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El gobierno de Puerto Rico no previno la mayoría de las muertes por el huracán María (final)

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Por Centro de Periodismo Investigativo

Publicado: miércoles, 6 de junio de 2018

Por Jeniffer Wiscovitch y Omaya Sosa Pascual

Centro Periodismo Investigativo

 

¿36 millones después dónde está el plan?

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, rechazó responder la pregunta de si existía o existe algún tipo de plan de respuesta, ni proveyó la copia del documento solicitada por el CPI. Su portavoz, Peter Quiñones, respondió en su lugar diciendo que están “trabajando una posible conferencia de prensa sobre este tema”, luego de semanas de insistencia del CPI.

Un plan abarcador y real estaba supuesto a elaborarse a partir de unos planes regionales que quedaron a cargo de las Coaliciones de Servicios de Salud (HCC, por sus siglas en inglés) que la agencia estableció con fondos federales hace seis años. Esta iniciativa es parte del Programa para la Preparación de Hospitales de Salud federal que ha otorgado sobre $33 millones al Departamento de Salud de Puerto Rico desde 2009 hasta el año en curso.

Pero los planes no fueron desarrollados, según reconoció al CPI Liza Millán, planificadora de las Coaliciones del Departamento de Salud.

Millán sostuvo que cada hospital debe tener sus planes operacionales para atender emergencias, pero que a través de las Coaliciones se pretende que todas las instituciones y facilidades de salud de cada zona se rijan bajo el mismo plan.

“Si hay una emergencia en la región, se supone que se utilice un plan regional”, sostuvo en enero durante la primera reunión de la Coalición de la región Aguadilla-Mayagüez. Ahora, tras la tormenta, es que están desarrollando dichos planes, agregó.

La Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta de Salud Pública de Salud cuenta con una división de Coaliciones de Servicios de Salud (HCC), cuya misión es preparar a las siete regiones del Departamento de Salud, al igual que a toda facilidad que provea servicios de salud, ante una emergencia de salud pública. Estas Coaliciones llevan seis años reuniéndose, sin embargo, no fue hasta inicios de este año 2018 — cuatro meses después del huracán María — que las mismas comenzaron a trabajar con sus planes estratégicos y de preparación.

“(El objetivo es) desarrollar un plan regional porque no había, y se tuvieron que comunicar de manera informal [durante el huracán María]. Cuando digo informal es que no había nada escrito, no había responsabilidades asignadas”, explicó Millán.

La ausencia de un plan de respuesta coordinado de salud pública fue además uno de los hallazgos principales de la comisión que investigó las violaciones de derechos humanos tras los huracanes Irma y María, y que también documentó casos en otros hospitales del país.

“Claramente, con el paso del huracán se vio cómo hospitales privados aislados de prácticas y centros individuales no pudieron constituirse en las redes necesarias ni prevenir ni atender las necesidades de salud mediante servicios directos o poblacionales — ofrecer medicamentos necesarios ante la esperada crisis, educación en torno a la prevención de accidentes, enfermedades contagiosas, contaminación de las aguas y del ambiente y precauciones para su prevención o mitigación”, sostiene el informe de la comisión liderada por el Instituto Caribeño de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

“Evidentemente hubo monitoría inadecuada de las instituciones de modo que contaran con los equipos de emergencia necesarios, por ejemplo. La seriedad de muchos de estos ejemplos apunta a un sistema deshumanizado que ofrece un cheque en blanco para transgredir los derechos de forma ‘rutinaria’ y ‘normalizada’”, agrega.

 

El 60% murió en facilidades de salud

Una muestra de casos de las víctimas fatales del huracán María documentados y analizados preliminarmente por el CPI y qz.com, un medio especializado en periodismo de datos, apunta a que sobre el 60% de las muertes vinculadas al desastre ocurrieron en los hospitales, CDTs y asilos del país.

Estos casos, informados directamente por familiares y conocidos a través de un formulario desarrollado por ambos medios y expertos en salud pública, demuestran que la mayoría de estas muertes se produjeron durante las semanas que siguieron al huracán, no el día del evento, y según detallan familiares y amigos de los difuntos en los testimonios vertidos en los formularios y en entrevistas posteriores de seguimiento, se produjeron en circunstancias relacionadas a problemas con servicios básicos en estas facilidades u otras dependencias de servicios de salud como farmacias, oficinas de médicos, centros de tratamientos especializados como diálisis y quimioterapia, que no estaban prestando servicios vitales o que incluso tuvieron que cerrar sus puertas quedando los pacientes a la deriva. Entre los problemas denunciados figuran fallas en equipos médicos o imposibilidad de utilizarlos por falta de electricidad, condiciones insalubres por la humedad y el calor, falta de suplidos como oxígeno y medicamentos, y falta de facilidades para refrigerar medicamentos. Estas situaciones continuaron ocurriendo semanas y meses después del paso de María, según la muestra.

