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Fondo del Seguro del Estado Empleados y gerenciales se unen contra Promesa

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 6 de junio de 2018

C

onflictos de intereses por parte de miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), el menoscabo de sus derechos y beneficios laborales, discriminación racial, violación de los derechos humanos y civiles, en fin su inconstitucionalidad, son tan solo parte de los argumentos de una demanda presentada por tres grupos sindicales de la Corporación del Fondo Seguro del Estado (CFSE), contra la Ley Promesa, el Gobierno de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos. 

La demanda dada a conocer en conferencia de prensa este 31 de mayo fue presentada por la Asociación de Empleados Gerenciales (AEGCFSE), la Unión de Empleados (UECFSE) y la Unión de Médicos (UMCFSE). La acción es conducida por el Bufette Rolando Emanuelli Jiménez. Como dispone la misma Ley Promesa la demanda fue presentada ante la sala de la juez Laura Taylor Swain. 

La acción cuestiona el Título III de la Ley Promesa a base del daño que han sufrido las tres uniones obreras debido a las leyes de austeridad aprobadas por el gobierno de Puerto Rico y que fueron implantadas por el Plan Fiscal (PF). Se alega que la Ley Promesa es inconstitucional ya que establece un régimen político con dos objetivos principales; la de supuestamente lograr la responsabilidad fiscal del gobierno de Puerto Rico y dos lograr un ajuste de las deudas. El licenciado Emanuelli Jiménez indicó que esta ley representa un menos cabo dramático de las prerrogativas políticas del Estado Libre Asociado (ELA) según fue concebido por la Ley 600 en el 1952, la cual aunque dio los puertorriqueños la capacidad de elegir un gobierno local con unas prerrogativas mínimas básicas, pero que como quiera se reconocían unos derechos que se están ejerciendo desde el 1952. 

Continuó que Promesa acaba con ese régimen y destacó que todavía no se ha hecho el estudio sobre cuantas cláusulas constitucionales esta ley dejo sin efecto de la constitución de Puerto Rico. Reparó que todos los días se ve en las noticias sobre cómo la JCF ha ido imponiéndose en su afán de suplantar todo el sistema socioeconómico de Puerto Rico por un modelo neoliberal. 

El licenciado Emanuelli Jiménez argumentó que la Ley Promesa está fundamentada en la Cláusula Territorial, Artículo IV de la Constitución Federal (EE UU). Esta cláusula que es la que permite al Congreso administrar los territorios y otras propiedades fue interpretada por el Tribunal Supremo de EE UU a principios del siglo 20 en los famosos casos insulares, los cuales estuvieron permeados en su totalidad por una ideología racista. El juez que resolvió los casos insulares – Jim Crow- fue el mismo –que resolvió la jurisprudencia que estableció la doctrina discriminatoria contra de los negros de, separados pero iguales, que establecía que los ciudadanos negros norteamericanos no tenían derecho a disfrutar de las mismas prerrogativas sociales, civiles y económicas que tenían los blancos por tanto se podían mantener separados. Esta doctrina que fue implantada en 1876 no fue revocada hasta el 1964. 

El pleito presentado por los sindicatos de la CFSE -continuó explicando el representante legal- se fundamenta en que la jurisprudencia de los casos insulares, nadie puede dudar que es racista y que permite la discriminación política de que Puerto Rico pertenece a pero no es parte de y es ahí que se fundamenta la aprobación de la Ley Promesa. Debido a que Promesa se basa en esa interpretación de la cláusula territorial el efecto es que nos han privado de esas prerrogativas políticas. 

En resumen se plantea que la Ley Promesa viola la Enmienda 13 que es la cláusula de la constitución que prohibe tanto la esclavitud como la servidumbre involuntaria y viola la Enmienda 15 que prohíbe que se discrimine o se menoscabe el derecho del voto por razón de raza. Además Promesa también viola el ordenamiento internacional vigente -el cual Estados Unidos ha suscrito- que prohíbe afirmativa y claramente que un poder imperial menoscabe las prerrogativas mínimas de los derechos civiles y humanos que deben tener todos los seres humanos en el planeta. 

Dentro de ese contexto se señaló que los gremios de la CFSE están pidiendo que que se declare inconstitucional la Ley Promesa, que se anulen todas las actuaciones de la JCF y que se anule toda la ejecución de los PF que están menoscabando los derechos económicos y adquiridos de los obreros del FSE y que están consignados en los diferentes convenios colectivos y reglamentos que son aplicables. 

Ya radicada la demanda lo próximo es que el TF emita los emplazamientos contra la JCF, al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Puerto Rico, los cuales tendrán 30 días para contestar la demanda. El licenciado Emanuelli Jiménez, anticipó que los demandados presentarían una moción de desestimación como han hecho en todos los demás casos, que se certificaran cientos o miles de páginas de argumentación y reclamó que el caso es uno de mucha envergadura política en el cual Estados Unidos se juega la esencia de la relación política que tiene con Puerto Rico. En tanto los líderes sindicales de la CFSE denunciaron la intención de la JCF de privatizar la corporación pública, los riesgos que la privatización representa para toda la clase trabajadora del país y el impacto en los trabajadores de la corporación.

“El menoscabo de los derechos y beneficios laborales tienen consecuencias graves y negativas para los trabajadores del Fondo y el Estado Libre Asociado. Arroja a los empleados a un entorno inseguro, ilegal y económicamente inestable. Estas acciones gubernamentales son un duro golpe para la fuerza de trabajo que solo puede resultar en la disminución de la productividad laboral. Por lo tanto, perjudicará un servicio esencial que debe garantizarse, y nos concede legitimación activa para llevar esta reclamación”, manifestó el presidente de la Unión de Empleados, Francisco Reyes. 

En cuanto a la demanda Reyes destacó la necesidad de parar a Promesa y exhortó a que era el momento oportuno y que esperaban recibir el respaldo de todas aquellas organizaciones que en algún momento dado, se puedan identificar con los planteamientos que estaban llevando las tres organizaciones y que “hemos decidido ocupar un campo que otras organizaciones en el país no han decidido hacerlo”. 

Mientras el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales, José Ortíz Torres, denunció que la JCF en su PF no colocó a la CFSE como un servicio no esencial con el fin de desmantelarlo y privatizarlo. “De entrada hay que llevarle a la Junta de Control que el Fondo Seguro del Estado se trata de seres humanos para incorporarlos a su centro de trabajo y su vida productiva que el empleo trasciende a un asunto económico a un asunto emocional, a un asunto físico”. 

El presidente de los gerenciales denunció además el conflicto de intereses del presidente de la JCF, José Carrión, quien es corredor de seguros y acusó que Carrión “viene detrás del negocio del sistema de compensaciones” y más aun afirmó que no tenía duda de que la derogación de la Ley 80 lo que persigue es la futura privatización tanto de la AEE como la CFSE, la ACA para que vengan patronos privados a través de ya sea alianzas público privadas o la privatización total para despedir a empleados públicos. 

Por su parte el presidente de la Unión de Médicos, Héctor Benítez, advirtió sobre los riesgos a la salud de los trabajadores que representa la privatización de la corporación. “La Corporación desde su fundación tiene una doble responsabilidad proveer una cubierta de seguro amplia y económica que ofrezca inmunidad absoluta al patrono protegiéndola de cualquier acción judicial que pudiera iniciar en su contra un trabajador lesionado con relación aun accidente o una condición derribada de su ocupación”.

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