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Urge la reforma electoral

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Por María de Lourdes Guzmán

Publicado: martes, 21 de octubre de 2014

Mucho se ha hablado sobre la urgencia de reformar el sistema electoral en el País, por considerar que la estructura y la legislación por medio del cual opera responde a los partidos de mayoría lo que, entre otras cosas, frena la representación democrática de otras tendencias que cada vez se hacen más presentes y necesarias.

El gobierno de Luis Fortuño aprobó lo que se conoce como el Código Electoral para el Siglo XXI, que lejos de hacer el proceso electoral uno más democrático que facilite y valide la genuina expresión del elector, lo dificulta. El Prof. Fernando Bayrón Toro lo define como un sistema “contencioso, politizado, que puede catalogarse hasta como una partidocracia”. El aparato electoral que se maneja desde la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), se ha convertido en un enorme monstruo que anualmente se traga cerca de $45 millones del presupuesto del gobierno central. El sistema electoral se ha caracterizado por el derroche de dinero en contratos, la inactividad de la CEE durante los tres años que preceden al electoral, las acusaciones de vaciado de listas, fraude en la inscripción, en las transferencias de electores y en el resultado de las votaciones, y el férreo control partidista en todos los procesos. El conteo de votos sigue siendo arcaico ya que, a pesar de llamarse “Código Electoral del Siglo XXI”, se mantiene manual lo que, en forma alguna, garantiza que se cuenten todos los votos emitidos e impide que se conozcan los resultados con la prontitud que el pueblo merece. La CEE no ha dado consideración a iniciativas puertorriqueñas que han demostrado interés y capacidad para implantar un sistema electrónico de votación o escrutinio. Las luchas de los intereses económicos derrotaron la posibilidad de que se utilizaran métodos modernos y confiables en el escrutinio de las Elecciones del 2012. De igual forma, el gobierno del PNP se las ingenió para crear la ley del Contralor Electoral, con un presupuesto de casi 5 millones de dólares, diz que para fiscalizar el financiamiento de campañas políticas, labor cada vez más diezmada a raíz de las decisiones que sobre este tema ha emitido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

La experiencia de la aplicación del nuevo Código Electoral para el Siglo XXI ha puesto de relieve que esa nueva legislación, lejos de enderezar el camino hacia la atención de los siete postulados y realidades destacados en su Exposición de Motivos, pavimentó la ruta para más burocratización de la Comisión Estatal de Elecciones. Además, creó mayor gasto innecesario en el financiamiento del Sistema y entronizó con mayor fuerza el control político partidista de la operación electoral en menoscabo de la voluntad del elector. Conscientes de esta situación, el Movimiento Unión Soberanista (MUS), se dio a la tarea de trabajar hacia una verdadera reforma electoral, luego de lo cual sometió dos anteproyectos de ley para enmendar las dos leyes electorales principales: El Código Electoral para el Siglo XXI que es la Ley 2011- 78 y La Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas en Puerto Rico que es la Ley 2011-222.

Nuestra propuesta tiene dos propósitos principales: eliminar o reducir sustancialmente el control partidista de los procesos administrativos electorales y, simultáneamente, ampliar y facilitar las oportunidades de los ciudadanos de actualizar su situación en los registros electorales con la menor intervención posible de intereses políticos ajenos a la voluntad y sentido de responsabilidad cívica del elector. Estos proyectos de ley persiguen, entre otras cosas:

  1. la creación de un organismo central de administración y dirección administrativa del proceso electoral que forme parte del servicio público de carrera y regular, no partidista, que suplantaría la Comisión Estatal de Elecciones.
  2. La eliminación de las cerca de 105 Juntas de Inscripción Permanente, por innecesarias y al mismo tiempo, ahorrar poco más de una tercera 1/3 parte del presupuesto de gastos de la actual Comisión Estatal de Elecciones que economizaría al erario millones de dólares anuales.
  3. El procesamiento de las transacciones electorales de los ciudadanos de forma cotidiana, regular, permanente, ordinaria y rutinaria como parte esencial del servicio directo al ciudadano que prestan regularmente las diversas agencias de gobierno en la Rama Ejecutiva sin intervención de la política partidista.
  4. La reincorporación del Auditor Electoral en un organismo orientado al trabajo sistemático, ordenado y pericial, que pueda identificar áreas de control a los donativos y gastos de campaña excesivos que son incentivos directos a prácticas corruptas en la función pública. Esta oficina reemplazaría la oficina del Contralor Electoral.

Estos anteproyectos de ley fueron presentados formalmente en las oficinas de los presidentes de la Cámara de Representantes, Sr. Jaime Perelló, y del Senado, Lcdo. Eduardo Bhatia, el pasado 9 de octubre de 2014, con la esperanza de que se les dé la atención que ameritan. El País no necesita cambios cosméticos sino cambios profundos en las estructuras que gobiernan los procesos electorales, para hacerlos verdaderamente democráticos. De no atenderse, seguiremos teniendo más de lo mismo.

 

* La autora es abogada y Presidenta del Movimiento Unión Soberanista (MUS).

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