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$647 MIL AL ABOGADO DE JOHNNY MÉNDEZ

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Por Manuel de J. González

Publicado: miércoles, 17 de enero de 2018

El abogado Víctor Calderón Cestero, asesor legal del actual presidente la Cámara de Representantes de Puerto Rico, es a su vez el dueño de una corporación que disfruta contratos por $647,500.00 con el mismo organismo legislativo. Según los documentos registrados en la Oficina del Contralor de Puerto Rico todos los contratos activos entraron en vigor a partir del mes de julio de 2017 y estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2018. Previo a esas fechas, hubo otro contrato por $103,500 que venció el 30 de junio de 2017. Según la información en poder de CLARIDAD, además del cargo de asesor del presidente cameral Johnny Méndez, Calderón Cestero fungió hasta muy recientemente como presidente de la Junta de Subastas del organismo legislativo que contrata a su corporación. La Junta de Subastas escoge a los contratistas que licitan para ofrecer servicios a la Cámara. 

La entidad en cuestión, con la iniciales del abogado, se llama V & C Legal Services, LLC y está registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico como corporación con fines de lucro con el número 1625. Fue organizada el 4 de junio de 2009, según el certificado de organización suscrito en esa fecha por Kenneth McClintock, Secretario de Estado. El documento sometido al Departamento al solicitar la incorporación está suscrito por Víctor Calderón, a quien se le identifica como “miembro o administrador” de la corporación de “responsabilidad limitada”. La dirección informada es “Bayside Cove, R-PH1, 105 Arterial Hostos, San Juan, Puerto Rico”. Esa misma dirección se informa como perteneciente a Víctor Calderón, quien además comparece como “agente residente” de la entidad. En cuanto a los negocios de la corporación, el documento adopta la definición más amplia posible: “cualquier negocio lícito permitido por las leyes de Puerto Rico.”

Según la documentación de la Oficina del Contralor (OC), la corporación del asesor Calderón Cestero ha tenido nueve contratos con la Cámara de Representantes, todos con números diferentes. De los nueve, ocho estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2018 y uno, por $103,500.00, venció el pasado 30 de junio de 2017. Los $103,500 sólo cubrieron poco más de cuatro meses de “servicio”, a razón de $25 mil mensuales. Cuatro de los contratos vigentes comenzaron a regir el 10 de julio de 2017, uno el 12 de julio y otros dos los días 1y 13 del mismo mes. Hay un contrato adicional que comenzó a regir desde el 10 de agosto de 2017. 

La cuantía de cada uno de los contratos vigentes también varía, siendo la menor por $30 mil y la mayor por $160,000. En total la obligación de la Cámara de Representantes para V & C Legal Service, LLC, asciende a $647,500.00.

Según los documentos examinados por CLARIDAD, los “servicios” de la corporación del abogado Calderón Cestero le serán rendidos directamente a la Cámara de Representantes hasta un monto $384,000.00, y a su Oficina de Servicios Legislativos hasta un monto de $263,500.00. 

En cuanto a la “categoría de servicio” que rinde la corporación de responsabilidad limitada controlada por el asesor Calderón Cestero, se limitan a dos categorías definidas en términos bien generales, a saber, “servicios de consultoría” y “servicios profesionales”. Nada se señala en los documentos en cuanto a las tareas específicas que realizará la corporación. El “tipo de servicio” también se limita a dos renglones: “consultoría administrativa” y “consultoría legal”. 

Según el Registro de Abogados del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Víctor Calderón Cestero tiene también oficinas en Aguadilla con el nombre “Bufete Calderón Cestero”. Su dirección es Avenida San Carlos #13. Su número en el tribunal es 13,266. La corporación, según vimos, aparece domiciliada en San Juan. 

Está cantidad exorbitante de dinero pagada a la corporación del asesor del presidente de la Cámara –quien, además, presidió la Junta de Subastas de ese organismo– no cesó ni se alteró como resultado de la crisis generada por el huracán María que azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017. Según la OFC los contratos siguieron vigentes y lo estarán, al menos, hasta el próximo 30 de junio de 2018. 

Resulta altamente cuestionable, además, que la misma persona que funge como asesor del Presidente cameral y sea responsable de la Junta de Subastas, contrate a su vez con el organismo gubernamental por medio de una corporación que controla, agenciándose ingresos por más de medio millón de dólares.

 

 


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