Opinión / Editorial

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El negocio de las cárceles

Publicado: martes, 28 de agosto de 2018

Con la excusa de abaratar costos en el sostenimiento de la población penal, dadas las circunstancias presupuestarias críticas en las que se encuentra el gobierno de Puerto Rico y las exigencias de ahorros de la Junta de Control Fiscal (JCF), la administración de Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP) contemplan trasladar parte de la población penal desde la Isla hacia cárceles privatizadas en Estados Unidos, mediante la iniciativa llamada Out State. Según los portavoces del Gobierno, cuesta menos un preso allá que aquí. Dicha ecuación matemática es el principal motor tras la iniciativa, aunque según nuestras fuentes la misma no está contemplada en el plan fiscal del Departamento de Corrección certificado por la JCF.

Hasta ahora, la iniciativa ha enfrentado varios escollos. Primero, falta completar el proceso para la contratación de las prisiones en Estados Unidos a las cuales serán trasladados los confinados de aquí, un proceso que será dictado por la razón entre costo y beneficio. Otra consideración ha sido la vigilancia de las personas y entidades que defienden los derechos de los confinados. La supuesta “voluntariedad” de dichos traslados, según expresada por el gobierno, resulta ser un mito ya que, por su condición de personas privadas de libertad, la población penal se encuentra bajo un régimen de servidumbre involuntaria, equivalente a una virtual esclavitud, que no les permite a los confinados consentir. Esto lo explicó extensamente a CLARIDAD William Ramírez, portavoz del Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), organización opuesta a la iniciativa Out State. Según Ramírez, el traslado de prisioneros podría representar una forma de “trata humana” toda vez que es el Estado, y no ellos, quien tiene el poder para decidir sobre dicho asunto, lo que subraya su involuntariedad.

 Por otro lado, la iniciativa no ha encontrado demasiado entusiasmo entre la población penal. Por las historias de otros presos que han sido trasladados a cárceles en Estados Unidos, ya se conocen las historias de racismo, discrimen, violencia y carencia de servicios en las prisiones de allá. Además, para nuestros presos el cambio supone una separación familiar forzada, lo cual les corta de raíz no solo el afecto de sus familias, sino las visitas, el apoyo y la ayuda que éstas les proveen mientras extinguen sus condenas. En el 2011 un grupo de confinados que habían sido trasladados desde Puerto Rico, se sublevó en la prisión Cimaron en Oklahoma, denunciando las pobres condiciones en que se les mantenía en dicha cárcel privatizada. 

Todas estos son factores que debían tener un peso preponderante en la decisión de trasladar o no confinados desde Puerto Rico hacia Estados Unidos. Pero el negocio de las cárceles en Estados Unidos es demasiado grande y lucrativo. Al igual que los planes médicos, los operadores de prisiones privatizadas cobran por cada “vida”, por lo cual miles de presos boricuas representan millones de dólares en ingreso. Ante esa realidad apabullante del capitalismo salvaje no hay consideración humana ni remilgo que valga. 

Estados Unidos es el país del mundo que tiene la tasa más alta de personas encarceladas. Entre 1970 y 1994, la tasa de encarcelamientos creció en un 400%, con 387 personas presas por cada 100,000 habitantes en dicho país. Entre 1994, cuando se aprobó la infame ley que facilitó el encarcelamiento en masa de miles de jóvenes estadounidenses, principalmente afroamericanos e hispanos, dicha tasa se duplicó. Luego de efectuados varios cambios de leyes y reglamentos, en 2018 todavía Estados Unidos lidera al mundo en personas presas con 2.2 millones de encarcelados. 

La raíz de la explosión poblacional ocurrida en las cárceles estadounidenses está relacionada con la llamada “guerra contra las drogas”, una política pública fallida que, sin embargo, ha sido refrendada y vigorizada por todas las administraciones de gobierno Republicanas y Demócratas, desde la presidencia de Richard Nixon hasta nuestros días. Pero importantes pensadores y académicos en Estados Unidos han denunciado que, tras la llamada “guerra contra las drogas” y los encarcelamientos masivos resultantes de ésta, están la mentalidad y prácticas racistas y excluyentes de los tiempos de la segregación racial que separaba las vidas de blancos y negros en el sur de Estados Unidos. Así explica este fenómeno el afamado abogado, académico y activista de los derechos civiles y humanos, Cornell West, en el prólogo que escribió para un extraordinario libro de la doctora Michelle Alexander, profesora asociada de derecho en Ohio State University y exdirectora del Proyecto de Justicia Racial de la ACLU en el norte de California. El título del libro es The New Jim Crow, en obvia referencia a la nueva forma de segregación racial que representa el encarcelamiento masivo de negros e hispanos en prisiones estadounidenses. 

 “El impacto de la guerra contra las drogas ha sido asombroso. En menos de treinta años, la población penal en Estados Unidos explotó de cerca de 300,000 a más de 2 millones, con las infracciones por drogas teniendo el mayor impacto en este aumento. Estados Unidos ahora tiene la tasa más alta de encarcelamientos en el mundo, superando las tasas de casi todos los países desarrollados, y superando incluso aquellas de gobierno altamente represivos como Rusia, China e Irán. En Alemania, hay 93 personas presas por cada 100,000 adultos y niños. En Estados Unidos, la tasa es ocho veces más alta, o 750 por cada 100,000 personas. 

La dimensión racial del encarcelamiento es su característica más sobresaliente. Ningún otro país del mundo encarcela a tantas personas, entre sus minorías raciales y étnicas. Estados Unidos encarcela un porciento mayor de su población negra, de lo que hizo Suráfrica en el momento más álgido del “apartheid”. En Washington, D.C., la capital de nuestra nación, se estima que tres de cada cuatro jóvenes negros (y casi todos aquellos de los vecindarios más pobres) pueden esperar servir algún tiempo en prisión. Tasas similares de encarcelamiento pueden encontrarse en comunidades negras a través de todo Estados Unidos”, explica West.

Ante el impulso desenfrenado del capitalismo neoliberal y las políticas de privatización, y ante el encarcelamiento masivo entre su población negra e hispana, ha proliferado en Estados Unidos el fenómeno de las cárceles privadas, en el cual se desvía dinero público hacia contratistas privados para la custodia y sostenimiento de la población penal en dicho país. Hacia ese destino pretenden dirigir ahora a los confinados puertorriqueños también, otra minoría étnica que, como nueva carne de cañón, pasará a engrosar la moderna esclavitud del sistema carcelario estadounidense, y engordar las arcas de los empresarios de la segregación.

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