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Nunca se sentarán en el banquillo

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Por Manuel de J. González

Publicado: lunes, 15 de diciembre de 2014

la tortura es tan vieja como la humanidad, pero en los tiempos modernos siempre ha estado vinculada a regímenes dictatoriales. El nazi-fascismo la utilizó de forma sistemática y también el estalinismo. Cuando ambos sistemas desaparecieron, las historias sobre brutalidad interrogativa se vinculaban a regímenes militares del tercer mundo o a los aparatos secretos de inteligencia de la Guerra Fría durante la ejecución de acciones encubiertas. Cuando se hacía la denuncia del empleo de tortura siempre era negada porque ningún gobierno quería verse vinculado a esas prácticas. Hasta donde conozco, ninguno de los estados imputados aceptó públicamente haber torturado, ni siquiera utilizando frases que maquillaran sus acciones.

En Europa, donde se vivió de cerca la barbarie del nazismo y, más recientemente, del franquismo, el rechazo a la tortura está muy enraizado. Lo mismo ocurría en Estados Unidos donde la Constitución, creada hace más de doscientos años, prohíbe todo castigo "cruel e inusitado". A nivel privado se sabía y por lo bajito se comentaba que la CIA y los militares de vez en cuando torturaban, pero de manera oficial se negaba.

Todo eso cambió a partir de 2001, cuando por primera vez desde 1941 Estados Unidos sufrió un ataque importante en su territorio. Desde el bombardeo japonés a Pearl Harbor, los estadounidenses no sufrían una embestida de esa naturaleza, cuando el operativo de una simple célula islamista provocó la muerte de cerca de tres mil personas en la ciudad de Nueva York. Ese brutal atentado contra la principal ciudad de un país que se vanagloriaba de contar con la principal fuerza militar del mundo, hirió su orgullo y provocó el desenfreno de los sectores más oscurantistas.

El ataque coincidió con el inicio de la presidencia de George W. Bush, una persona mediocre que no tuvo ni el deseo ni la capacidad de controlar al grupo de funcionarios responsables de la política internacional y la estrategia militar de su administración. La batuta la tomaron Richard Cheney, vicepresidente, y Donald Rumsfeld, secretario de Defensa. En respuesta a los atentados, a nivel interior se desató una política represiva que conculcó libertades de manera oficial mediante la aprobación de una legislación irónicamente conocida como "Patriot Act". De la noche a la mañana se autorizaron los registros ilegales, se carpeteó a millones de personas, se intervino con las comunicaciones íntimas y se le dio autoridad a la fuerza policial para detener a cualquier persona con o sin justa causa.

Para los extranjeros y para cualquier potencial "enemigo" se reservó algo peor. El famoso adagio de Maquiavelo volvió a presidir el accionar del "príncipe" Bush y, dado que la finalidad era proteger a los estadounidenses e impedir un nuevo ataque como el que se produjo el 11 de septiembre de 2001, todo método quedó automáticamente permitido. La vieja tortura, siempre utilizada de manera encubierta por la CIA en sus operaciones de inteligencia, sería ahora práctica común de los aparatos militares y de inteligencia. Para evitar que los derechos que todavía están en la Constitución les aplicaran a las personas detenidas como simples sospechosos, crearon una enorme cárcel en territorio usurpado a Cuba donde podían practicar de manera abierta todo lo que hasta entonces era impracticable. El centro de detención de Guantánamo se convirtió en el símbolo de la nueva barbarie y hasta allí fueron llevados cientos de personas capturadas a la fuerza en decenas de países.

Toda esa barbarie fue poco a poco filtrándose en la prensa porque sus ejecutores no se escondían para desatarla. De modo que el reciente informe del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense sobre las acciones de la CIA no dijo nada que no fuera más o menos conocido. Pero fue muy importante que se aceptara de manera oficial y que, además, se divulgara el detalle de la barbarie ocurrida en Guantánamo y en otros lugares. No todo lo sucedido, ni lo que sigue sucediendo, está en el informe. Faltan muchos de los cientos de secuestros ejecutados en calles y plazas, así como miles de torturas y decenas de asesinatos. Pero lo relatado en el documento del Senado es lo suficientemente poderoso para que pueda provocar el rechazo de la gente civilizada.

Uno esperaría, por tanto, que los perpetradores de la larga lista de atrocidades contenida en el informe del Comité del Senado aparecieran a decir, al menos, que están arrepentidos. Podían decir que están avergonzados o, como algunos nazis de Nuremberg, que tan solo siguieron "órdenes superiores". Sin embargo, nada de eso se ha escuchado, más bien lo contrario. En lugar de avergonzarse ante la barbarie, el liderato Republicano tronó contra los Demócratas por "dañar la imagen" de Estados Unidos divulgando las suciedades que hizo su gobierno. El exvicepresidente Richard Cheney fue más allá y defendió todo lo hecho afirmando que lo volvería a hacer.

A diferencia de los dictadores latinoamericanos, que ejecutaban pero negaban la tortura, Cheney y Rumsfeld no sólo la practicaron sino que la proclaman. Con el mayor descaro aceptan que la ordenaron y, aunque utilizan un eufemismo – "enhanced interrogation techniques" – para referirse a ella, abiertamente la defienden.

Ante esa conducta, la pregunta obligada es, ¿dónde está el Tribunal Penal Internacional? El llamado tribunal de La Haya es muy diligente procesando militares y gobernantes africanos imputados de crímenes de guerra menos numerosos y tan oprobiosos como los cometidos por Cheney, Rumsfeld y Bush. Sin embargo, este trío, junto a sus lugartenientes, gozan de la impunidad que les garantiza el poder. Por eso se morirán sin sentarse en el banquillo y, a juzgar por sus comentarios, con la conciencia muy tranquila. Están hechos con la misma fibra de aquellos que hace 70 años se sentaron en Nuremberg a reírse de sus juzgadores.

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