Tanto Millán como Ada Santiago, especialista de las Coaliciones del Departamento de Salud, coincidieron en que el problema mayor en los hospitales y demás facilidades de salud durante la emergencia, adicional a la falta de agua potable y electricidad, fue el suministro de oxígeno.

“El problema del oxígeno lo tuvieron todos los hospitales”, aseguró Santiago.

“El problema con el oxígeno, que a lo mejor la gente no lo entiende, es que son compañías privadas [quienes lo suplen]. El trabajo de los hospitales no es darte oxígeno, es atender emergencias. Una persona con necesidad de oxígeno, en una emergencia declarada, no es prioridad para un hospital, por eso no se estaban recibiendo. Eso es estándar; en una emergencia los hospitales van a limitar sus servicios, porque están limitados de personal, de recursos. Ellos se van a enfocar solamente en situaciones de emergencia”, indicó Millán.

Hay un sinnúmero de condiciones pulmonares y respiratorias que requieren que personas utilicen oxígeno como mecanismo de sostenimiento para vivir en sus residencias o en hogares de ancianos. Estos casos no constituyen una emergencia médica, pero si dejan de recibir oxígeno se pueden descompensar y convertirse en una emergencia o muerte. Regularmente estos pacientes reciben los suplidos de oxígeno en su lugar de vivienda, pero tras el desastre, las compañías dejaron de hacer las entregas y los pacientes acudieron a los hospitales en busca de su dosis vital. Pero los hospitales no están diseñados para dar este tipo de servicios de apoyo y no cuentan con reservas para ello. La cantidad de oxígeno que adquieren y almacenan es para sus servicios de emergencias y cirugías, que es mucho menor.

 

Gobierno dice que no hay recursos para inspeccionar

El estado real de todas las instituciones previo al desastre natural y si cumplían con los estándares de contingencia ante este tipo de emergencia, así como la magnitud de la dejadez del gobierno en fiscalizarlas, no puede determinarse porque el gobierno se niega a entregar al CPI los nombres de las facilidades inspeccionadas, las fechas de las visitas y los informes con los resultados, alegando que es información confidencial. Esto, pese al alto interés público y al aumento significativo de fallecimientos en estas instituciones las seis semanas que siguieron al huracán, cuando la tasa promedio de muertes en los hospitales se disparó en un 38% respecto a 2016 y en los asilos un 77%, según las estadísticas del Departamento de Salud.

La Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), división de Salud a cargo de la tarea de inspección, no ha contado con los recursos para la encomienda al menos por los pasados 10 años. En 2009, la secretaria auxiliar Rosa Hernández declaró ante una investigación del Senado de Puerto Rico que, por causa de los despidos de la Ley 7 de Emergencia Fiscal de 2009, quedó con solo cuatro inspectores, lo cual les había impedido verificar si todos los hospitales y salas estabilizadoras de la isla cumplían con los requisitos de ley.

La funcionaria que ocupa el puesto actualmente, Verónica Núñez, reconoció en entrevista con el CPI que tampoco ha podido inspeccionar la totalidad de las instituciones cada dos años, como procede, porque aunque ahora cuenta con 10 inspectores, son insuficientes.

 “Son muchísimas facilidades para los inspectores y claramente no se puede, se tiene que programar de forma tal para cubrir la mayor cantidad de facilidades distintas posibles. Por eso es que no se inspeccionan en total”, explicó.

“Se hace lo que se puede”, acotó.

No fue hasta el 27 de septiembre, una semana posterior al ciclón, el 27 de septiembre, que los inspectores de SARAFS se lanzaron a la calle a inspeccionar los hospitales para ver si estaban cumpliendo con los requerimientos mínimos para poder estar proveyendo servicios de salud, reconoció Núñez.

El 18 de octubre, un mes después del huracán y tras una investigación publicada por el CPI sobre el caos que imperaba en los hospitales proclamados por el gobierno como los centros regionales mejor preparados para atender a los pacientes, fue que el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, emitió la Orden Administrativa 374 para que los inspectores de SARAFS inspeccionaran los hospitales cada 72 horas. Encontraron que los hospitales “no estaban cumpliendo al 100%” con la Ley 101 de Facilidades de Salud de Puerto Rico y el Reglamento 117 que rige el licenciamiento, operación y mantenimiento de hospitales en Puerto Rico, dijo la funcionaria, pero no quiso ofrecer detalles sobre los incumplimientos alegando que esa información es confidencial.

