Opinión / Editorial

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Un gobierno sin poder ni futuro

Publicado: martes, 6 de noviembre de 2018

Últimamente, las cosas no le están saliendo bien al gobierno de Ricardo Rosselló. La Junta de Control Fiscal (JCF) está ejerciendo el poder que le delegó el Congreso de Estados Unidos, y el trauma que esa injerencia provoca hacia el interior del gobierno está exacerbando los conflictos y luchas de poder que ya existían entre los altos funcionarios y oficiales, y también en el Partido Nuevo Progresista (PNP). En los pasados días, ya se ha visto cómo se atacan e intentan destruirse unas a otras las distintas facciones y grupos que pugnan por un poder cada vez más menguado y cuestionado. Los acontecimientos de los pasados días han abierto las trincheras de cada cual. La Legislatura por un lado –y ahí también hay diferencias entre las huestes de Johnny Méndez en la Cámara de Representantes y las de Thomas Rivera Schatz en el Senado– el Gobernador y su círculo íntimo por el otro; los alcaldes en el propio; y algunos jefes de agencias y funcionarios, ya de un bando o del otro, tratando de resistir el vendaval de conflictos y contradicciones que amenaza con arrastrarlos al fracaso o al descrédito. Por encima de ellos, los procónsules de la JCF y su directora ejecutiva, Natalie Jaresko siguen exigiendo, y apretando tuercas y tornillos, armados con el “poder plenario” incontestable del Congreso de Estados Unidos. Los “locales” se encuentran bajo la mirilla del nuevo supra gobierno que examina, evalúa y deshace, una por una, todas sus propuestas y proyectos.  

Ya no se trata de la controversia superficial de los primeros tiempos de la JCF. El ente federal ha tomado control porque la confianza entre unos y otros se ha minado. La señora Jaresko cuenta con todo el respaldo para exigirle cuentas al gobierno de Puerto Rico por cada medida que tenga impacto sobre el erario o que contravenga el Plan Fiscal que la JCF parece haber aprobado sobre piedra. Para tener ese control fue que el Congreso de Estados Unidos creó la Ley PROMESA. Precisamente para garantizar que la quiebra de Puerto Rico se resuelva mediante un control fiscal que permita que se balanceen los presupuestos, se cubran los gastos y sobre dinero suficiente que los bonistas cobren el dinero de la deuda. Si para lograr eso hay que racionar los servicios al pueblo, o desmantelar la Universidad, o liquidar los sistemas de pensiones de los retirados del servicio público, que así se haga. Lo importante es que se comience cuanto antes a pagar la deuda, máxime con las negociaciones tan beneficiosas para los bonistas que la JCF ha acordado con varios grupos de éstos.

Por eso hemos visto a una Natalie Jaresko cada vez más vocal y agresiva en sus cuestionamientos y exigencias al Gobernador y los funcionarios de su administración. El careo más reciente ha sido sobre la llamada Reforma Contributiva, proyecto puntal de la campaña re eleccionaria de Rosselló, que ha caído bajo el fuego cruzado entre el Gobernador, la Legislatura y la JCF. En su versión original el proyecto lucía simpático porque le reducía los impuestos a amplios sectores de los contribuyentes. Pero, las enmiendas de la Legislatura lo convirtieron en un adefesio, y Jaresko lo ha sentenciado de muerte porque, a juicio de la JCF, el mismo no se ajusta el Plan Fiscal aprobado por el organismo. La actitud de la JCF amenaza con dejar al Gobernador sin uno de sus principales “logros” para montar su estrategia de reelección. 

Por otro lado, la estadidad tan ansiada y prometida a sus huestes por Ricardo Rosselló y el PNP languidece. Cuando el joven candidato aspiró a la gobernación, su promesa de traer la estadidad fue quizá el factor que inclinó la balanza del electorado de su partido en la primaria contra Pedro Pierluisi. Luego, cuando ganó la gobernación, el joven y fogoso gobernante confió en que él y su gobierno podrían ser quienes finalmente trajeran la estadidad a Puerto Rico. Durante la campaña mostró una actitud de cooperación con los planes del Congreso para Puerto Rico, contando con que dicha actitud eventualmente contribuyera a abrirle las puertas a la anexión de Puerto Rico. Por eso dijo que la deuda se podía pagar y en principio acogió a la JCF. 

Tras su triunfo, de inmediato lanzó su ofensiva anexionista. Sus primeras gestiones y las de la Comisionada Residente, Jennifer González, fueron dirigidas a adelantar ese objetivo. Impulsó la consulta de estatus de 2017 y González sometió ante el Congreso dos proyectos para la admisión de Puerto Rico a Estados Unidos. Ambas iniciativas fracasaron. El referéndum fue una derrota para la estadidad, con solo un 23% de participación del electorado. Los proyectos de la Comisionada tampoco han tenido eco en el Congreso. Además, y tras el paso apabullante del huracán María y la controversia desatada por la lenta respuesta de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico a la emergencia, la escasa paciencia que demuestra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con aquello que le incomoda se colmó con Puerto Rico, y desde entonces solo es desprecio lo que vierte su boca hacia nosotros. Con un “no absoluto” cerró Trump la puerta a la estadidad para Puerto Rico durante su mandato.  

 Por eso, el Gobernador, que siempre procura proyectarse optimista, ha tenido que admitir públicamente que se encuentra en “un tiempo difícil para gobernar”. Difícil, sin duda, porque tanto él como su gobierno están atrapados en una encrucijada imposible de rebasar si no se cuenta con la voluntad para afrontar las consecuencias. Él y su gobierno son meras figuras de cartón ante el poder apabullante del Imperio y todos y todas lo saben muy bien. Por eso, se vuelcan contra sí mismos en una lucha fratricida por intentar lograr un poder que está fuera de su alcance. 

 

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