, esta ley fue sustituida por la Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley 114 de 2001, (conocida como COSSEC) que reestructuró y re-designó la corporación. También, dispuso la continuidad jurídica, operacional y financiera de dicha entidad cooperativa. En esta ley es importante señalar que la corporación fue re-designada como una corporación pública, aunque no se explica en detalle el porqué ni las implicaciones de este cambio. Finalmente, en el 2008, la Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, Ley 247, se adscribió la Corporación como componente operacional de la Comisión. 

El 13 de junio de 2016, se aprueba en el Congreso de los Estados Unidos la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico o “PROMESA”. La misma estableció una Junta de Control y ayuda al Gobierno de Puerto Rico, incluidas sus instrumentalidades, en la administración de las finanzas públicas, y para otros propósitos. El principal de éstos, es proveer un método a un territorio abarcado para que logre la responsabilidad financiera y el acceso a los mercados capitales. 

Esta ley dispone que la Junta de Control, en su plena discreción, en el momento en que lo considere apropiado, puede designar a cualquier Instrumentalidad territorial abarcada, sujeta a las obligaciones de la Ley. De acuerdo con esto, el 30 de septiembre de 2016, la Junta de control determinó que COSSEC era una de las instrumentalidades abarcadas por la Ley PROMESA. Esto se debe a que actualmente la personalidad jurídica de COSSEC es una corporación pública y por lo tanto es considerada como una Instrumentalidad del territorio. 

La intervención a COSSEC por parte de la Junta de Control pone de manifiesto muchas interrogantes sobre la evolución y estructura de la corporación. En primer lugar, aunque la gobernanza de la corporación ha estado en manos de una Junta de Directores compuesta por representantes del Estado y el Movimiento Cooperativo, la financiación de la misma ha sido provista en un cien por ciento (100%) por las primas pagadas por las cooperativas aseguradas. Por otro lado, en el caso de COSSEC a diferencia de otras instrumentalidades del territorio, no emite deuda pública. Por el contrario, COSSEC, al igual que muchas cooperativas individualmente, es un acreedor del Gobierno de Puerto Rico. En este sentido, COSSEC no requiere lograr la responsabilidad financiera ni tener acceso al mercado de capital que es el propósito principal de la Junta de Control. 

El plan fiscal presentado por el gobierno y aprobado por la Junta de Control Fiscal se hizo a espaldas y sin la participación activa del sector cooperativo, por lo que no necesariamente responde a las prioridades de las cooperativas sino a la propia Corporación. Al igual que otros planes fiscales presentados, la información ofrecida en el plan fiscal no presenta los detalles de las medidas específicas que se tomarán por lo que se mantiene en un estado de secretividad y de poca transparencia por parte del Gobierno y la Junta de Control Fiscal. En lo poco divulgado sobre el plan fiscal se establece que COSSEC como aseguradora de depósitos y acciones en las cooperativas, enfrenta riesgo ante las posibles reclamaciones de socios asegurados debido a las posibles pérdidas sustanciales de las cooperativas que invirtieron en bonos del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades y la posible fuga de depósitos y acciones por una falta de confianza en el sistema cooperativo. Es decir, el plan fiscal busca proteger a COSSEC ante “posibles sucesos” a pesar que el propio plan establece que el seguro tiene el capital adecuado para cumplir con sus obligaciones regulatorias y de seguro bajo escenarios ordinarios y relativamente estresados. 

Para asegurar una “ejecución efectiva del plan fiscal, al gobierno de Puerto Rico se le ha impuesto una “nueva reforma de la gobernanza” mientras el plan fiscal esté vigente y se esté implementando. La misma consiste en crear un comité compuesto por tres funcionarios del gobierno: el presidente de la Junta de COSSEC, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Comisionado de Instituciones Financieras. Este comité tendrá todas las facultades que tiene la actual Junta de COSSEC y podrá adoptar los reglamentos y la normas que sean necesarias para el éxito de la implantación del plan fiscal. Para esto el Gobierno tendrá que enmendar las leyes cooperativas en un plazo de 30 días sin consultar al sector cooperativo. 

