Protestas y desobediencia civil en respuesta a los despidos. Al cierre de esta edición las cesantías de casi 17 mil empleados públicos que anunció el pasado viernes 25 de septiembre la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) con el alegado objetivo de “estabilizar la situación fiscal, salvar el crédito de Puerto Rico, y reconstruir la economía”, evidenciaron su efecto con actos que anticipan mayores movilizaciones.

Movilizaciones simultáneas, indignación, actos de desobediencia civil y hasta el anuncio de unidad en la acción de diversos sindicatos, fueron la orden del día. Aun cuando no se pudo asegurar que tuviera relación, la amenaza de presencia de artefactos explosivos en edificios en el Centro Gubernamental de Minillas y en Cupey donde se encuentran las oficinas del Departamento de Recursos Naturales, y otras instrumentalidades relacionadas con el ambiente, provocó el desalojo de los empleados de esas agencias en las que hubo significativos despidos.

Una manifestación de desobediencia civil se escenificó frente a La Fortaleza desde el amanecer del martes 29 de septiembre. Roberto Pagán Rodríguez, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), y los empleados del Departamento de Educación, Elsie Santana, mecanógrafa 2 el del distrito escolar de Carolina; Janet Estrada, auxiliar administrativa de Caguas y Héctor Rosario, conserje escolar de Aguas Buenas, se encadenaron a los tubos en las aceras de la calle Fortaleza en el Viejo San Juan bloqueando la entrada principal a la sede de la gobernación. Los manifestantes posteriormente colocaron una carpa e instalaron lo que bautizaron como el “Campamento de la Dignidad”, en denuncia de la orden de despido de 17 mil de servidores públicos que expidió el gobierno el pasado viernes.

“Hemos enviado el mensaje a los miles de hermanas y hermanos despedidos que no es tiempo de deprimirse y desconsolarse, que la mejor terapia sicológica ahora mismo es convertir la indignación en acción, es movernos a detener este abuso!”, afirmó Pagán, luego de reiterar que continuarían realizando acciones similares en distintos punto de la Isla. Más tarde, los manifestantes fueron empujados y agredidos por efectivos de la Fuerza de Choque, quienes también agredieron a periodistas, otros líderes sindicales y manifestantes.

El obispo metodista y portavoz de la Coalición todo Puerto Rico por Puerto Rico, Juan Vera, denunció la violencia con la que respondió la Policía y advirtió que seguirían las acciones de desobediencia civil en protesta por los despidos masivos de empleados públicos.

Para el miércoles 30 de septiembre, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) tenía previsto realizar un paro de 12 horas por la degradación del Plan Médico de sus jubilados, que estaba pautado desde mucho antes del anuncio de los despidos. La UTIER dio a conocer que ampliaba su convocatoria a quienes quisieran expresar su repudio a las políticas antiobreras del gobierno de Luis Fortuño. Diversas uniones anunciaron que marcharían con la UTIER al día siguiente.

Acciones concertadas por parte de la mayoría de los sindicatos también fueron anunciadas, aunque sin mayores detalles debido a que parte de la estrategia es que serán actividades sorpresa. Lo que sí se supo es que el Gobernador podría tener que enfrentarse a esas protestas en las actividades públicas a las que se presente. Pero la primera muestra no se hizo esperar. Se la dio un individuo identificado como Roberto García Díaz, que le lanzó un huevo al primer mandatario en momentos en que éste anunciaba que la reparación de las lanchas que van a Vieques y Culebra desde Fajardo crearía empleos en esa zona. Ante esas expresiones, el individuo indignado le gritó al Gobernador que cómo se atrevía a hablar de empleos si precisamente él los estaba quitando.

El Proyecto de Solidaridad (PROSOL-UTIER) fue otro de los que protestó de inmediato frente a las oficinas centrales del Programa de Comunidades Especiales en Santurce, cuyos empleados representa sindicalmente, ante el despido de 132 de sus 148 empleados, lo que en la práctica desmantela esa agencia. Sin embargo, el Coordinador de Prosol, Luis Pedraza Leduc, ha anticipado que una estrategia a seguir podría ser que los empleados continúen asistiendo a sus lugares de trabajo luego del 6 de noviembre, fecha en que se supone sean efectivas las cesantías.
Por su parte, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) decretaron un paro de 24 horas que decidieron en Asamblea General que a su vez decretó un voto de huelga indefinido. Igualmente se solidarizaron con la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR que realizaría una marcha en la mañana del miércoles 30 de septiembre desde la Torre de la Universidad hasta la Oficina del Presidente de la Universidad en el Jardín Botánico en reclamo de que se honre su convenio colectivo y en protesta por la aplicación de la Ley 7.

Pero el rechazo a los despidos no sólo vino de sindicatos, trabajadores y estudiantes. Algunos jefes de agencia se negaron a ser quienes entregaran las cartas de despido y en muchos casos asignaron la tarea a sus subalternos quienes tuvieron que entregar las misivas con la ausencia de sus superiores. El caso más contundente fue el de la Procuradora de Personas Envejecientes que se negó a entregar las 111 cartas de cesantías que debía hacer llegar a sus empleados. Otra de las agencias con poco personal más afectadas fue la de la Procuradora de las Mujeres, con el 75 por ciento de cartas de cesantías, que representa en la práctica el desmantelamiento de esa agencia.

Las agencias con mayores despidos en esta Fase II de la Ley 7 son el Departamento de Educación con 7,249 plazas, especialmente de conserjes. Otras 1,522 fueron eliminadas en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, 681 en la Administración de Desarrollo Económico, 654 en el Departamento de Salud, 635 en la Administración de Familias y Niños, 54 en Corrección, 369 en el Departamento de Justicia, 355 en la Policía, 326 en el Secretariado del Departamento de la Familia. Las restantes 4,634 cesantías fueron en agencias más pequeñas que resultarían prácticamente eliminadas.

Aunque la JREF anunció que ésas serían las “cesantías finales de la fase II” de la Ley 7, no pudo garantizar que con la reducción del 30 por ciento del tamaño del gobierno con la consolidación de agencias no habría despidos adicionales. La eliminación de al menos 40 de las agencias, como se ha anunciado, levanta la interrogante de cuántos otros empleados quedarán en la calle.

Según datos de la propia JREF, con los despidos de esta segunda fase se cumple la meta de ahorro de $1,199 millones de los $2,000 millones que han anticipado intentan ahorrar. Eso representa el 60 por ciento de la meta final y deja al descubierto el 40 por ciento, es decir, $801 millones. Entre las iniciativas que la JREF indicó que ejecutará para “completar el objetivo” detallaron la “reducción adicional de contratos, ahorros adicionales en Reorganización Gubernamental, otros ahorros del programa Tarjeta de Salud y en Beneficios adicionales de la fiscalización contributiva”. Con la “reestructuración del gobierno” proyectan ahorrar $250 millones o un 20 por ciento.