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Arrecia lucha contra la Incineradora

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Por María de Lourdes Guzmán

Publicado: martes, 25 de agosto de 2015

Especial para CLARIDAD

La propuesta de instalación de la planta de incineración de desperdicios sólidos Energy Answers (EA), continúa generando enormes polémicas entre los proponentes de esta planta y grupos ambientalistas, vecinos de la comunidad arecibeña y de todo el País. La contumacia exhibida por el gobierno de Puerto Rico en impulsar la instalación de esta planta ha movilizado a múltiples y diversos sectores de nuestro pueblo contra un proyecto que atenta contra su salud y su desarrollo económico. La postura del gobierno a favor de la instalación de esta planta tiene como base la declaración de emergencia energética que emitió el gobernador Luis Fortuño en el año 2009, de dudosa legitimidad, que sirvió de vehículo para propulsar el proyecto del gasoducto del norte, que provocó una enorme movilización en el pueblo y que costó al erario unos $80 millones de dólares. El 3 de junio de 2013, el entonces secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, emitió una opinión declarando inválido un contrato que suscribió EA con la Administración de Desperdicios Sólidos por violar, entre otras, las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos, la Ley de Política Pública Ambiental y la Ley de Reciclaje. No obstante, dicha compañía recibió posteriormente, el permiso de aire denominado Prevención de Deterioro Significativo, de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés) y un permiso final de calidad de aire de la Junta de Calidad ambiental.

La Ingeniera Ingrid Vila, exsecretaria de la Gobernación, quien ha asumido una postura vocal y valiente en contra del establecimiento de esta planta, ha expresado que, contrario a lo que es la corriente mundial de moverse hacia fuentes de energía renovable, la planta que pretende establecer EA depende de la quema de recursos que son finitos, es decir, de la generación de basura para su operación. La incineración necesita grandes cantidades de basura para generar poca energía existiendo métodos más efectivos. La quema de basura genera un 20% de cenizas tóxicas con alta concentración de contaminantes, entre ellos mercurio en un volumen 14 veces mayor por unidad de energía que la planta de carbón (AES) que ubica en Guayama. La emisión de contaminantes tiene, además, el potencial de impactar de forma significativa los terrenos dedicados al pastoreo de ganado, poniendo en riesgo la industria lechera del País, así como la salud de los habitantes del lugar y contribuye a aumentar el problema de calentamiento global. Las cenizas que emite la operación del incinerador, que se proyectan disponer en Peñuelas, crean un problema adicional que los habitantes de ese municipio se preparan para combatir.

Este proyecto necesita una enorme inversión de capital para poder operar y aunque al principio EA indicaba que contaba con los recursos para ello mediante financiamiento privado, lo cierto es que en la actualidad está solicitando financiamiento de la agencia federal Rural Utilities Service (RUS), para su operación. La RUS es una dependencia del Departamento de Agricultura federal que ofrece financiamiento para servicios de electricidad y telecomunicaciones en las zonas rurales para, según el Federal Register, “mejorar la calidad de la vida y promover el desarrollo económico de estas zonas” en EEUU y sus territorios. La solicitud de crédito de EA a la RUS obliga a la agencia a preparar un borrador de Declaración de Impacto Ambiental que fue circulado para su discusión y observaciones. La RUS emitió una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) preliminar que fue discutido en vistas públicas celebradas el pasado 20 de agosto de 2015 en Arecibo. En dichas vistas la DIA fue objeto de serias y profundas críticas por parte de científicos tales como la propia ingeniera Vila y el asesor científico de las comunidades opuestas al incinerador, el profesor Osvaldo Rosario, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. El Colegio de Médicos también ha expresado su más decidida y firme oposición a la instalación del incinerador. La gran cantidad de personas que se dio cita a dicha vista pública demostró que el pueblo está en pie de lucha contra un proyecto, a todas luces, perjudicial a sus intereses.

