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Recorte en la jornada laboral: Otro golpe para la clase trabajadora

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 15 de agosto de 2017

De ninguna manera una reducción de la jornada laboral a las y los trabajadores(as) del gobierno central va a “mejorar” las finanzas del gobierno. Todo lo contrario, el resultado será perjudicial para todos, trabajadores, el gobierno y la economía en general. 

La Asociación de Economistas (AEPR) ha denunciado que el recorte de jornada que quitaría el 20% de los salarios a los y las empleados(as) públicos del gobierno central y el 10% a los salarios del magisterio y a personal de primera línea tales como enfermeras y médicos estatales es similar a una imposición de un impuesto de 20% mensual. Además de que en la práctica hará que todos estos y estas trabajadores(as) más pobres, con esta imposición las y los empelados(as) públicos(as) del gobierno central aportaran más que los empleados de las corporaciones públicas donde el salario es mayor y más que trabajadores de otros sectores en el país. 

“La pregunta es si los jefes de agencia y contratistas de las agencias del gobierno y de la Junta de Control Fiscal tendrán el 20% de recorte también. Si las empresas que gozan de subsidios gubernamentales también sufrirán el 20% de recorte o la total eliminación de ese mantengo corporativo”, cuestionó la economista Martha Quiñones Domínguez, presidenta de la AEPR. Ya es sabido que los contratistas de la JCF no tendrán una reducción, como tampoco los miembros de la Policía. 

En entrevista Quiñones Domínguez, censuró que el recorte de jornada tendrá efectos en todos los sectores pues la gente se mueve en diversos escenarios y consume, como lo es la compra en supermercados, gasolineras, farmacias, tiendas de ropa y zapatos, cines, teatros, chinchorros, cafeterías, cuidados de los niños, la compra de materiales, todo se vera afectado. Indicó que el efecto ya se está viendo por ejemplo en las grandes tiendas que han cerrado y hasta en colegios privados que también han cerrado. “Lo mismo aplica para los pensionados, menos ingresos menos gastos, menos IVU y más problemas pues tendrás menos dinero para medicamentos y gastos. Todos pagarán menos impuestos y el gobierno tendrá menos ingresos”.

Aunque indicó que no sabe de dónde el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, saca el número de que la reducción provocará unos $600 millones en pérdidas en la economía, el representante del gobernador en la JCF, Christian Sobrino tiene razón en señalar los efectos multiplicadores que tendrá la reducción porque para estimular la economía la gente debe tener dinero para gastar y así los empresarios puedan mover su inventario y pedir nuevas órdenes. En tanto el economista José Alameda ha estimado que la reducción puede significar un impacto en la economía de unos $250 millones, la Presidenta de la AEPR cree que puede ser $500 millones por los efectos multiplicadores en los diversos sectores. 

La situación dijo, puede llevar a que se generen puestos de trabajo en la economía subterránea y se amplíen las ofertas en áreas legales no reportadas eso también conlleva a que los riesgos para los trabajadores se diversifican. 

Pero en la situación actual del país una reducción de la jornada genera a su vez puestos de trabajo en la actividad economía ilegal, la cual paga, aunque el riesgo es mayor. En referencia al negocio del tráfico de drogas, Quiñones Domínguez apuntó sobre las consecuencias, “al aumentar la demanda por estos empleos comienzan las matanzas para sacar al oponente o porque abriste un espacio y le restas clientes al otro. Se mueven los puntos a lugares rentables como las urbanizaciones de lujo, hoteles y otros lugares donde desde el área invisible manejas el negocio con diversas ramificaciones, desde trata humana hasta drogas. Los laboratorios clandestinos aumentan pues ven oportunidad”.

Otra consecuencia social es el aumento en los robos y escalamientos en busca de dinero para pagar. “Esto a su vez mueve la economía legal de las rejas, alarmas, vigilancia. Esta muy relacionado”, afirmó. Otro aspecto que trajo a la atención es el que la reducción de jornada afecta a los que van a conseguir empleo, que son los más jóvenes, los cuales optaran por irse del país. “Los mayores de 40 tienen el problema de que el mercado laboral no los absorbe con la misma rapidez que a los jóvenes, pues ya están en proceso de ser menos productivos y menos explotables. Sólo cuando tienes unas destrezas que el mercado quiere es que te emplean, como enfermera, maestra, los demás tardan, por eso irse es más riesgoso”. 

Quiñones Dominguez denunció sobre el propósito de la política de sacar población de Puerto Rico tiene la intención de que se vendan áreas que son rentables para el capital para explotar (minería) y contaminar o para prácticas militares, además de otras con capacidad comercial turística. 

En esa dirección trajo a la atención que el mercado de empleo en Puerto Rico no genera los puestos de trabajo que se necesitan desde hace tiempo y se debe a las prioridades que da el gobierno. Censuró que el Gobierno -presente y anteriores- se han enfocado en sectores de la economía para atraer capital y descuida los otros. “En vez de balancear los sectores busca destruir unos a cuenta de los otros, así cuando hay crisis no se puede sobrevivir con los sectores no afectados, pues la crisis no afecta a todos por igual. Tampoco crea capital nacional, depende de y fomenta la dependencia del capital extranjero favoreciendo el mismo con los incentivos y las deducciones contributivas. Mientras al capital nacional lo penaliza”.

Expuso que esta política tiene el efecto de que cuando se va el capital extranjero el país se queda sin nada y cae en crisis. En su lugar, expuso, que si protegiera y favoreciera el capital local para invertir y seguir creciendo y se atrae sólo lo necesario (o sea lo que no se produce en el país) entonces cuando se va el extranjero se sigue funcionando con el de aquí que genera los puestos de empleos necesarios. 

Sobre las políticas que han aplicado otros países que se han encontrado en una situación similar a Puerto Rico, a pregunta de CLARIDAD, la profesora de economía y planificación ambiental comentó que en lugar de aplicar estas políticas de austeridad algunos países lo que han hecho es mantener sus gastos y fortalecer las ayudas, moviendo la economía a sectores positivos. Sólo han recortado en los salarios de los jefes de agencias y ministerios y redujeron los contratos dado a que esos recortes afectan menos la economía o sea buscaron dónde los recortes tendrían menos impacto. En este enfoque se sabe que las ayudas, la educación y la salud son necesarias y generan multiplicadores positivos, así que éstos se mantienen y se concentran en reducir en los que ganan má s y cobrar impuestos a los que más ganan, además de proteger las industrias nacionales y exigirle eficiencia. Portugal es un ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca son ejemplos de países que estaban en crisis pero re definieron los gastos. Además de auditar la deuda y poner controles más estrictos.

 

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