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Guerra falsa entre Rosselló y la Junta

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 22 de mayo de 2018

Tal como lo adelantaron dos economistas entrevistados por CLARIDAD las diferencias entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico, con respecto al plan fiscal (PFG) y el Presupuesto, son cuestión de grado y forma, y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, terminaría por ceder a las exigencias de la Junta. 

En efecto no bien pasaron tres días el gobierno anunció que llegó a acuerdo con la Junta, mientras por su parte la Junta anunció en comunicado de prensa que enmendaría el PFG para “asegurar la implementación oportuna de las reformas estructurales necesarias y para cumplir con las metas del Plan Fiscal a corto y largo plazo”.

La economista Martha Quiñones Domínguez, había adelantado a CLARIDAD que la guerra entre la Junta y el gobernador de Puerto Rico, era una “guerra falsa” y que el gobernador terminaría cediendo al presupuesto de la JCF. Apuntó que tanto el PF certificado por la JCF, así como el presupuesto sometido por el gobernador y los señalamientos de la directora ejecutiva Natalie Jaresko, respecto al presupuesto, se concentran en eliminar la inversión social, mientras se mantiene la concentración del dinero en niveles administrativos. La única partida que la JCF parece objetar es la de la Legislatura. Más aun -atribuyó- el que la Junta ni siquiera está mirando actos de corrupción por parte del gobierno ya que el uso de fondos públicos en contratos privados se define como una especie de corrupción, ése no es el uso de los fondos públicos. 

En esa dirección también reparó en que si el PFG tiene equivocadas sus prioridades también las tendrá el presupuesto y de hecho el PFG no tiene definido lo que son los servicios esenciales. “Tal parece que para el Gobierno lo que no se define no existe, así en su presupuesto no le dan importancia. ?Desde cuándo los gastos de la Oficina del Gobernador son prioridad para aumentarlo en el presupuesto, por el lado de la Junta desde cuándo ellos son prioridad para exigir que le aumenten el presupuesto, en especial cuando la jueza dijo que están gastando mucho”, manifestó. 

De igual manera censuró el que los supuestos de ambos documentos están basados en fondos federales no recurrentes, basados en ingresos que llegarán de la nueva reforma contributiva y que no se sabe de cuáles partidas saldrán. En lo que respecta a los recortes y ajustes como la eliminación del Bono de Navidad y Reforma Laboral, los describió como peores ya que carecen de investigación científica que avale que eso mejorará la economía.

La profesora de Economía del Recinto de Arecibo de la UPR, trajo a la atención que durante todo este proceso de discusión sobre el presupuesto público el debate se ha enfocado en la situación financiera del Gobierno de Puerto Rico y se ha perdido de perspectiva su función principal: el presupuesto como una herramienta de desarrollo. “Desde hace años el presupuesto no se ve como un ejercicio de planificación, sino en uno de pegar datos contables sin sentido, más allá de ser un gasto político. El presupuesto público como la herramienta clave del Gobierno para promover el desarrollo económico y social, a la vez que promueve mejorar la distribución del ingreso, garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades y favorecer el desarrollo de las capacidades productivas entre la población ha desaparecido tanto para el Gobierno como para la JCF”. 

En fin si se toma en cuenta la supuesta crisis fiscal, tanto la postura de la JCF, así como la del Gobierno en el fondo ninguno procura un plan fiscal y presupuesto de beneficio para el país. Reiteró su denuncia de que la eliminación en la inversión social, en la educación y la salud lo que conlleva es a un retroceso en el desarrollo. 

Por su parte el profesor de economía Ricardo Fuentes, también había adelantado estar convencido de que las diferencias entre la JCF y los planes del gobiernos son asuntos de magnitud o grado. “Se diferencian en cuánta austeridad, pero ambos parten de la premisa (errónea y peligrosa) de que la austeridad es necesaria”. 

Además coincidió en que es cuestionable la pretensión de la JCF de que se le aumente su presupuesto a $80 millones. “Evidentemente, la Junta no se ha aplicado a sí misma las medidas de austeridad que nos quiere imponer. Por dar sólo un ejemplo, han despilfarrado el dinero en asesores teniendo a su disposición el acervo de profesionales de la UPR”. 

Fuentes calificó de asunto medular, los señalamientos de la JCF de que el presupuesto no incluyó partidas para los fondos de inversión y desarrollo laboral, que alega va a generar la reforma laboral. “Los planteamientos que está haciendo la Junta, e incluso el gobierno en sus planes, muchas veces parten de premisas económicas que se han ido desacreditando durante las últimas dos décadas”. En ese aspecto recordó que la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) recientemente publicó los resultados de una encuesta aplicada a los economistas del país, y la mayoría coincide en sus percepciones, particularmente en que la JCF y el gobierno están mal asesorados. “Por ignorancia o conveniencia, la JCF y los asesores del gobierno nos están dirigiendo el país hacia un precipicio”, concluyó.

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