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Seguridad Pública en Puerto Rico: Un caos

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Por Giancarlo Vázquez López

Publicado: martes, 6 de noviembre de 2018

"La seguridad en el país se está desmoronando”. Así lo expresó William Ramírez, licenciado y director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR, por sus siglas en inglés) en entrevista para CLARIDAD. 

El pasado miércoles, 31 de octubre, expiraron los fondos otorgados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por las siglas en inglés), con los que se pagaba el sueldo de 45 bomberos. Ese mismo día el gobierno anunció la extensión del pago de la nómina hasta el próximo 15 de diciembre. 

Pero ¿y luego de diciembre? ¿Qué va a pasar cuando se acabe la partida de $173,000 para extender los 45 contratos? 

Christian Sobrino, representante del Gobernador ante la Junta de Control, advirtió que el gobierno pagaría la nómina luego de diciembre con el superávit identificado por el organismo colonial de ser necesario. Que no pondrían la seguridad del país en riesgo. 

Según la Junta, el sobrante de $17,000 [superávit] es para pagarle a los buitres mientras que, Sobrino, sostiene que ese dinero sobra luego de pagar la deuda. 

Por otra parte, el sargento Gregorio Matías, vicepresidente de la Asociación de Policías Organizados (APO) aseguró a en entrevista con un periódico del país que de no convertirse en ley el proyecto de la reforma contributiva que garantiza el pago del retiro de los uniformados tendría lugar una renuncia masiva de muchos uniformados.

Según el informe del Monitor de la Policía de Puerto Rico un 65% de los uniformados está en edad de retirarse, por otra parte el juez federal Gustavo Gelpí ordenó crear una nueva academia para febrero de 2019, pero como bien cuestiona Ramírez, habría que ver qué efecto supondría el número de graduados en un año en contraste con los que pudieran retirarse próximamente. 

Actualmente quedan unos 9,000 agentes para prestar vigilancia, 500 de ellos a la expectativa de la resolución de la reforma para determinar si abandonan la Uniformada o no. Por un lado están la ofertas tentadoras para trabajar en Estados Unidos y por otro, proliferan las agencias de seguridad privada en la Isla. 

Y ante tal panorama y las posibles renuncias de policías y bomberos cabe preguntarse ¿quién va a utilizar los cinco camiones el cuerpo de bomberos, las 120 motoras y las 211 patrullas que deben llegar en los próximos meses? 

“Me parece una muestra clara de la improvisación y la falta de planes, de un proyecto viable de parte del gobierno actual”, dijo a este periódico el profesor en criminología, licenciado Carmelo Campos. 

“Si por un lado, se hacen gastos estrambóticos y por otro no pueden cubrir ni siquiera la nómina básica de los pocos bomberos que quedan en el país, eso demuestra que hay un desfase entre lo que son las necesidades fundamentales del pueblo, los servicios que tiene que dar el gobierno y lo que ha resultado ser esta administración aun con las restricciones que tiene bajo la Junta” añadió. 

Mientras –en el tira y jala de la Junta y el gobierno– la seguridad pública se cae y aumenta la violencia en las calles y los hogares: asesinatos de mujeres; suicidios; actos violentos a plena luz del día en espacios abiertos, etcétera. 

“Esos son síntomas del aumento en la criminalidad, parte resultado de la propia crisis socioeconómica que está sufriendo el país”, dijo Campos.

Tanto Ramírez como Campos coinciden en que la falta de policías es uno de los factores que principalmente incentivan a que una persona cometa un crimen. 

Campos, sugirió verificar las cifras oficiales sobre la tasa de resolución de los asesinatos durante el último año [es decir de cada 100 asesinatos cuantos se están resolviendo] para medir la efectividad de la policía. Este medio llamó al Cuartel General de la Policía de Puerto Rico en repetidas ocasiones para obtener esas cifras pero nadie respondió. 

 

El otro “issue” 

El problema principal de la constante proliferación de agencias de seguridad privada en Puerto Rico –explicó Ramírez– es que tienen entidades privadas haciendo el trabajo de seguridad pública y a ese personal (en ocasiones armado) no le aplican los mismos códigos de conducta de la PPR, lo que puede provocar “un montón de violaciones de derechos constitucionales y ellos no van a responder ante la constitución”, proyectó.

Por ejemplo, el agente privado puede detener a una persona, rebuscar su carro sin tener la orden para hacerlo y, por ende, no le tiene que responder al Estado por esa conducta bajo la cuarta enmienda de la constitución que lo prohíbe. Solo si el agente privado es contratado por el Estado e incurre en violaciones de derecho, es el estado quien debe responder.

Los policías privados protegen a quien les paga (negocios, urbanizaciones adineradas y otras entidades). Para Ramírez, esta situación en particular es más peligrosa porque puede suscitar la persecución por discrímen racial, étnico, clase social, etcétera. 

El licenciado alegó que muchas veces se da la contratación de estas agencias de seguridad privada [armada] por comunidades bajo el pretexto de combatir la criminalidad. Sin embargo, la verdadera intención es excluir personas que los residentes de tales comunidades “creen” que no deben estar allí bajo la “presunción” de que pueden incurrir en algún delito. 

“Esa privatización en los servicios de seguridad va a ir a los sectores privilegiados que puedan pagar por ellos y va a servir para que personas que esas comunidades [privilegiadas] consideran indeseables sean objeto de hostigamiento y perseguidos por esas fuerzas privadas con la excusa de estar protegiendo esas comunidades”, manifestó por su parte Campos. 

 

 

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