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El cantazo de Jueves Santo

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Por Manuel de J. González

Publicado: miércoles, 19 de abril de 2017

Cuando los políticos puertorriqueños se aprestaban a pasar los días “santos” de 2017 como de ordinario los pasan (en pura fiesta) al Departamento de Justicia de Estados Unidos se le ocurrió enviar su carta reaccionando al plebiscito que el actual gobierno anexionista quiere celebrar el próximo mes de junio. La carta (ver p.28), también conocida como el mazazo del jueves santo, declaró la consulta inaceptable y, por tanto, negó autorización para autorizar cierta suma de dinero incluida en el presupuesto federal de 2014. 

Para entender todo esto, como es nuestra costumbre, es necesario repasar algunas cosas. Veamos. 

Una de las ofertas que hizo Barack Obama en 2008 –cuando necesitaba los votos de los puertorriqueños que asistirían como delegados a la Convención Demócrata– fue comprometerse a resolver nuestro “problema de estatus”. Pasó su primer cuatrienio sin mirar hacia acá y cuando ya avanzaba el segundo, en el presupuesto aprobado en 2014 coló una asignación de $2.5 millones para el financiamiento de otro plebiscito en el que los puertorriqueños votaríamos una vez más sobre nuestro futuro. Para complacer al grupo anexionista que siempre lo apoyó, dispuso que para poder utilizar el dinero en la futura consulta el Secretario de Justicia de Estados Unidos debía “certificar” que las opciones sobre las que el pueblo votaría “no son incompatibles con la Constitución de Estados Unidos”. Como en una constitución democrática no se supone que quepa el colonialismo (falsa hipótesis, como ya sabemos) algunos vieron esa necesaria “certificación” de Justicia como algo positivo. 

Las reacciones hiperbólicas de los anexionistas aparecieron de inmediato. “Hoy es un día histórico para todos los que luchamos por la igualdad y la justicia para Puerto Rico”, dijo el entonces Comisionado Residente Pedro Pierluisi. Añadía que las opciones de la futura consulta tenían que ser descolonizadoras. “Es evidente que Puerto Rico no puede resolver su futuro estatus manteniendo el estatus antidemocrático, poco digno, y territorial que hemos aguantado por 115 años y que fue rechazado contundentemente en el plebiscito (de 2012)”. Como vemos, la euforia fue grande.

El gobierno del Popular Alejandro García Padilla, al que le quedaban más de dos años cuando se aprobó la propuesta de Obama, no movió un dedo en pos del nuevo plebiscito, pero tras el triunfo del PNP en noviembre 2016 el ambiente cambió. En una movida muy hábil, tan pronto asumieron control del Gobierno diseñaron una consulta en la que, por primera vez, esperaban obtener una mayoría amplia a favor de la incorporación de Puerto Rico como estado de la Unión. La colonia –llámese ELA o territorio– no estaría en la papeleta y a la independencia la juntaron con la libre asociación. Con ese junte querían evitar que los Populares se dispusieran a votar por esta última como medio para derrotar la estadidad. 

La clave de la movida, sin embargo, no estaba en la configuración de la papeleta sino en la certificación que debía emitir Justicia federal. Como señalé, ese tema literalmente fue colado por Obama como una pequeña nota dentro del enorme volumen de letras y números que es el presupuesto de Estados Unidos, y pasó desapercibido para la mayoría de los congresistas. Sin embargo, la certificación que para poder utilizar el dinero legislado debe emitir Justicia abre la puerta para decir que el plebiscito tiene el “aval” de Estados Unidos y, como ya ha dicho Ricardo Rosselló, resulta “vinculante” para su gobierno. 

El hábil plan del PNP se daría en tres pasos. El primero era lograr la certificación de Justicia, la que esperaban conseguir dado que ese mismo Departamento, cuando compareció ante el Tribunal Supremo en el caso Sánchez Valle, sin ambigüedad alguna expuso la naturaleza colonial del supuesto ELA. El siguiente paso sería la consulta plebiscitaria que, dado su diseño y el estado de ansiedad que vive nuestro país, arrojaría, según esperaban, la mayoría que buscaban. El tercer paso es el que han llamado “Plan Tennessee”, en referencia a lo que ese estado hizo previo a lograr su admisión a la Unión. Conseguida la mayoría a favor de la estadidad y sabiendo que el Congreso no la reconocería, elegirán mediante votación popular los “senadores” y “representantes” que reclaman y los enviarán a Washington. Así, mediante presión y denuncias de violación de derechos civiles, esperan lograr el ambiente que eventualmente se traduzca en la tan ansiada “acta de admisión”. 

La carta, que a nombre del Departamento suscribe Dana Boente, no deja sobre el tapete duda alguna de que el nuevo gobierno estadounidense se dispone a atajar la estrategia anexionista cerrándole el paso a la estadidad. Su primera acción, y la más importante para ellos, es negar la certificación que permitiría utilizar los $2.5 millones eliminando así cualquier posible argumento futuro de que la consulta plebiscitaria se efectuaría con el “aval” de Estados Unidos. Ahora impiden el uso del dinero con el argumento de que lo que llaman “estatus territorial” –la colonia monda y lironda– debe estar incluida en la consulta. (De paso también reclaman eliminar de la papeleta la afirmación de que sólo la estadidad garantiza la ciudadanía estadounidense.) 

Ya el primer golpe está dado y los anexionistas boricuas se han visto obligados a volver a la mesa de diseño. El segundo golpe está sugerido en la misma carta con la advertencia de que ante una nueva propuesta Justicia necesita tiempo para evaluarla. La fecha de junio queda así descartada. Luego buscarán otros argumentos para que la llamada certificación nunca se produzca. 

Ante estas tempestades todo indica que los anexionistas sólo podrán celebrar otro plebiscito criollo, si la Junta de Control Fiscal les permite utilizar fondos públicos para financiarlo. 

El nuevo drama confirma dos verdades muy definidas a lo largo de nuestra historia. En primer lugar que el coloniaje existe porque Estados Unidos, dado que le conviene, lo patrocina. En segundo lugar, que la potencia del norte no está dispuesta a tragarse como estado esta nación caribeña que habla español y se proclama latina.

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