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Por un modelo de salud universal

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 21 de febrero de 2018

Con los $2.4 billones al año que cuesta el actual modelo de servicios de salud, se podría tener un sistema de salud mejor de no estar las aseguradoras de por medio. Así lo afirmó el presidente del Colegio de Médicos (CMPR), doctor Víctor Ramos Otero, a CLARIDAD en entrevista a la luz de la asignación de los $4.800 billones que el Congreso de Estados Unidos le concedió al gobierno de Puerto Rico para sufragar los servicios del plan de salud para los próximos dos años. 

El doctor Ramos Otero, llamó la atención a que la asignación, aunque “histórica”, es una acción similar a la tomada cuando el huracán Katrina azotó al estado de Luisiana, ante lo cual el Congreso de EE UU le aprobó los fondos del programa del Obama Care para dos años sin necesidad de que el estado pareara los fondos asignados. “Eso no es una solución permanente evita el colapso del sistema por estos dos próximos años pero hay que buscar una solución permanente”. 

Frente a este reconocimiento dijo que ahora lo importante es el modelo, por lo que señaló que le preocupa que continúa el modelo de los multi pagadores y el modelo de competencia, mediante el llamado modelo “advantage”. Según indicó un reciente estudio del General Acounting Office (GAO) reveló la diferencia entre el modelo de medicare tradicional y el advantage representa una diferencia de $12 billones anuales a favor del medicare tradicional. Atribuyó la diferencia a la competencia en que entran las aseguradoras para atraer a los pacientes al modelo de MA. En la isla -describió- hay una penetración grande del MA la cual va relacionada de manera directa al nivel de pobreza ya que el modelo tradicional le sale más caro al paciente. El doctor Ramos Otero observó ante esta situación el que nadie le ha podido explicar cómo detener la espiral de costos que se ha demostrado tiene el MA en un país quebrado como Puerto Rico. 

El Presidente del Colegio de Médicos se expresó a favor de un modelo de sistema universal “no socializado”, un sistema en que las aseguradoras privadas proveen los “excesos” en los servicios de salud, algo así como una habitación privada, una cirugía estética etc. Para el doctor en pediatría tomando en cuenta los recursos que se tienen la salud del país tras el paso del huracán María, es una bastante buena. “Las aseguradoras no hicieron nada el Colegio hizo como 500 misiones y continúa, es un logro de salud pública que no hubiese ninguna epidemia después del huracán se trató de hacer lo mejor posible con sus aciertos y desaciertos”, reclamó sobre la acción de los profesionales de la salud. 

 

Urgente un nuevo modelo

“Definitivamente hay que mejorar la calidad del sistema, la costo efectividad, la equidad en asistencia. Para lograr eso consideramos que hay que tener un sistema universal de salud, cómo llegamos allá eso es lo que hay que estudiar bien de cerca”, apuntó la doctora Sara Huertas, apoyada por sus colegas la doctora Marinilda Rivera Díaz y el doctor Luís Avilés Vera, todos miembros del Consejo Multisectorial del Sistema de Salud (CMSS). 

En búsqueda de ese objetivo el grupo indicó que el Consejo ha estado proponiendo que se haga un estudio actuarial, económico que compare alternativas de modelos de prestación de servicios. Acotaron que ya una gran mayoría de estados han hecho estudios respecto al mismo particular. Huertas destacó que es necesario buscar alternativas que nos lleven a un sistema universal de salud con calidad, porque en el modelo que se tiene en Puerto Rico hay un desperdicio enorme. Precisó que el mejor ejemplo es lo que ha pasado con los $6 billones de los fondos asignados del Obama Care, los cuales se supone que iban a durar hasta el 2019, pero el hecho es que desde el 2017 este dinero se agotó. Mientras los beneficiarios han disminuido, los servicios no han mejorado nada, por el contrario muchos afirman que han empeorado y continúa la fuga de los profesionales de la salud desde antes del huracán. 

Los miembros del Consejo recalcaron que en el sistema de salud a través de corporaciones con fines de lucro como lo son las aseguradoras, como lo son las farmacéuticas, los que manejan los beneficios de farmacia, que son los intermediarios y todos los otros grupos que actúan de intermediarios, todas esas estructuras van sacando el dinero del sistema, por lo que el dinero no llega a los actores principales del sistema que son los pacientes y los profesionales de la salud. Además del sistema universal reclamaron que es necesario que haya un sistema con participación democrática bien fuerte de los diversos sectores de la sociedad que puedan dar insumo sobre los servicios.

