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Editorial: Asfixiados por la austeridad

Publicado: martes, 27 de marzo de 2018

La nueva realidad de Puerto Rico lleva un ritmo asfixiante. La agenda de austeridad nos llega por vía de la Junta de Control Fiscal (JCF), con el auxilio del gobierno de Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP), y también de algunos líderes del Partido Popular. Conscientes de que el Gobierno de Estados Unidos nos aprieta el cerco cada vez más, el Gobernador y muchos otros, han optado por seguirles el juego. 

Por eso, las malas noticias se suceden una tras otra, como un torrente incontenible, tal vez bajo el supuesto de que si se crea un ambiente de “shock” general que ahogue de antemano la posibilidad de cualquier reacción radical, el País se abrume y termine aceptando mansamente esta marcha lenta hacia su disolución, y un éxodo poblacional, una pobreza y una desigualdad sin precedentes en nuestra historia reciente.

Durante la semana pasada, los enemigos de Puerto Rico amplificaron el tono de sus provocaciones. Se aprobó por la Legislatura la llamada Reforma Educativa que desmantela el sistema de enseñanza público, y lo entrega, por pedazos, a intereses privados, saltándose sin contemplaciones la oposición masiva de los maestros y maestras del sistema, y de miles de padres y estudiantes. Luego vino el anuncio sorpresivo e insultante del nombramiento de un nuevo Director Ejecutivo para la AEE, en la persona de Walter Higgins III, quien recibirá un salario básico de $450,000 anuales. Ese escandaloso salario de las arcas de una corporación pública en quiebra se le pagará a alguien que le dijo a la prensa del País que no conoce nuestro sistema eléctrico ni los planes que se contemplan para el mismo, y que tampoco habla ni entiende español. 

Por otro lado, los derechos adquiridos durante décadas por los trabajadores de la empresa privada- que ya habían sido considerablemente debilitados en la llamada Reforma Laboral del año pasado- recibieron en esta ocasión su estocada mortal. Las licencias de vacaciones y enfermedad se redujeron a solo 7 días cada una, y se elimina, en la práctica, el Bono de Navidad. Lo peor, se les quita a los trabajadores y trabajadoras la protección contra el despido injustificado que les daba la Ley 80, dejándolos a merced del capricho de los patronos. Todo esto, a cambio de un supuesto aumento de 90 centavos por hora en el salario mínimo al cabo de tres años, cantidad irrisoria que será devorada con creces por el alto costo de la vida en Puerto Rico. Esta ofensiva antiobrera fue expresamente diseñada por los asesores de la JCF, según le admitió a una periodista Christian Sobrino, representante del Gobierno de Puerto Rico ante el ente federal. El funcionario dijo que se le exigieron al Gobierno estas medidas como condición para certificar el plan fiscal que está bajo consideración de la Junta en estos momentos: “Reducción de días de vacaciones a cero, reducción de días de enfermedad a cero, eliminación de la Ley 80 de un día para otro, eliminación de la licencia de maternidad, se ha hablado de reducción de personal gubernamental rajao, de un día para el otro, ese es el contraste”, dijo Sobrino sobre las presiones recibidas de los asesores de la JCF. 

Como si fuera poco, también llegó a Puerto Rico en visita relámpago, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Seis meses después del paso del huracán María el funcionario vino a darle a Rosselló su dictamen relativo al préstamo por desastre que se aprobó para Puerto Rico. Solo se desembolsará menos de la mitad de la cantidad aprobada, y solo cuando se cumplan varios requisitos que aseguren que el dinero de los contribuyentes estadounidenses esté totalmente protegido. Otra humillación más del Gobierno de Estados Unidos, y otra muestra de desconfianza en la capacidad administrativa del gobierno de la colonia. 

En esta semana se había proyectado también anunciar el propuesto recorte –entre un 10% y un 25 %– de las pensiones de nuestros retirados del servicio público, antes de que la JCF cancelara la reunión a esos efectos. Este será otro abuso más contra una población empobrecida y vulnerable, que laceraría sus posibilidades de sostener los estándares de vida mínimos de una vejez digna. Ya la JCF había dicho el año pasado que se recortarían las pensiones, ya muy menguadas, del 75% de los retirados del servicio público. Quedó pendiente también para muy pronto la llamada reorganización del Gobierno que representará el despido de decenas de miles de servidores públicos más. 

Con el avance de estas medidas de la JCF, y el aval del Gobierno de Puerto Rico, los puertorriqueños y puertorriqueñas quedaremos asfixiados por la austeridad que nos imponen estos representantes del gran capital. Quedaremos a merced de unos pocos funcionarios y funcionarias que viven en sus cúpulas de cristal y no tienen la más mínima noción de lo que significa la palabra austeridad, aplicada a sus vidas de privilegios. 

Mientras el desempleo y la emigración serán las opciones para nuestra gente en edad productiva; mientras la pobreza y el desconsuelo serán las opciones para nuestros servidores públicos retirados; mientras las opciones de una educación puertorriqueña y asequible se cierran para nuestros estudiantes de la escuela y la universidad públicas; mientras los trabajadores y trabajadoras de la empresa privada devengarán pobres salarios y sufrirán el deterioro de sus condiciones de trabajo; mientras miles de servidores públicos activos serán lanzados a la calle, la JCF seguirá adelante recibiendo cientos de millones del pueblo de Puerto Rico para poner en vigor esta agenda de destrucción de nuestro país. 

 A raíz de estas situaciones, sería razonable preguntarnos. ¿Cómo puede el presidente de la JCF, José Carrión III, valorar y entender la contribución del trabajo asalariado si nunca ha sudado una camisa? ¿Cómo puede pedírsele a nuestro pueblo que tenga confianza en una gente que se desenvuelven en una realidad tan distante y le sirven a intereses tan ajenos a este país? ¿Cómo pueden aquilatar el valor social del servicio público quienes no lo conocen ni nunca lo han necesitado? 

En las respuestas a estas preguntas está la clave para que reaccionemos a la medida de de estos atropellos. Después de todo, la austeridad que propone la JCF es para nosotros, nunca para ellos. No podemos permitir que también nos asfixien en el proceso.

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