La estocada a la participación del sector cooperativo resulta cuestionable ya que les otorga a los funcionarios que responden a la política partidista del gobierno, todo el poder sobre la Corporación sin que haya una legítima representación del sector cooperativo que son finalmente los que aportan el 100% del capital de COSSEC. Esta acción no es poner en sindicatura a COSSEC como reportan algunos medios de comunicación, es una toma (taking) del Gobierno a otra corporación pública como lo hicieron anteriormente en la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto no es una propuesta o recomendación de la Junta de Control Fiscal, es del gobierno quien presentó el plan fiscal de COSSEC. Debemos preguntarnos, ¿por qué la Junta de Control Fiscal acogió y aprobó la creación de este Comité que desplaza a la Junta de COSSEC y cómo esto garantiza el cumplimiento y ejecución efectiva del plan fiscal? Pero sobre todo, ¿cuál es el interés del gobierno en controlar esta corporación pública? Es importante recordar que fue el gobierno quien promovió, por no decir presionó, a algunas cooperativas a invertir en los bonos y permitió incluso que se obviaran las políticas de inversión de las cooperativas permitiéndoles que invirtieran más de lo debido, concentrando así sus inversiones en bonos del gobierno que hoy se valoran en aproximadamente un 49% por debajo de su valor par. ¿Cómo se puede confiar en que ahora el gobierno cumpla y gestione el plan fiscal sin la participación del sector cooperativo? Los cooperativistas no deben permitir que el gobierno continúe violando la autonomía y la independencia de las cooperativas al momento de decidir sobre los recursos económicos que no son públicos sino privados. De esta manera, las cooperativas podrían atender más eficazmente la situación por la que atraviesan sin la influencia indebida del gobierno. 

Ante esta situación el movimiento cooperativo tiene una gran responsabilidad ante los socios cooperativistas y el País. En primer lugar, deben informar a todos los socios de las cooperativas la condición económica de sus instituciones, poner en práctica los valores cooperativos de la honestidad y la transparencia, no se puede seguir negando la realidad, hay que aceptar los errores y asumir la responsabilidad fiduciaria sobre las decisiones tomadas. Es preciso comunicar y educar sobre las pérdidas, la falta de liquidez, la necesidad de fusión o consolidación de algunas cooperativas para mantener la solidez del sistema cooperativo. Esta será la única forma en que nuestros socios continuarán confiando y respaldando nuestras cooperativas y evitaremos la fuga del capital del sistema. En segundo lugar, debemos ser proactivos en los cambios a las leyes cooperativas, aprovechar este momento histórico para reclamar que se restructure COSSEC y se separen las funciones de supervisión y el seguro de las cooperativas de ahorro y crédito. Reconocemos que el Estado debe mantener su rol de supervisión para garantizar el interés público de los depositantes en nuestras cooperativas, pero el seguro debe ser administrado por un ente cooperativo privado como existen en otros países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. De paso, deben reclamar que COSSEC deje de supervisar a las Cooperativas de Tipos Diversos para que sean supervisadas por la industria a la que pertenecen, de manera que éstas puedan estar en pie de igualdad con los otros sujetos de derecho privado. 

También, deben reclamar de una vez y por todas, la transferencia de las funciones de promoción y desarrollo del cooperativismo que hoy realiza la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) conforme a lo establecido en su propia ley orgánica. Finalmente, debemos reclamar la salida del gobierno y la autogestión del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FDECOOP). En estas tres organizaciones, la co-participación del sector gubernamental y el sector cooperativo ha fracasado. La solución a esto no puede ser la sustitución o eliminación de la participación del sector cooperativo en sus Juntas, sino la transferencia de las funciones y responsabilidades 

 Los cooperativistas no deben permitir que el gobierno pretenda continuar controlando, mediante este plan fiscal o cualquier cambio en legislación, al movimiento cooperativo puertorriqueño. Si lo permiten, el cooperativismo nunca será una opción real de desarrollo socioeconómico para nuestro pueblo.

 

El autor es profesor del Instituto de Cooperativismo Universidad de Puerto Rico.

 

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