Los entrevistados levantaron su preocupación por una serie de aspectos adoptados con los fondos asignados. Comenzando por qué pasara de aquí a dos años, cuando el gobierno de Puerto Rico tenga que volver a parear el dinero de los fondos asignados. Además la falta de transparencia del gobierno el cual no ha hecho público cuáles fueron los aspectos o estudios que le llevaron a determinar que el sistema de una sola región por aseguradora es uno mejor. El otro es la adopción del llamado “pay performance”, el cual ofrece incentivos a los proveedores que cumplan con ciertas métricas, que en la práctica son maneras de excluir de los servicios de salud a las personas más enfermas. Este elemento -dijeron- aparece en el informe de la Junta de Control Fiscal (JCF) como uno de los mecanismos por los cuales se van a dividir los fondos entre personas crónicas y personas en riesgo, “ésos son aspectos que contribuyen a que se vaya sacando del sistema a personas con condiciones crónicas”, precisó Huertas. 

Para la doctora en Trabajo Social, Marinilda Rivera Díaz, éste es el momento para hacer el estudio debido a que el gobierno no tiene que parear los fondos. “Éste es el momento para hacer el estudio y encaminar al país a un modelo fuera del que tenemos llevamos desde el 1993 arrastrando un modelo que no sirve, que nos ha enfermado, que nos tiene en la bancarrota y que obviamente lo que está provocando es el éxodo masivo de los profesionales de la salud, el aumento en condiciones crónicas”. 

En tanto Huertas agregó que el Consejo junto a la Escuela de Salud Pública han estado dando los pasos para conversar con el gobierno para que busque los fondos para la realización del estudio. El costo podría estar en los $500 mil. Comparó que mientras el gobierno no ha hecho estudios- o si los ha realizado al menos nunca los ha hecho públicos, lo único que se ha hecho es bregar con la parte fiscal de cuánto dinero se les va a dar a las aseguradoras. Por su parte el doctor Rafael Torregrosa, también miembro del Consejo, trajo a la atención a que en el Plan Fiscal del gobierno (PFG) en la parte de salud en ningún lugar hace referencia de algún análisis técnico, algún estudio actuarial económico de cómo es que llegan al número de $750 millones en ahorros. “Ese desglose no aparece por eso es que es tan importante hacer el estudio que estamos recomendando”, reiteró, a la vez que recordó que éste es uno de los cuestionamientos que le hizo la JCF al gobierno. 

El doctor Torregrosa reveló que en una reunión que sostuvieron miembros del Consejo con personal de la Agencia de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), se les dijo que no había ningún problema con que el estudio se hiciera y que si el estudio probaba que podría haber un modelo mejor se podía hacer más adelante la transición si un estudio actuarial demostrara que hay un modelo superior. “Lo que no podemos entender es por qué la Junta (se refiere a la JCF) no pude incorporar cuando vaya a certificar el PF que el estudio esté contemplado como parte del plan, porque si en el primer año vemos que no se están logrando las economías nos vamos a quedar así por cinco años”, cuestionó y denunció Torregrosa. 

Ante su cuestionamiento, su colega en el Consejo, el doctor en Política Pública de Salud, Luís Avilés Vera, levantó que la única forma de que Puerto Rico pueda eventualmente cumplir con los objetivos de la ley Promesa de lograr un presupuesto balanceado y regresar al mercado de bonos municipales es a través de un desarrollo económico, pero mientras se continúe con el actual modelo de servicios de salud que se tiene, éste hiere la posibilidad de una recuperación económica. “En ese sentido la Junta lo que tiene es una miopía crasa porque no puede ver a largo plazo, ellos simplemente lo que quieren es imponer políticas de ajuste estructural y políticas de austeridad, recortes y no ven que podrían cumplir con la función que la ley les asigna si Puerto Rico se desarrolla económicamente se han rehúsado a eso por lo que entendemos que ni siquiera ellos están cumpliendo con los objetivos que les mandata la ley que los crea”.

 

 

 

 

 

 

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