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No hay justificación para derogar la Ley 80

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 10 de julio de 2018

Aunque para algunos analistas políticos la postura del Senado de Puerto Rico de volver a rechazar la derogación de la Ley 80 sobre el despido injustificado es en el fondo una lucha de poder entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el hecho irrefutable es que no hay ninguna razón económica que justifique su derogación. La insistencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) en que se derogue la Ley 80 responde solo a razones ideológicas. 

Ante el conflicto de tener dos presupuestos –el certificado por la JCF y el aprobado por la Legislatura–, el gobernador llamó a una sesión extraordinaria esperanzado en que el Senado esta vez aprobara la derogación de la ley, para así mantener el acuerdo de presupuesto que negoció con la JCF. El Senado respondió de inmediato a la convocatoria del gobernador el lunes dos de julio y ya el martes tres, en la tarde, había votado en contra,18 a 3. 

Desde que Rosselló Nevares envió el proyecto para derogar la ley, en el mes de marzo, nadie, ni siquiera la JCF acudió a la Legislatura a presentar argumentos que justificaran su eliminación. En varias ocasiones Rivera Schatz hizo declaraciones públicas invitando a la JCF a presentar sus argumentos de por qué la eliminación de la Ley 80 era buena para la economía de Puerto Rico. La Junta se limitó a enviar un documento que evidentemente no convenció al Senado de la necesidad de la derogación.

En entrevista con este semanario tras el más reciente episodio entre la JCF, el gobernador y el Senado, el veterano abogado laboral y exsecretario del Departamento del Trabajo y Relaciones Humanas (DTRH) Ruy Delgado Zayas reiteró que la insistencia de la JCF para la derogación de la ley responde a la visión neoliberal-conservadora por la que está pasando Estados Unidos, por lo que aquí en Puerto Rico, “no podemos esperar otra cosa, es una visión de pensar que los países se manejan como sin fueran negocios”, denunció. 

Por el contrario, enfocó en que la función de un estado en un país no es tener ganancia y evitar tener pérdidas, “Esa no es la función de un gobierno, la gente va a vivir a una sociedad para otros propósitos y designan un gobierno que busque su bienestar, que los proteja. Eso no se mide en dólares y centavos como decimos por ahí”. En el resto del mundo –añadió–, la mayor parte de los países tienen medidas para el despido injustificado de los trabajadores. En el caso de Puerto Rico, ya desde tiempos de España, en el 1886 (hace ya más de 100 años), había una ley que regulaba el despido y trataba de desalentar el despido injustificado. 

Delgado Zayas igual rechazó la enmienda presentada por el también exsecretario del DTRH y ahora senador por el partido de gobierno, Miguel Romero, que introducía salvaguardas en la Ley 100, entre ellas que el Gobierno usara dinero del Fondo Seguro del Estado (FSE) para compensar a un trabajador que haya sido despedido de manera injustificada. De hecho, la petición del gobernador al Senado en su convocatoria a la sesión extraordinaria fue que se aprobara la derogación de la Ley 80 y se aprobaran las enmiendas de Romero. 

En tono crítico Delgado Zayas calificó el proyecto de Romero como un disparate que no tiene sentido: “Estamos hablando de que ahora el estado va asumir la irresponsabilidad de los patronos que botan arbitrariamente; eso no resuelve el problema de los ciudadanos”. El experto en derecho laboral recalcó que el propósito de la Ley 80 es desalentar el despido arbitrario, el despido caprichoso, y que la idea de Romero lo que va a provocar es que el despido resulte gratis para el patrono, lo que sería premiar la irresponsabilidad del patrono. 

En lo que respecta a los argumentos de la JCF, también desmintió que en el estudio de miles de páginas que esta entregó al Senado pretendiendo fundamentar la eliminación de ley, haya una sola página que justifique que su eliminación contribuya a mejorar la situación económica de Puerto Rico. Una vez más recalcó que la postura de la JCF es una totalmente caprichosa y que la teoría del “empleo a voluntad”, es una que existe en EE. UU. 

En tono firme, Delgado Zayas apuntó sobre la JCF, “quienes son los miembros de la Junta son banqueros, gente de finanzas, no son gente de pueblo; ellos no están mirando al pueblo de Puerto Rico, ellos están mirando las finanzas, estamos en manos de personas que no tienen ninguna sensibilidad en relación a las necesidades del pueblo de Puerto Rico están mirando en términos de negocios nada más”. 

Comparó que el primer estado en EE. UU. que estableció la doctrina de “empleo a voluntad” fue Montana en el 1886, y en el 1996 cambió su posición y legisló contra el despido injustificado. Actualmente, es el estado con el por ciento más alto de empleados. Al criticar la postura del gobierno de Puerto Rico de aceptar todo lo que dice la JCF acotó que no hay fundamento ninguno en la Ley Promesa para justificar la pretensión de la JCF de derogar la Ley 80, ya que esta es una ley dirigida al sector privado y es el gobierno quien tiene una crisis económica.

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