Opinión / Editorial

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Alto al despilfarro de bienes públicos

Publicado: miércoles, 17 de enero de 2018

No en balde en Estados Unidos, tanto en el Congreso como en la Casa Blanca, cuestionan la capacidad y la voluntad del gobierno de Puerto Rico para manejar adecuadamente los fondos que se le asignen desde allá para la recuperación post-María. Mientras nuestro país languidece en la inacción, en Washington “deshojan la margarita” para determinar quiénes serán los “guardianes” de los dineros de los contribuyentes estadounidenses que conformarán el préstamo al gobierno de Puerto Rico para la reconstrucción de la Isla, y cuántas “tranquillas” les pondrán para evitar que se lo roben.

Y es que no se trata solamente del cuestionable y malogrado contrato con la empresa de Montana, Whitefish, para reconstruir nuestra red eléctrica. Es que prácticamente todos los días, en Puerto Rico se revela alguna nueva forma de saqueo, despilfarro o manejo imprudente de los fondos públicos, precisamente por parte de los funcionarios gubernamentales que tienen a su cargo administrarlos y responder por los mismos. En este momento se trata del “desgobierno” de Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP) que incluye, por supuesto, a las Cámaras Legislativas y sus flamantes presidentes: Thomas Rivera Schatz, en el Senado y Carlos “Johnny” Méndez, en la Cámara de Representantes.

Lo de los contratos jugosos y dudosos desde el gobierno a correligionarios y amigos de la casa es un patrón tan viejo como el viento. De hecho, ambos partidos que se han turnado en el gobierno de Puerto Rico por los pasados 50 años, PNP y Popular Democrático, han protagonizado una serie de escándalos a lo largo de las décadas, por expedir contratos de abierta inmoralidad y dudosa legalidad, que violan las normas existentes de sana administración, e incluso leyes que ellos mismos en la Legislatura han aprobado y sus respectivas administraciones han refrendado. La “corrupción” con bienes públicos en Puerto Rico es un mal endémico que ha ido agravándose con el paso del tiempo, y en Estados Unidos lo saben aunque se hacen de la vista larga cuando les conviene.

En la página 5 de esta edición de CLARIDAD se revela la existencia de una serie de 9 contratos “extraños”. Todos son entre la Cámara de Representantes y V&C Legal Services, empresa incorporada en 2009 por el Lcdo. Víctor Calderón Cestero quien, a su vez es el asesor legal del Presidente de la Cámara y, hasta hace muy poco, también presidía la Junta de Subastas del organismo, a cargo de escoger a quienes dicho cuerpo les otorgará contratos. Uno de los susodichos contratos, por $103,000 y por cuatro meses de trabajo ($25,000 mensuales), concluyó el pasado 30 de junio. Otros ocho (8) contratos se mantienen vigentes hasta el 30 de junio de este año, totalizando entre todos $647,000 pagaderos a la mencionada corporación. Curiosamente, estos contratos no especifican las tareas a realizarse por tan altos honorarios, más allá de establecer que serán servicios de consultoría legal y administrativa. Y aún más, los mismos no se enmendaron ni se redujeron a pesar del azote de dos poderosos huracanes, y la devastación y necesidades apremiantes que estos crearon. Queda claro que V&C Legal Services no figura entre los negocios castigados por el paso de María. 

Pero, estos no son los únicos contratos objetables en la Asamblea Legislativa. A raíz de la llegada del gobierno del PNP en 2017, se dio a conocer la lista de jugosos contratos que la nueva Legislatura suscribía con políticos derrotados de su partido y con otros consabidos “amigos de la casa”. Por eso, los contratos del Presidente de la Cámara con V&C Legal Services son sólo un ejemplo más del abusivo, indignante y vergonzoso patrón de despilfarro y saqueo de fondos públicos en Puerto Rico. Sólo que ahora se añade el elemento María. ¿Habría alguna otra manera de calificar esta vil conducta en un país quebrado y ahora, además, devastado por un huracán categoría 5; un país donde la mitad de su población carece aún del servicio esencial de luz eléctrica y miles sufren por la falta de agua potable y otras necesidades apremiantes? ¿Quién puede justificar en estas circunstancias extenuantes, y bajo qué excusa, que se sigan pagando contratos por servicios no especificados, en cantidades exorbitantes como los que se pagan a V&C Legal Services? 

Nuestro pueblo no puede ni debe seguir tolerando este robo, ni seguir pagando con nuestras carencias y pobreza por las extravagancias de unos cuantos que se sienten dueños de nuestros haberes. Hay que acabar con los salarios de lujo, como el de Héctor Pesquera, Julia Keleher, Gerardo Portela y demás altos oficiales de AAFAF, o Christian Sobrino del Banco Gubernamental de Fomento y muchos otros que suman millones de dólares que no tenemos. Hay que protestar por los $60 millones anuales que nos cuesta la Junta de Control Fiscal (JCF), sin que se sepa ni se note cuál es su contribución, si alguna, al mejoramiento de la economía y la vida en nuestro país. De hecho, después del paso de María, ¿qué otra cosa a hecho la JCF que no sea pasear, reunirse y pasarnos la factura? 

Hay que acabar con el privilegio de escoltas policíacas pagadas con fondos públicos, mientras se les niega el pago de horas extra a los policías de a pie. Hay que cuestionar hasta que nos contesten de dónde salen los fondos para que los miembros de la llamada “Comisión de Igualdad” se den la buena vida en Washington y agasajen a los congresistas. Hay que preguntar hasta importunar ¿para qué se necesita otra oficina inútil más del gobierno de Puerto Rico en Estados Unidos? Hay que insistir hasta que nos digan de dónde salió el dinero para que el gobernador Rosselló ande “politiqueando” por Washington y la Florida, con tanto que hay que hacer aquí. 

Estas y muchas otras preguntas igualmente urgentes y necesarias aguardan por respuesta. Si la misma no llega, sin duda necesitaremos acción. ¡Ya está bueno de que estos depredadores del bien común nos roben la casa y se salgan con la suya!

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