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Declaración de los intelectuales Puertorriqueños

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Publicado: martes, 10 de octubre de 2017

Volvemos a publicar esta declaración debido a que nuestra capacidad de reproducir en formato digital se redujo dramáticamente por las circunstancias que conocemos. Hoy ya no existe la moratoria a las leyes de cabotaje. La situaci´øn es igual al primer día.

 

The following statement—signed by over two hundred scholars, writers, professors, and experts with close personal and/or academic ties to the island—comes amid the growing humanitarian crisis in Puerto Rico following the destruction left by Hurricane Maria earlier this month. (English version follows Spanish version).

 

 

27 de septiembre de 2017

Declaración por Puerto Rico

La destrucción causada por el Huracán María ha develado aún más la condición colonial de Puerto Rico, donde millones de personas se enfrentan hoy a una lucha entre la vida y la muerte. La crisis financiera creada por la banca norteamericana y leyes coloniales tales como PROMESA y el Acta Jones (Leyes de Cabotaje) son mecanismos legales que impiden dicha recuperación, poniendo en tela de juicio el valor mismo de la ciudadanía americana en la isla. La urgencia de la situación requiere una respuesta política.

El estado de hecho

Puerto Rico está atravesando una crisis humanitaria como consecuencia del huracán María, que asoló la isla el miércoles, 20 de septiembre de 2017, como un huracán de categoría cuatro. Inmediatamente, por razones de seguridad, el gobernador declaró un toque de queda de siete a seis de la tarde, que continúa vigente indefinidamente. Siete días después del evento, todavía cientos de comunidades se hallan aisladas e inundadas, carentes de alimentos y agua potable por razón de la destrucción de las autopistas y carreteras, sumiendo en la incomunicación a pueblos, barriadas y ciudades. Tampoco se han restablecido los servicios de telefonía, internet, agua potable ni electricidad en la mayor parte del país. El radar meteorológico está destruido, así también como las torres de vigilancia del aeropuerto internacional. Existe una crisis de salubridad pública, dadas las condiciones precarias en los hospitales y la inminencia de epidemias a causa de la contaminación de las aguas. Ciudades, pueblos y barriadas fuera del área metropolitana han sido abandonados y los esfuerzos se concentran en San Juan. El área oeste, por ejemplo, carece de los servicios mínimos. Las imágenes compartidas por los medios de prensa muestran a periodistas y meteorólogos conmovidos con el drama humano ocasionado por el desastre. Lo que aún no se discute en dichos reportajes es un plan coherente de acción a corto y largo plazo para mover al país hacia adelante, especialmente respecto a lo que más urge. Tampoco parece existir un plan de mitigación y no se aducen las razones de la falta de circulación de provisiones y ropa. Se desconoce hacia dónde se dirige el país. El pueblo y el gobierno local necesitan tomar decisiones e implementarlas libre y eficazmente. Inmersos en el espacio de la precariedad, la fuerza se concentra en la sobrevivencia y aún no es visible un análisis sensato de naturaleza política de la experiencia que se vive al presente. Muchos ya han decidido abandonar el país, como se demostró el primer día en que se abrió el aeropuerto internacional. Es una imagen cruel en donde contemplamos cómo la urgencia de la situación y la ausencia de un plan de acción inmediata vacían al país. El peor resultado sería el silenciamiento de cualquier voz disidente. Las medidas de emergencia han creado un estado de excepción, útil para impulsar normas de austeridad que en nada benefician a Puerto Rico, un país ya devastado por el desastre financiero de una deuda impagable.

 

