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Irresponsables los procesos “fast track”

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 29 de noviembre de 2017

Como otra barbaridad después de la catástrofe sufrida por el huracán María, catalogaron varios científicos consultados por CLARIDAD, la privatización del proceso de permisos, que anunció la Junta de Control Fiscal (JCF). La Junta estaría recibiendo propuestas para seleccionar a una firma para “desarrollar, evaluar, e implementar esquemas de permisos expeditos en apoyo al Proceso Críticos bajo el Título V”, de la llamada ley Promesa. 

El planificador ambiental José Rivera Santana, censuró la acción de la JCF que es una dirigida a privatizar el proceso de permisos, ya que las agencias que por ley están mandatadas a examinar y pasar juicio sobre los diversos permisos que se solicitan en el país son las agencias como la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Rivera Santana, quien es miembro de la Concertación Contra la JCF denunció que además de pretender un proceso de ‘by pass” a los llamados proyectos críticos la acción de la Junta refleja desconfianza en los funcionarios y técnicos que trabajan en estas agencias. Reiteró que mediante la creación del llamado coordinador de revitalización, que ocupa Noel Zamot, el gobierno de Puerto Rico ha quedado en la práctica totalmente fuera de este proceso. 

Comentó que aún cuando la JCF se refiere a “revitalización” de infraestructura, la meta es promover inversión privada por lo que están acomodando el término a cualquier cosa. 

 

¿Cuál es la infraestructura que nos hace falta?

Rivera Santana acotó que hay que hacerse esa pregunta para poder reconstruir infraestructura que sea compatible con nuestra situación geográfica y económica. Pero el hecho es que hasta ahora no se sabe cuáles son los proyectos en los que está pensando la Junta de Control Fiscal. Hasta el presente el coordinador Zamot, ha hablado en términos generales de infraestructura de agua, transportación y proyectos de energía. En este último aspecto hay que recordar que hace unas semanas Zamot presentó en las vistas en el Congreso de EE UU al proyecto de la incineradora de Arecibo, Energy Answer (EA), como uno que podía certificarse como un proyecto “crítico”, bajo la Ley Promesa. En esa misma línea Rivera Santana advirtió que los proyectos de gasoductos ninguno hace falta en el país. 

Por el contrario señaló que algunos ejemplos de proyectos de infraestructura que hacen falta en el país son iniciar la transición de combustibles fósiles a energía renovable; hacer un examen riguroso sobre las condiciones de los puentes después de ambos huracanes, trajo a la atención a que todavía hay comunidades aisladas por la perdida de sus accesos. Es necesario hacer estudios sobre la estabilidad de terrenos para identificar en un futuro dónde construir y dónde no construir. Para el planificador un proyecto de infraestructura en el cual sí se debe invertir es culminar el dragado del caño Martín Peña, construir plantas de tratamiento de aguas usadas terciarias para tener una mejor calidad. 

Por su parte el profesor de geomorfología, José Molinelli Freytes, describió como una barbaridad que después de la catástrofe dejada por el huracán María, se pretenda aplicar leyes más laxas. En tono severo Molinelli Freytes reclamó que hay que ser más rigurosos y hay que establecer la diferencia, entre lo que es hacer las cosas mas rápido y hacerlas bien, y no obviando las leyes ambientales. Reclamó, además, que es momento de discutir de cómo vamos a rediseñar un país que esté mas preparado para enfrentar eventos de la naturaleza. Eso no se consigue permitiendo que se construya en zonas de alto riesgo, como lo son las zonas inundables, y áreas suceptibles a deslizamientos. Preciso que en el país hay más de 160 mil personas que viven en zonas inundables y sobre 100 comunidades en zonas suceptibles a deslizamientos. 

Molinelli Freytes, recalcó que es hora de que en Puerto Rico se aplique con más rigurosidad el conocimiento científico, las leyes y procesos ambientales “y no como quiere la Junta de Control Fiscal y Zamot, que es una irresponsabilidad”. 

 

 

 

 

 

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