La funcionaria dijo que desde finales de septiembre hasta diciembre sus inspectores realizaron 359 inspecciones, pero no permitió al CPI obtener copia de los resultados de las inspecciones, ni detalles sobre los hallazgos. No hubo multas.

Sostuvo que SARAFS solo recomendó el cierre de un hospital, el Buen Samaritano en Aguadilla, que estuvo cerrado del 7 de octubre al 17 de noviembre de 2017, un día después que el CPI denunciara las condiciones en que se encontraba éste y otros dos hospitales que según el gobierno estaban operacionales. La recomendación surgió porque dicho hospital tenía pacientes entubados en la Unidad de Cuidado Intensivo y dependientes de ventilador, sin energía eléctrica y operando con un solo generador. La facilidad no contaba con un generador de resguardo.

Los dos otros cierres que hubo — según SARAFS — fueron del Healthsouth Rehabilitation Hospital de Manatí y el Centro de Salud familiar Susana Centeno de Vieques. El hospital de Manatí tuvo un cierre temporero y de manera voluntaria del 27 de septiembre al 6 de noviembre de 2017 por los daños sufridos por el huracán. En el caso del hospital de Vieques, fue cerrado luego de la evaluación y recomendación del Departamento de Salud, Department of Health and Human Services (HHS) y el Cuerpo de Ingenieros. Todavía se encuentra cerrado.

Núñez no mencionó el cierre de otros dos hospitales tras el huracán, constatado por el CPI: el Hospital Susoni de Arecibo y el Hospital Ryder de Humacao. A ocho meses del huracán, Ryder solo mantiene su sala de emergencias abierta, sus salas de operaciones, partos y algunos pisos continúan cerrados, confirmó la institución.

La omisión se suma a las incongruencias del gobierno en cuanto al cierre de hospitales y facilidades de salud justo después del ciclón. El 26 de septiembre, el secretario de Salud, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, declaró al CPI que el 70% de los hospitales estaban cerrados y solo 18 permanecían abiertos. Rodríguez nunca volvió a conceder entrevista al CPI sobre el tema. Una semana más tarde, el gobernador Ricardo Rosselló anunciaba en conferencia de prensa que 63 de los 68 hospitales del País ya estaban “operacionales”, y la semana siguiente dijo que todos los hospitales estaban abiertos, sin explicar cómo logró reabrir los 56 hospitales que estaban cerrados dos semanas antes. Horas después de este último anuncio, Fortaleza tuvo que anunciar que cerraba Ryder de Humacao.

La misma semana que el Gobernador anunciaba que todos los hospitales estaban abiertos y “operacionales”, el CPI encontró que Susoni estaba cerrado, y otros no estaban en condiciones aptas para atender pacientes o tenían áreas cerradas como Pavía de Arecibo y el Buen Samaritano de Aguadilla.

La Fortaleza asignó al secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, en vez de al secretario de Salud, para responder las preguntas del CPI sobre el tema y explicar las incongruencias. Rosario dijo que la designación de “operacionales” lo único que significaba era que “estaban recibiendo pacientes”. Asimismo dijo que no había por qué ofrecer información adicional a los ciudadanos sobre las condiciones reales en los hospitales porque el sistema de salud del país estaba funcionando “como de costumbre”. Un día después de la publicación del CPI, el gobierno cerró el Buen Samaritano.

Finalmente, Núñez dijo desconocer si el reglamento de licenciamiento de hospitales y facilidades de salud de Puerto Rico, que administra su dependencia, contiene alguna disposición que exija a las instituciones tener un plan de respuesta a emergencias.

“Entiendo que hay un capítulo de emergencias, pero de estarlo, entiendo que es muy vago, tengo que corroborarlo nuevamente, porque no me parece que lo tenga”, sostuvo.

El CPI corroboró que en realidad dicho capítulo no existe. Lo único que existe es una referencia a que los hospitales tienen que tener abastos de agua listos en casos de emergencia.

 

Investigaban hospitales y CDT’s antes de María

Las condiciones en las que se encontraban los hospitales antes de María ya habían motivado el inicio de varias investigaciones legislativas.

Entre estas, una pesquisa iniciada en el 2017 por la Comisión de Salud de la Cámara de Representes para indagar en los servicios que ofrecen los hospitales y Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) que pertenecen al gobierno. La medida, la Resolución de la Cámara 57, fue presentada por el representante Juan Oscar Morales.