Las islas que conforman la cuenca del Caribe han sufrido los embates de dos fuerzas huracanadas mayores en el mes de septiembre: Irma y María. Las islas de Cuba, República Dominicana, Dominica, Barbuda, las Islas Vírgenes, Antigua, Guadalupe, St. Kitts y Puerto Rico son estados política y geográficamente precarios, por razón de su condición de isla y por su historia colonial. “Provincias de ultramar” se las llamaba, por razón de su dependencia política con respecto a un territorio metropolitano. El mundo ha contemplado en estos días recientes lo que la historia ya ha hecho evidente ante nuestros ojos: nuestras fronteras marítimas y nuestro espacio aéreo son controlados por agencias norteamericanas. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, cuyo vínculo político emana de la invasión de 1898 y de una secuela de leyes que solo sirven para consolidar el vínculo servil y lastrar la posibilidad de la soberanía y la emancipación. La ciudadanía norteamericana facilitó el reclutamiento de puertorriqueños en el servicio militar obligatorio durante las guerras mundiales, donde miles de puertorriqueños fallecieron en guerras ajenas. Así también, la Ley Jones controla y duplica el costo de los bienes materiales que llegan a puerto, pues solo barcos norteamericanos están legitimados comercialmente, impidiendo que los barcos de otros países entablen relaciones comerciales con Puerto Rico.  La reciente ley PROMESA (un acrónimo cínico e injuriante que designa las siglas de una junta de acreedores) y que le impone a Puerto Rico y sus habitantes el pago de millones de dólares y medidas extremas de austeridad ni siquiera se ha auditado. PROMESA se ha convertido en un cuerpo supra gubernamental con control absoluto sobre las finanzas, las leyes y los reglamentos vigentes en Puerto Rico. PROMESA es el acto congresional más oneroso que ratifica la autoridad colonial sobre Puerto Rico y constituye una expresa violación de los principios de la democracia, el republicanismo y la soberanía popular. En ello estriba la necesidad de derogar PROMESA y la Ley Jones, pues en su convergencia jurídica coagulan el dominio del poder colonial con el propósito de conservar y avanzar los intereses económico-políticos de la metrópolis. En este momento, cuando prevalece una crisis humanitaria en Puerto Rico, no existe un ápice de interés que mueva a Washington a derogar permanentemente ambas leyes a fin de que redunde a favor de los intereses del pueblo puertorriqueño en estos tiempos aciagos.

 

La ciudadanía norteamericana, en estas circunstancias, no es un privilegio, sino un carimbo impuesto al esclavo para marcarlo, de forma que rinda con su cuerpo un débito extraño bajo las circunstancias más acuciantes. Se trata de una ciudadanía precaria, sujeta a los límites que el Congreso precisa, sin ninguna interpelación del sujeto a quien se le impone. En estas circunstancias, ser una colonia norteamericana y ser ciudadanos de los EEUU no concede ninguno de los derechos obtenidos por zonas impactadas por los mismos sucesos en territorios norteamericanos. Todo lo contrario. Más bien, la ciudadanía nos convierte en rehenes, en entes prescindibles y en víctimas de una caridad calculada. Es necesario derogar permanentemente el Acta Jones, que impone restricciones de ingreso de otros buques a la isla, siquiera para tender una mano solidaria. Es necesario abolir la Ley Promesa, pues Puerto Rico no puede reconstruirse sobre la base de una deuda impagable y fraudulenta. Ambas leyes condenan al país a un futuro económico insostenible que intensificará el éxodo de los puertorriqueños fuera de su isla. En este contexto, auditar y cuestionar el pago de la deuda es un imperativo económico e histórico

 

El control y confiscación de la ayuda enviada a Puerto Rico  por los Estados Unidos a través de FEMA transforma las coordenadas de interpretación de este evento. En primer lugar, porque somete a los habitantes de un territorio en crisis a lo que pueda realizar una agencia federal, excluyendo la ayuda que pueda provenir de otros países en este momento crítico. Más allá del paternalismo que ello implica, convierte a los puertorriqueños en rehenes de su condición colonial. Al explotarse el momento de precariedad física por la que pasan, promueve el que devenga servilismo psicológico. Hay que preocuparse por la imagen del puertorriqueño que pueda surgir a partir de esta emergencia, ahora que más frágil y precarias son las condiciones, mientras incrementan y se tornan más visibles los uniformes militares. Se propicia el chantaje sentimental, se demora el esfuerzo ante una población que el gobierno federal considera prescindible y se confirma la indiferencia con el cercenamiento de la solidaridad con otros pueblos hermanos al impedirse que fluya otro tipo de ayuda. Se reduce al puertorriqueño al “amparo” de un solo país, se bloquean otras ayudas humanitarias, se le coloca al borde de la desaparición arriesgando la vida de miles que aún se hallan incomunicados. Se desconoce el fin último de este toldo de ayuda federal. La creciente militarización de dicha ayuda humanitaria en un momento en que los puertorriqueños están absolutamente incomunicados y desprovistos no anuncia un futuro claro. Torna la inminente transformación de este estado de emergencia en una oportunidad para medrar económicamente, mientras cientos de personas mueren por falta de agua, alimentos y tratamiento médico. Ninguna razón política o económica justifica la muerte de pacientes de diabetes que no poseen los medios para enfriar sus dosis de insulina ni la de pacientes de diálisis que han visto sus tratamientos interrumpidos por falta de electricidad. Las consecuencias de este bloqueo a la solidaridad podrían ser mayores que las víctimas producidas por el huracán mismo. Las recientes declaraciones del Presidente Trump son alarmantes e indignas de un presidente.  En medio de una crisis humanitaria, el Presidente insiste en ratificar y exigir el cumplimiento del pago de la deuda. Ante dicha posición, es necesario acudir a otros medios y actuar consecuentemente en la búsqueda de alternativas. Es preciso derogar la Ley PROMESA, así como auditar y cuestionar la deuda. No es hora de invocar los falsos derechos inherentes a una ciudadanía de segundo grado, sino clamar por el derecho de todo ser humano a la vida. 

