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EDITORIAL: No más soluciones “a la trágala”

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Por Dirección de CLARIDAD

Publicado: martes, 25 de noviembre de 2014

Hay resistencia entre los legisladores a la llamada “crudita”, o el impuesto sobre el petróleo que el gobernador Alejandro García Padilla quiere imponer “a la trágala”, para que se convierta en ley inmediatamente. Sobran las razones para dicha resistencia. Primero, porque la calle les envía un mensaje real. Por primera vez en mucho tiempo, la ciudadanía agobiada por la crisis, el alza en el costo de vida, las pesadas cargas contributivas y las tarifas abusivas de las utilidades públicas, está encontrando un alivio en el precio de la gasolina, que en Puerto Rico es un artículo de primera necesidad. Un pequeño aliciente en medio de tanto azote.

Segundo, porque la prisa del Gobernador contraviene la opinión de muchos de los legisladores que se oponen al impuesto, y de los economistas y expertos más respetados del País, quienes piensan que dicho nuevo impuesto debe considerarse dentro del marco más amplio de la discusión sobre el proyecto de reforma contributiva, que el propio Primer Ejecutivo ha dicho que ocurrirá a principios del año que viene.

Es sabio, prudente y lógico esperar porque se discuta el proyecto de reforma contributiva, con los cambios al IVU, los aumentos y arbitrios que se propongan imponer o eliminar y todo el amplio espectro de consideraciones y consecuencias que dicho proceso conllevaría para los contribuyentes individuales, industriales y comerciales.

Pero el Gobernador tiene demasiada prisa –una prisa sospechosa– y por ello convocó a una sesión legislativa extraordinaria para tratar de lograr lo que no logró en la sesión ordinaria que acaba de concluir. Dicen los medios de prensa que las presiones, las torceduras de brazo y las amenazas sobre los legisladores considerados “rebeldes” son la orden del día. Aún así, aparentemente no hay los votos para aprobar la medida, que implicaría un alza de cuatro centavos en el precio del litro de gasolina, o de dieciséis centavos en el galón, lo que, a su vez, desataría un aumento de precios en cadena en muchos otros renglones de primera necesidad.

La excusa oficial que ha provocado este desenfreno es que se nos viene abajo la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), y el Gobernador considera imprescindible el nuevo impuesto al petróleo para rescatar las finanzas de la maltrecha dependencia. Se nos dice que no hay el dinero para la nómina y tampoco para operar el Tren Urbano, ni la Autoridad Metropolitana de Autobuses. También, que está por enterrarse la estabilidad presente y futura del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

El problema con estos argumentos es que ya el País se cansó de oír que “viene el lobo” y que nos va a tumbar la casa encima. La casa se nos cayó hace rato. Los problemas de la ACT, del BGF y demás dependencias del gobierno de Puerto Rico no empezaron ayer y han sido objeto por años de la más amplia discusión pública. Pero, también es cierto que nada de lo que se ha intentado para mejorarlas, parece haber sido efectivo en agencias plagadas de ineficiencia y despilfarro.

Por eso, es injusto e irrazonable seguirle pidiendo al pueblo más sacrificios, más empobrecimiento, más plazos en su aspiración a una vida digna, mientras le siguen atosigando impuestos y alzas en el costo de vida, para continuar dándole respiración artificial a un gobierno y a un sistema que colapsan.

Además, en toda esta discusión sobre el nuevo impuesto ha faltado una pieza que consideramos imprescindible, como respuesta mínima que debe ofrecer un gobierno responsable: la propuesta de un plan estructurado, con objetivos medibles a corto, mediano y largo plazo, que intente resolver de manera permanente los problemas de la ACT, o del BGF, o de cualquiera de las muchas dependencias en precario de este gobierno en bancarrota.

Llegó la hora de decir basta. De que los legisladores que el pueblo eligió para que representen sus intereses cumplan con su deber y detengan este nuevo atropello, hasta tanto se dé la discusión amplia, sosegada –y sobre todo, informada y transparente– que permita realizar una reforma contributiva abarcadora y justa, donde los trabajadores y los pequeños comerciantes no siempre se lleven la peor parte.

Llegó la hora de frenar la improvisación, la prisa y la presión por soluciones pasajeras e impuestas “a la trágala”, que no resuelven los problemas de fondo que padece Puerto Rico.

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