Opinión / Editorial

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Auditoría completa de la deuda nebulosa

Publicado: martes, 15 de agosto de 2017

La deuda de Puerto Rico está envuelta en una nébula. Hay sospechas legítimas de que parte de la misma pudo haberse procurado y emitido en violación a los reglamentos y leyes que regulan estos procedimientos. De ahí el reclamo masivo del pueblo puertorriqueño por una auditoría que le permita saber qué realmente pasó. De algún modo, una auditoría bien hecha comenzaría a resarcir el daño infligido a nuestro pueblo por la irresponsabilidad de sus sucesivos gobiernos, en contubernio con instituciones financieras que se aprovecharon de la situación para lucrarse en muchos millones de dólares como intermediarios de los préstamos. Conocer cómo y quiénes fallaron es medular para que el País empiece a asimilar la lección que le impida repetir una situación tan bochornosa.

Como explica el compañero Manuel de J. González en un excelente y detallado artículo publicado en esta edición, la auditoría de la deuda ha sido una “papa caliente” que se han pasado de manos unos y otros sin que nadie, hasta este momento, se haya atrevido a “meterle el diente.” En nuestro país, reino de la impunidad histórica de los poderosos, alguna gente se pone nerviosa con la mera posibilidad de que sus transgresiones en el manejo de las finanzas públicas- grandes o pequeñas- les sean públicamente señaladas. 

En Puerto Rico se alega que la deuda es responsabilidad de todos. Sin embargo, se pretende negarnos el derecho a saber cómo fue que llegamos a la ignominia de la quiebra. Mientras en algunos círculos relacionados al Gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) sigue la danza de los millones, la deuda, que se supone que es de todos, está siendo pagada solamente por unos cuantos: los empleados públicos que ven cómo se les recorta su jornada de trabajo, y por ende, su salario y otros beneficios; los empleados de la empresa privada a quienes también se les han recortado beneficios y derechos; los pensionados del gobierno que verán sus pensiones de $1000 o más reducidas entre un 10 y un 25 porciento; los empleados públicos activos, a los que se les retuvo dinero para un supuesto retiro y se usó para otras cosas; los puertorriqueños y puertorriqueñas que de buena fe invirtieron sus ahorros en valores de Puerto Rico y ahora su inversión se ha convertido en sal y agua; los beneficiarios del plan de salud del gobierno a los que se les racionan los servicios; los estudiantes de escuelas públicas y de la Universidad de Puerto Rico que sienten sobre ellos la incertidumbre que pende sobre todo el sistema público de enseñanza; los abonados de energía eléctrica y acueductos que viven sometidos a la constante inestabilidad de unos servicios cada día más frágiles y más caros. En fin, que la carga más pesada de la deuda del País, y por ende de la quiebra, está recayendo sobre los hombros de quienes no tuvieron nada que ver con dichas transacciones nebulosas. Decir que los grandes bonistas están “compartiendo el sacrificio” del pueblo, porque no se les va a pagar el total de lo que ellos pretenden que se les pague por sus préstamos leoninos a intereses de usura, es decir que nuestra gente es tonta y no entiende la diferencia de clases, o sea la diferencia entre el 1 por ciento que acumula riquezas incontables y el 99 por ciento que vive de las migajas.

Hasta ahora, el gobierno de Ricardo Rosselló y la JCF se amparaban tras una supuesta deferencia al Tribunal para negarse a reconocer la legitimidad del reclamo ciudadano y darle paso a la auditoría de la deuda. Por eso, ha causado un gran revuelo que el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos vaya a considerar la solicitud que un grupo de bonistas no asegurados de Puerto Rico le han hecho a la jueza que lo preside, Laura Taylor Swain –en uno de los litigios relacionados a la deuda de Puerto Rico bajo el Título III de la llamada Ley PROMESA– para que se les provea una larga lista de documentos por parte de las instituciones financieras que sirvieron de intermediarios en la emisión de deuda de Puerto Rico, entre éstas los bancos Popular y Santander. Demás está decir que ambos bancos se han opuesto a dicha solicitud y que, de primera intención, la JCF también se opuso. 

Pero la presión pública ha sido grande, y hay demasiados ojos pendientes de este asunto, incluyendo los de algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, la prensa de allá y de aquí y varios grupos de ciudadanos alertas, por lo que la JCF, consciente de su imagen, ha dado reversa a su oposición, nombrando una comisión de cuatro de sus miembros –el presidente José Carrión III, Ana Matosantos, David Skeel y Arthur González– quienes, junto a un investigador, contratado por el organismo, realizará la pesquisa. No sería de extrañar que su asesora de ética también les haya recomendado dar este paso, ya que ella conoce los fuertes cuestionamientos relacionados a la deuda que pesan sobre dos de los miembros de la JCF, y sabe que no es conveniente para el organismo dar la impresión de que oculta información o protege a algunos de sus miembros.

Y es que informes publicados por la organización ciudadana de vigilancia a Wall Street, conocida como Hedge Clippers, han denunciado con insistencia y abundancia de datos la existencia de conflictos de interés por parte de los miembros de la JCF, José Ramón González y Carlos M. García, por años vinculados a distintas instancias de dirección en el Grupo Santander, uno de los conglomerados implicados y cuestionados por la venta de cientos de millones de dólares en bonos de Puerto Rico. En un artículo publicado en febrero de este año, el portavoz de Hedge Clippers Julio López Varona afirmó que “los lazos de González y García a Banco Santander, una de las instituciones a las que Puerto Rico tiene que pagarle de vuelta, es un conflicto de interés en sí mismo y eso es un hecho.”

Precisamente examinar ese posible conflicto de interés entre los miembros de la JCF González y García sería uno de los asuntos principales a ser aclarados por la auditoría. Concurrimos con la portavoz del Comité de Ciudadanos pro Auditoría de la Deuda, Lcda. Eva Prados, que la JCF no es el organismo más confiable para pesquisar el rastro de la deuda de Puerto Rico, sobre todo porque hay dos de sus miembros cuestionados por su rol en dicho proceso. Pero, hasta ahora, ésta es la única propuesta viable de investigación con que cuenta nuestro pueblo para enterarse sobre cómo y quiénes ocasionaron esta debacle. La bola está en la cancha de la JCF y son ellos los llamados a disipar la nébula y darnos las respuestas. 

 

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