 

Ante esta situación de hechos, exigimos:

·   el reconocimiento de un estado de crisis humanitaria.

·   la derogación permanente e inmediata del Acta Jones (Ley de la Marina Mercante) para Puerto Rico y  de la Ley PROMESA, conjuntamente con la auditoría, el cuestionamiento y la oposición al pago de la deuda. 

·   no condicionar la ayuda provista por las agencias federales y evitar que la demora limite su alcance

·   la apertura de los puertos a todos los que deseen solidarizarse con el pueblo puertorriqueño.

·   el restablecimiento de todos los medios de comunicación y de acceso por mar, tierra y aire a lo largo de la isla.

·   fondos y asistencia para los miles de personas sin casa, sin agua, sin alimentos y sin servicios de electricidad.

 

 

September 27, 2017.

 

Statement for Puerto Rico

The destruction brought by Hurricane Maria has exposed the profound colonial condition of Puerto Rico, as millions of human beings are faced with a life or death situation. The financial crisis manufactured by American bankers, colonial laws such as PROMESA and the Jones Act that controls maritime space, are legal mechanisms that prevent Puerto Rico’s recovery, and even call into question the effective value of American citizenship on that island. Given the severity of the situation, political action is necessary.

The State of Facts

Puerto Rico is experiencing a humanitarian crisis as a result of Hurricane Maria, which struck the island on Wednesday, September 20, 2017, as a Category Four hurricane. Immediately thereafter, Governor Rosselló declared a curfew from dawn to dusk for security reasons. Seven days after the event, hundreds of communities are still flooded, isolated without any food or drinking water, as highways and roads are blocked or destroyed, making communication between towns, neighborhoods and cities impossible. Telephone, internet, drinking water and electricity services have not been re-established in most communities. The weather radar was destroyed as well as the surveillance towers at the San Juan International Airport. There is a public health crisis due to the precarious conditions in hospitals and the threat of epidemics stemming from contaminated water. Cities, towns and neighborhoods outside the metropolitan area have been abandoned, and efforts are concentrated in the San Juan metro area. The western part of the island, for example, lacks minimum services. The images shared with the world by visibly shaken journalists, television anchors, and meteorologists speak of the human drama caused by the disaster. What is missing from many of those reports is concrete information of plans and immediate, achievable initiatives to move the country ahead, as well as an ongoing plan. Explanations are necessary for why so many efforts to reach, house, feed and clothe many Puerto Ricans are unsuccessful. Where the country will go from here is unknown. The people and the local government need the freedom to make and act on decisions efficiently. The state of precariousness in which the entire population of the island finds itself forces individuals to concentrate all of their strength on survival, while no sensible political analysis of the situation is available yet. Many have already opted to leave the country as the re-opening of the Luis Muñoz Marín airport demonstrated in its first day of service after the hurricane. It is a cruel picture in which we see how the urgency and faulty leadership of the situation are rapidly emptying the country of its people; the potential silencing of any dissident voices in the process is unacceptable. The state of emergency has become a state of exception and it could be used to promote new measures of austerity that will not benefit Puerto Rico, a country already devastated by the financial disaster of an unpayable debt.

 

