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Puerto Rico con el nuevo cañaveral

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 10 de julio de 2018

Facilitar el escenario para un nuevo “cañaveral”, en donde la empresa privada sea la que se haga cargo del desarrollo económico en Puerto Rico, eso es lo que pretende la Junta de Control Fiscal (JCF) con su confección del proyecto de presupuesto fiscal. 

Más allá de centrarse en la discusión de si es legítimo o no el presupuesto confeccionado por la JCF, para el doctor en Economía, profesor Alfredo González, la discusión sobre el presupuesto de la JCF debe además ir dirigida a examinar la naturaleza de lo que se supone es y para qué se utiliza un presupuesto fiscal y lo que busca en el fondo la JCF con su documento. 

Desde el aspecto económico, la confección de un presupuesto por parte del gobierno responde a tres objetivos. Primero, asignar los recursos disponibles a las diferentes actividades que el estado entiende tiene que cumplir o considera debe intervenir. Segundo, procurar que esa distribución de los recursos sea una apropiada. Y tercero, darle estabilidad al sistema para que no haya fluctuaciones erráticas, fluctuaciones violentas en la actividad económica, para que así propenda a un desarrollo económico hacia el futuro. Esa, se supone, es la función que tiene el gobierno cuando prepara un presupuesto. Se espera que el gobierno evalúe si esa distribución de ingresos es consistente con el ideario o aceptable con las metas de su sociedad. 

A esas tres funciones que se supone responde la confección del presupuesto por parte del gobierno se podría añadir un plan de desarrollo, que puede ser de tres a cinco años, o un plan de desarrollo a largo plazo, al menos a 10 años hacia el futuro. El profesor González trajo a la atención que es interesante que ese fue el esquema que desde 1940 se estableció en Puerto Rico, que fue evolucionando durante los años siguientes y fue el marco institucional que se estableció en los años 50. 

“Esas eran las postulaciones literales del sistema; no la realidad conseguida. Era decir: el gobierno tiene estas funciones económicas donde no se puede dejar al mercado que libremente disponga de los procesos económicos. Al mercado, aunque se use, hay que orientarlo”. De acuerdo con este enfoque, señaló, en el que hay un consenso en el mundo (con excepciones) de países que originalmente eran socialistas, como Rusia, Cuba y China, que han cambiado en cierta medida a un programa de planificación con mayor y menor grado donde el mercado interviene, pero ese mercado está regulado; no es el mercado como se piensa en el capitalismo ortodoxo o voraz donde se deja que el mercado determine lo que son los conceptos de justicia y equidad. 

No obstante, en este momento, a juicio del profesor González, lo que está ocurriendo frente a la vista de todos nosotros en Puerto Rico, sin darnos cuenta, es la transformación de un sistema económico concebido donde el estado debería intervenir para orientar los objetivos de las metas de la sociedad y procurar unos objetivos de una mejor distribución de los ingresos. 

Para el economista, lo que está haciendo la Junta de Control con el presupuesto, que es el instrumento más inmediato de planificación, es desmantelar la organización económica que tenía el país para cambiarlo por un sistema capitalista neoliberal. “Se van al extremo del sistema de capitalismo neoliberal; que sea el mercado, las fuerzas del mercado, las que determinen los criterios de cómo se van asignar los recursos del gobierno, cómo se van a distribuir los ingresos del país, cómo se va a estabilizar el sistema económico, sin la intervención del estado”, denunció. Agregó que es por eso que se pretende desmantelar todas aquellas instituciones, como la Autoridad de Tierras (AT), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en fin, todas las funciones vitales que el gobierno tenía, incluidas la educación en todos los niveles y la salud. 

Observó que bajo este esquema ideológico el gobierno no considera ni la planificación de intermedio, ni de largo plazo. Ello no tiene sentido, pues en ese régimen neoliberal, es el mecanismo individual del consumidor y de la empresa los que se encargan de darle rumbo, aunque sea un rumbo incierto, insatisfecho, para atender los objetivos sociales, aun cuando no sea eficiente. 

A la interrogante de si consideraba que los funcionarios de gobierno están conscientes de este modelo, expresó que no cree que haya una articulación clara en sus mentes de que los cambios son tan fundamentales. “Es posible que ellos señalen que yo soy un obsesivo con esta idea de conspiración y que sencillamente aquí de lo que se trata es de un cambio de funciones del gobierno; que aquí con la Ley Promesa le asignaron unas tareas a la Junta y que no hay mayores consecuencias”. 

No obstante, resaltó que el propósito de la Ley Promesa por parte del Departamento del Tesoro de EE UU fue no asumir la responsabilidad del pago de la deuda de Puerto Rico, ya que de hacerlo se vería luego obligado asumir la misma responsabilidad con los otros estados. Es por eso que la ley dejó para lo último el impacto que pueda tener el pago de la deuda en el crecimiento económico en Puerto Rico y, para cumplir, agregaron lo del programa de infraestructura. El resultado ha sido que la Junta se ha atribuido funciones más allá de su propósito original y se ha centrado en crear un sistema económico nuevo para facilitar que la empresa privada venga a hacerse cargo del desarrollo económico de Puerto Rico. En este afán, por lo tanto, la Junta entiende que la Ley 80 no es propicia para el desarrollo económico del país. Es necesario la eliminación de los beneficios a los trabajadores con la llamada reforma laboral, la eliminación del bono de Navidad; de cualquier cosa que recargue el gasto del gobierno porque las funciones del gobierno se van a minimizar, se van hacer ineficaces. Es, “vamos a crear ese cañaveral nuevo en Puerto Rico donde la empresas cañeras van a encargarse de establecer las normas sociales en Puerto Rico, así que el estado tiene que permanecer callao, no le incumbe. Eso no es válido aquí en Puerto Rico”.

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