Opinión / Editorial

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Alineado el plan para desmantelar la UPR

Publicado: martes, 10 de julio de 2018

Si en algo coinciden la administración de Ricardo Rosselló, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la Junta de Control Fiscal (JCF), impuesta por el Congreso de Estados Unidos, es en su objetivo de desmantelar a la Universidad de Puerto Rico (UPR). Quieren abolir la universidad que existe y convertirla en una universidad al estilo estadounidense. Esto quiere decir, más mercantilista y de menos pensamiento. 

 Con el nombramiento de un nuevo presidente para la institución, en la persona del doctor Jorge Haddock Acevedo, el brazo político de la UPR, que es la Junta de Gobierno, dio un paso importante hacia la consecución de dicho objetivo. Con ese paso, se alinean todas las fuerzas para que el desmantelamiento de la UPR actual, y su conversión en una universidad “made in USA”, sea expedito y conforme a los planes que han sido trazados por el gobierno de Rosselló, y la JCF, que es el poder superior. 

De hecho, el plan fiscal que propone la JCF está predicado sobre supuestos académicos y financieros aplicables a universidades estadounidenses. Esto, traído a Puerto Rico sin filtro ni atenuantes, podría tener un efecto devastador en la matrícula actual y en los aspirantes a ingreso, a quienes se les haría prácticamente imposible acceder a los altos costos de la educación en la “nueva” UPR. En su nuevo “presupuesto de la venganza” para el año fiscal que termina en junio de 2019, la JCF ha eliminado, además, la partida de $25 millones para becas universitarias.

 La “nueva” UPR abriría las compuertas para que se entronice en Puerto Rico el ciclo de endeudamiento masivo que ahora asfixia a los estudiantes de las universidades estadounidenses, y que se manifiesta también entre los egresados de las universidades privadas en nuestro país. La deuda “trillonaria” en préstamos para estudios universitarios- que solo beneficia a los prestamistas usureros de Estados Unidos y a ciertas universidades que siguen elevando sus costos de matrícula y cuotas- es uno de los problemas más apremiantes con que dicha sociedad tendrá que bregar más temprano que tarde. 

No es casualidad que en Estados Unidos solo una minoría de los estudiantes egresados de escuela superior se planteen estudiar en una universidad. Esto contrasta con lo que ha sido la tradición de la UPR, la gran institución “igualizadora” que ha abierto el acceso masivo a la educación universitaria en nuestro país, impulsando la capacitación, la profesionalización y la movilidad social de generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas. 

Todo eso habrá de cambiar ahora si nuestro pueblo lo permite. Los signos no son esperanzadores. La Junta de Gobierno de la UPR –liderada por militantes afines a la ideología anexionista del gobierno de Rosselló- ha actuado sin cortapisas ni disimulos. Para empezar, el organismo obvió la opinión de los comités de consulta universitaria para la búsqueda de un nuevo presidente o presidenta. En la primera lista publicada, la cual incluyó las recomendaciones de los comités de consulta, todos los candidatos (había también una candidata) pertenecían al propio sistema de la UPR. De esos, en la segunda lista sobrevivieron solo dos: los doctores Carlos Colón de Armas y Arturo Avilés González, ambos identificados con el PNP. A estos se añadieron otros cinco candidatos y candidatas procedentes de universidades y centros de investigación en Estados Unidos. Resulta curioso que quedara fuera del proceso el doctor Darrell Hillman, a quien la propia Junta de Gobierno trajo como presidente interino al tomar control de la UPR el año pasado. El doctor Hillman, un universitario de carrera y catedrático de medicina dental en el Recinto de Ciencias Médicas, era un lógico candidato para quedarse como presidente en propiedad, pero ni siquiera figuró en la lista de potenciales candidatos. ¿Qué pasó entre Hillman y la Junta de Gobierno para que se enfriara su relación al extremo de descalificar al interino? ¿Qué diferencias hubo entre ellos? ¿Sería acaso porque Hillman- en un arranque de dignidad y tenor universitario- se atrevió públicamente a cuestionar y denunciar las propuestas fiscales de la JCF para la UPR, y propuso resistir y no implantar la tanda de aumentos y recortes exorbitantes que propone el organismo federal? No se sabe a ciencia qué pasó. Sí se sabe-porque está en el récord público- que Hillman defendió la prerrogativa y la capacidad de la comunidad universitaria para internamente- y sin imposición externa- dirimir sus propios asuntos y encontrar las soluciones adecuadas a las difíciles circunstancias del presente. Quizá esta idea pudo haberle parecido demasiado “subversiva” a los ideólogos de la Junta de Gobierno y a los tecnócratas de la JCF.

Este y otros asuntos reflejan la actitud de la mayoría en la Junta de Gobierno-quien tiene el verdadero poder en la UPR- y que ha seguido adelantando sus planes y aplastando de manera contundente a sus opositores. Prueba de esto fueron el desalojo forzado de los estudiantes de la Torre Norte de la residencia universitaria, que sólo pedían que se les escucharan sus reclamos, y el despido del personal y la clausura del periódico Diálogo, vocero por varias décadas del acontecer en la UPR, y foro abierto para la discusión y el debate académicos relevantes a la vida universitaria. 

Fuerza y censura son las armas de la Junta de Gobierno para tratar de imponer la visión de esta administración y de la JCF en la UPR. La llegada del nuevo presidente, Jorge Haddock Acevedo, en esta coyuntura crítica, redondea dichas estrategias. Queda claro que en el cálculo hecho por las autoridades, aunque Haddock es boricua e ingeniero industrial egresado del Recinto Universitario de Mayagüez, su relación con la UPR es tangencial, por lo cual no está “contaminado” ni obedece a la cultura de nuestra universidad. Más importante aún, viene de una larga experiencia académica y administrativa en universidades de Estados Unidos, donde ha ejercido por los pasados doce años como decano de las escuelas de negocio de dos universidades en Virginia y, más recientemente, de la escuela de gerencia de la Universidad de Massachusetts en Boston (UMass). O sea, que su dominio del mercantilismo a la USA está garantizado.

En su primer encuentro con la prensa de Puerto Rico, sus expresiones no fueron muy elocuentes. Más bien sonó evasivo ante los cuestionamientos por el elevado salario de $250,000 anuales que se le pagará de las menguadas arcas de la UPR. Pero, como dice la frase, “por sus frutos, lo conoceréis”. Desde ahora y tras su estreno presidencial el próximo mes de septiembre, el pueblo puertorriqueño tendrá la oportunidad de seguir de cerca y juzgar sus ejecutorias, y así poder determinar si es merecedor o no de su confianza.

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