La inversión de capital que necesita esta planta considerando los pocos empleos que habrá de generar, es enorme, inversión que a juicio de la ingeniera Vila la pagaremos los habitantes de este País por concepto del dinero que terminarán pagando los municipios por disponer de la basura y por concepto de la energía que EA venderá a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). A pesar de la opinión emitida por el exsecretario de Justicia Sánchez Betances, la ADS suscribió un contrato con AES mediante el cual se obliga a los municipios a vender la basura a EA y sufragar los costos de transportación de los desperdicios de la planta. La Federación de Alcaldes  y la Asociación de Alcaldes, que agrupan a los alcaldes del PNP y PPD, respectivamente, han expresado su oposición a este contrato por el gravamen económico que ello representará para las arcas municipales. Cabe destacar que en las vistas públicas celebradas el pasado 20 de agosto de 2015, el asesor legal del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, expresó su más férrea oposición al proyecto y al contrato suscrito con ADS que les obliga a transportar y pagarle la basura a EA. Adelantó que el gobierno municipal de Mayagüez no habrá de pagar un solo centavo por tal concepto (que representa $6 millones adicionales de su presupuesto anual), y que habrá de impugnar la legalidad de dicho contrato en los foros correspondientes. Asimismo, la Alcaldesa de San Juan anunció haber instruido a los asesores legales del municipio para que evalúen la posibilidad de impugnarlo judicialmente y procura que otros alcaldes se unan a este esfuerzo.

El proyecto requiere la utilización de 2.1 millones de agua diariamente para su funcionamiento, cantidad de agua que podría servir diariamente a 21,000 habitantes. EA solicitó una franquicia para extraer agua del Caño Tiburones, un recurso natural importantísimo para suplir y nutrir los acuíferos de la zona del Karso del norte de Puerto Rico. El área del karso es un sistema natural complejo que incluye, además de la topografía, la hidrología (el flujo del agua superficial y del agua subterránea), las cuevas, los suelos, la vegetación, la fauna y otros componentes naturales interrelacionados. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) denegó el permiso a EA, decisión que se encuentra en proceso de apelación ante dicha agencia. La ingeniera Vila indica que EA pagaría solamente $300.00 dólares al año por la franquicia de agua. Dado el costo que representa para EA comprar el agua a la AAA, se rumora que dicha compañía está ejerciendo enormes presiones a la Secretaria del DRNA, por medio de sus personeros en el gobierno, cabilderos e inversionistas, para que reevalué la denegatoria a conceder la franquicia de agua.

La incineración, por su parte, es incompatible con la política pública del Gobierno de promover el reciclaje, ya que la incineración compite con el reciclaje por el mismo material del que habrá de disponerse. Además, la ley de Reciclaje contempla el reciclaje, la reducción y la reutilización de los desperdicios como prioridad para su disposición. Por ende, la postura del gobierno, que es contraria a las leyes vigentes, resulta inconcebible. Por otro lado, el costo extraordinario que ello acarrea para los gobiernos municipales, tendrá un efecto devastador para sus arcas. El daño ambiental es incalculable en vista de que Arecibo ya se considera un “escenario de crisis ecológica”, por la alta concentración de plomo que han generado diversas industrias que ubican allí. De igual forma, los importantes recursos naturales que se encuentran en Arecibo, tales como la Reserva Natural del Caño Tiburones, la Cueva del Indio, dos bosques estatales, un gran valle costero y un embalse, la cuenca del Río Grande de Arecibo, el embalse Dos Bocas (ya severamente impactados) y el karso costero, exigen la protección del gobierno tal y como le mandata la Constitución de Puerto Rico.

Es indispensable reforzar nuestro compromiso por la protección de nuestros recursos naturales, la salud de nuestro pueblo y el desarrollo sostenible del País. La instalación de la planta incineradora Energy Answers es incompatible con el logro de estos objetivos, a los que el gobierno pretende dar la espalda. Nos corresponde enfrentar, una vez más, a los poderosos, que con el desmedido afán de lucro ponen en riesgo el bien común. Es momento de arreciar la lucha contra el incinerador.

 

* La autora es abogada y Presidenta del Movimiento Unión Soberanista (MUS). mariadel_pr@yahoo.com.

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