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La auditoría que nadie quiere hacer o dejar que se haga

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Por Manuel de J. González

Publicado: martes, 15 de agosto de 2017

La auditoría de la deuda pública es una tarea que asusta. Cada vez que se menciona, los responsables de que esa tarea sea descargada, sueltan el tema como si fuera un hierro candente. Según los sondeos, existe un vigoroso reclamo público para que se realice la auditoría, pero cada intento por efectuarla de inmediato resulta torpedeado. 

De lo que se trata es de determinar si toda la enorme deuda que se nos adjudica realmente nos pertenece y/o, si debe pagarse. Para ello es necesario revisar el proceso seguido en cada emisión, identificar las personas y entidades a cargo y conocer las responsabilidades que asumieron o debieron asumir. Es pertinente, además, revisar el cumplimiento de la reglamentación, las comisiones y honorarios pagados y, finalmente, el uso que se le dio al dinero que quedó en manos del país luego de cubrir los gastos. Todo el mundo sabe, o al menos intuye, que cuando se revuelquen todas esas yaguas viejas aparecerán cientos de cucarachas. De ahí el miedo y la oposición a una revisión a fondo de lo ocurrido. 

El único intento serio para efectuar esa investigación ocurrió durante la pasada administración de gobierno, la de Alejandro García Padilla. Entonces se aprobó legislación que creó una comisión de ciudadanos, separada del Gobierno, a cargo de efectuar la auditoría. A esa comisión se le asignaron recursos que, aunque no cuantiosos, permitían encaminar la indagación. 

Como sabemos, tan pronto la actual administración de Ricardo Rosselló llegó al poder (perdón, a la Fortaleza) destituyó sumariamente a los miembros de la comisión. Luego, la Legislatura del mismo PNP derogó la ley que la creaba. 

Cuando se liquidó la comisión de ciudadanos, personeros del Gobierno dijeron que la responsabilidad de auditar la deuda era de la Junta de Control Fiscal (JFC), pero el presidente de este cuerpo, el empresario José Carrión, de inmediato se zapateó del asunto, diciendo que eso era función “de los tribunales”. Así, con esa frase evasiva, le sacó el cuerpo al asunto. Los tribunales no actúan a menos que alguien se lo solicite. 

Pero, ¿es cierto que ese asunto le compete a “los tribunales”? La propia ley que creó la JFC – esa mal llamada PROMESA – contiene una disposición que reconocía la existencia de la comisión ciudadana ya creada en Puerto Rico y advertía que la legislación federal no pretendía limitar ni entorpecer sus trabajos. La Sección 411 dice: “Nothing in this Act shall be interpreted to restrict (1) the ability of the Puerto Rico Commission for the Comprehensive Audit of the Public Credit to file its reports”. Esa sección se incorporó a la ley por gestiones de los congresistas puertorriqueños Nydia Velázquez y José Serrano, quienes presentaron la enmienda y lucharon por su aprobación. 

El objetivo de la enmienda fue dejar plasmado en el estatuto una clara política pública a favor de la auditoría, protegiendo los trabajos de la comisión de ciudadanos. “Nuestra enmienda”, dijo entonces la congresista Velázquez, “asegura que la ley no impedirá que la Comisión concluya su importante trabajo permitiendo que tanto el gobierno local como como la junta supervisora consideren sus hallazgos”. 

La acción del gobierno del PNP contra la comisión ciudadana – producto de la politiquería o del miedo a que se conocieran las acciones de sus antecesores – tronchó aquella investigación dejando todo en manos de la JCF. Como sabemos, ésta tiene entre sus miembros a dos pasados presidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), José González y Carlos García, quienes participaron directamente en las emisiones de la deuda que sería investigada. Por eso la Junta arrastró los pies mirando hacia “los tribunales” como tabla de salvación. 

Sin embargo, recientemente la JCF decidió actuar cuando, contrario a lo que ellos esperaban, algunos abogados decidieron utilizar el procedimiento de quiebra que dirige la jueza Laura Taylor Swain para efectuar descubrimiento de pruebas sobre emisiones de deuda de pasadas administraciones de gobierno. Los representantes legales de los acreedores “no asegurados”, mayormente empresas con las que el Gobierno tiene facturas pendientes de pago por servicios rendidos, solicitaron la producción de una larga lista de documentos por parte de los bancos que sirvieron de intermediarios para las emisiones de deuda. No se trata de una “auditoría” como la que pudo haber hecho la comisión de ciudadanos, sino de un uso imaginativo del proceso litigioso para obtener información hasta ahora escondida. 

Como era de esperarse, dos de los bancos aludidos – el Popular y el Santander – corrieron a oponerse al pedido de documentos. También se opuso a la JCF, aun cuando la producción de documentos en nada le afecta. Pero la jueza Taylor no ha descartado la solicitud y, en cambio, le asignó el asunto a una magistrada de Boston que deberá escuchar a las partes y adjudicar la controversia. 

Enfrentada a estos desarrollos, la JCF se ha visto obligada a actuar y recientemente nombró una comisión de entre sus miembros a cargo de efectuar una investigación sobre las emisiones de deuda. También se anunció que la comisión nombrada habrá de designar un oficial examinador para que dirija la investigación. 

Nadie sabe qué puede salir de este esfuerzo investigativo de la Junta, que es ahora mismo el único organismo con poder (y con recursos) para hacer una investigación seria. Sospechosamente, el mismo aparece en el momento en que la propia JCF está oponiéndose al descubrimiento de pruebas que quieren hacer los abogados en el proceso ante la juez Taylor Swain, pero al menos el esfuerzo indica que han tenido que responder a la presión ciudadana que debe continuar manifestándose. 

 

Agradezco al amigo Prof. Roberto Alejandro su advertencia sobre este tema y haber provisto la información sobre lo ocurrido en el Congreso.

 

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