The Caribbean has been pummeled by two major hurricanes in the month of September: Irma and Maria. Cuba, the Dominican Republic, Dominica, Barbuda, the Virgin Islands, Antigua, Guadeloupe, St. Kitts, and Puerto Rico are geopolitically precarious: physically as islands and politically for their colonial history. They were traditionally called “Overseas Provinces” because of their political and economic dependence on a metropolitan mainland. The world has found out in the past few days what our history has always stubbornly made visible to us: our maritime borders and our air space are controlled by federal agencies. Puerto Rico is a colony of the United States. Its political status stems from the U.S. invasion of 1898 and a series of laws that served only to consolidate U.S. control, hindering the possibility of Puerto Rican sovereignty and political emancipation. The granting of US citizenship in 1917 facilitated the recruitment of Puerto Ricans into military service in two world wars and other conflicts. Thousands of Puerto Ricans died in other peoples’ wars. The Merchant Marine Act of 1920, or Jones Act, determines that Puerto Rico's maritime waters and ports are controlled by U.S. agencies. The limits on shipping imposed by the Jones Act double the cost of consumer goods arriving at our shores, because only US ships are commercially legitimate; this curtails the ability of non-U.S. ships and crews to engage in commercial trade with Puerto Rico. The recent legislation, PROMESA (or “promise,” a cynical and injurious acronym for the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act), which imposes millions of dollars of accrued debt and stringent austerity measures on Puerto Rico and its inhabitants, is yet to be audited. PROMESA has established a supra governmental body with complete control over finances and the laws and regulations adopted by the PR government.  PROMESA represents Congress’ most significant overt act to restate its colonial authority over Puerto Rico in total disregard of democracy, republicanism, and popular sovereignty.  Here is where the need to repeal PROMESA and the Jones Act intersect, as both are exercises of colonial power to further the economic and political interest of the metropolis.  At this time of humanitarian crisis and dire times for Puerto Rico, Washington remains reluctant to act in the best interest of the people of Puerto Rico and has not taken measures to repeal both PROMESA and the Jones Act.

 

The US citizenship of Puerto Ricans, in this circumstance, is not a privilege, but the branding of oppression. It is a precarious citizenship subject to the limits imposed by the US Congress without any interpellation of the subject to whom it is imposed. As an American colony, citizenship in this case actually denies Puerto Ricans the rights obtained by other regions impacted by the same events in the North American mainland. On the contrary, citizenship makes us hostages, dispensable entities and victims of calculated charity. It is necessary to permanently repeal the Jones Act, which imposes restrictions on the entry of other vessels to the island wishing to lend a hand. It is necessary to abolish the PROMESA Law permanently, since Puerto Rico cannot be rebuilt on the basis of an unpayable and fraudulent debt. Both laws condemn the country to an unsustainable economic future that will intensify the exodus of Puerto Ricans from their island.  Given this context, auditing the debt and challenging its payment become economic and historical imperatives. 

 

The manner in which aid delivered to Puerto Rico has been confiscated and controlled by FEMA shapes our interpretation of this event. It subjects the inhabitants of a territory in crisis to the limits of what a federal agency is willing to do, and denies aid that may come from other countries at this critical time. Beyond the paternalism that this implies, it turns Puerto Ricans into hostages of their colonial condition. While exploiting the physical deprivation Puerto Ricans are experiencing, FEMA’s presence also promotes psychological servility. As military uniforms increase and become more visible due to this emergency, the image of the Puerto Rican that could emerge from this situation produces great concern, particularly now, as people in the island confront increasingly fragile and precarious conditions. While heartstrings are pulled by media spinners, efforts are delayed for a population that the federal government considers expendable and this negligence becomes fully obvious when fellow countries are prevented from helping aid flow into and through the island. This situation leaves Puerto Ricans at the mercy of the equivocal aid provided by one country, while other humanitarian aid is blocked. Puerto Ricans are placed under peril, endangering the lives of thousands that still have not been reached. The ultimate goal of this federal aid is unknown. Its growing militarization at a time when Puerto Ricans are deprived of the basic means of survival and communication is alarming. It turns this state of emergency into an opportunity for some to thrive financially while hundreds of people die from lack of water, food and medical treatment. No political or economic reason justifies the death of diabetes patients who do not have the means to keep their insulin cool nor dialysis patients who have seen their treatments interrupted due to lack of electricity. The consequences of this blockade on solidarity could be greater than the victims produced by the hurricane itself. The recent statements by President Trump are unworthy of any president. In the midst of a humanitarian crisis, he demands payment of the debt. Given his position, alternative action must be taken. It is imperative to repeal the PROMESA law and audit and challenge the payment of the debt. This is not the time to invoke the false rights inherent in second class citizenship, but to claim the right of every human being to life.

 

Faced with these facts, we demand:

·       The recognition of a state of humanitarian crisis.

·       The immediate and permanent repeal of the Jones Act (Merchant Marine Act) for Puerto Rico and the PROMESA Law while auditing, interrogating and challenging the debt and opposing its payment. 

·       That the aid provided by the federal agencies not be subjected by any conditions or delays that can limit its reach.

·       The opening of the ports to all those who wish to show solidarity with the Puerto Rican people.

·       The reestablishment of all means of communication and access by sea, land and air across the island.

·       Dedicated funds and assistance for the thousands of people without home, water, food, and electricity.

 

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