La Comisión inició visitas a los CDTs y hospitales, encontrando, entre muchas deficiencias, plantas físicas deterioradas y no aptas para pacientes ni empleados. Asimismo, encontraron informes con señalamientos de problemas emitidos por SARAFS que tardaron más de dos años en atenderse. No hubo multas.

Según el representante Morales, SARAFS emitió un informe con unos señalamientos al CDT de Guayanilla en septiembre de 2016 y no fue hasta enero del 2018 que el administrador de esta institución hospitalaria sometió el plan correctivo a SARAFS.

El representante dijo desconocer cuáles fueron los señalamientos en detalle, porque el día de la vista ocular el representante de SARAFS que estuvo presente no lo llevó consigo.

En el caso de Manatí, el legislador dijo que la Comisión encontró que SARAFS no había visitado el CDT de dicho municipio hacía ocho años, desde el 2008, cuando por reglamento las visitas tienen que ser al menos una vez durante los dos años que está vigente su licencia.

Otro de los hospitales visitados fue el Centro Médico de Río Piedras. Fue una visita sorpresa para constatar las quejas de que los pacientes pasan semanas en los pasillos sin ser atendidos.

“Fuimos y constatamos que había personas que llevaban días sin ser atendidos”, aseguró el legislador, quien además mencionó que durante su visita encontraron gente esperando en el área de afuera, en lugar de en la sala de espera, ya que no había espacio.

En Vieques la situación encontrada en julio de 2017 era tétrica: un CDT con áreas sin aire acondicionado, los matress rotos a tal nivel que los pacientes manifestaban sentir el frío de los tubos de la parte de abajo de las camas.

El asunto del aire acondicionado será motivo de otra investigación adicional, puesto que durante la pasada administración se adquirieron unos aires a un costo de $400 mil, los que funcionaron solo cuatro a cinco meses, aproximadamente. Luego, adquirieron unas unidades móviles por las que pagaban unos $8 mil al mes, en lugar de reparar los costosos aires que se habían adquirido. Hoy día, el CDT sigue cerrado.

La Comisión regresó al Centro Médico después del huracán María, el 7 de noviembre de 2017, ante los rumores de que estaba inoperante. Encontraron que estaba funcionando, pero con generadores eléctricos y recibiendo a una cantidad excesiva de pacientes. “Estaba demasiado lleno”, sentenció.

Otra visita hecha después de María fue al Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau (antiguo Hospital Regional) de Bayamón. A pesar de que sufrió severos daños en el techo y no contaba con condiciones adecuadas para albergar pacientes y empleados, nunca dejó de operar. Por el contrario, se convirtió en un hospital regional que recibió personas de Naranjito, Barranquitas y Orocovis, canalizando el ataponamiento de pacientes en el Centro Médico.

En el Senado, también se comenzó en marzo de este año una investigación sobre los servicios que ofrecen los hospitales. La Comisión de Salud tendrá que presentar en 90 días un informe detallado sobre los hallazgos que encuentren, según un comunicado enviado por el senador Ángel “Chayanne” Martínez, autor de la Resolución del Senado 520 radicada en noviembre de 2017, pero aprobada en marzo de este año.

Según indicó el legislador, inicialmente, personal del Departamento de Salud Federal, junto a miembros de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos se encargaron de realizar inspecciones para evaluar el funcionamiento de las instalaciones hospitalarias. Esa inspección arrojó que durante las primeras semanas, la mayoría de los hospitales solo brindó servicios de Sala de Emergencia, mientras que en otros estuvo disponible la Sala de Operaciones.

“En los pasados meses, muchas de las instalaciones hospitalarias públicas y privadas sufrieron daños. Por lo tanto, es indispensable investigar las condiciones actuales en las que operan los centros hospitalarios. De igual manera, resulta de gran importancia conocer el plan de rehabilitación para las áreas afectadas y el restablecimiento de los servicios interrumpidos”, destacó durante el mes de marzo el presidente de la Comisión de Ética en el Senado. Esto no ha ocurrido y la temporada de huracanes comienza nuevamente el 1 de junio.

En el 2016, la senadora Rossana López León, entonces presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, también investigó los servicios que ofrecen los hospitales y las instituciones de salud mental. León envió cartas a todos los centros hospitalarios buscando conocer qué realmente estaba ocurriendo tras el huracán. Sin embargo, solo el hospital HIMA San Pablo de Caguas respondió a la misiva.

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