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La farsa de la constitución

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Por Carlos Gallisá

Publicado: miércoles, 2 de agosto de 2017

La constitución de un país es la ley suprema del país. En Estados Unidos le llaman a la constitución “The Law of the Land”. Esa supremacía de la constitución significa que no se puede aprobar ley alguna que anule, suprima o revoque los derechos que la constitución le otorga a sus ciudadanos. Cualquier ley que menoscabe los derechos constitucionales, de lo que en los tribunales llaman una ley “constitucional” una vez se determina su inconstitucionalidad queda derogada. 

Por el rango y el peso que tiene la constitución de una nación la misma debe reflejar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos del país y esa voluntad expresarse sin intervención extranjera. 

Para esta fecha del 25 de julio hemos oído por muchos años toda clase de elogios a la llamada constitución del ELA. Sabemos que la mentira es el principal instrumento en el sostén del modelo colonial por lo que es necesario combatirla siempre. 

Comencemos por decir que las colonias no tienen constituciones. Por definición los colonizados no pueden aprobar una ley suprema. Todas las leyes que aprueban los parlamentos coloniales están subordinadas a las leyes de la potencia colonial. En Puerta de Tierra no se puede aprobar una ley que contradiga una ley federal. Por lo tanto en la colonia no hay espacio para una constitucion de verdad como ley suprema. 

La llamada constitucion del ELA surge de un permiso que le otorgó el Congreso de los Estados Unidos al aprobar las leyes que conocemos como Ley 600. En esa ley el Congreso le dijo al gobierno colonial de la Isla que podría aprobar una constitución con la condición de que ésta garantizara un sistema republicano de gobierno, una carta de derechos y fuera compatible con el sistema político y jurídico de los Estados Unidos. 

Se le impuso además al gobierno colonial que el documento aprobado en Puerto Rico antes de entrar en vigor tenía que contar con la aprobación del presidente de Estados Unidos y luego del Congreso. 

La imposición de esas condiciones echaron por el piso la legitimidad de lo que era imprescindible y tenía que presidir el proceso: la voluntad soberana del pueblo de Puerto Rico. 

Como es sabido, el Congreso rechazó lo aprobado en la Isla y ordenó que se eliminaran dos disposiciones: la llamada Sección 20 que recogió unos derechos de la carta universal de derechos de Naciones Unidas y otra sección relativa a la educación. El gobierno colonial como siempre obedeció a Washington.

Decía el mismo Luis Muñoz Marín en una ocasión que los derechos que le ha concedido Estados Unidos a Puerto Rico tienen la categoría de un préstamo. Si hubiera duda de lo anterior ahí está PROMESA y la Junta de Control Fiscal que han echado al zafacón la constitución del ELA al tomar la dirección del país. El préstamo de la constitución ha sido cancelado. Lo increíble es que los colonialistas del PPD se hayan ido a Morovis el pasado 25 de julio a celebrar un aniversario más de la Constitución ¡Sin una nota de protesta! 

Peor aún, el ideólogo del colonialismo del PPD Rafael Hernández Colón se atreve a decirle al país en medio de este bochorno colectivo que el ELA está triunfante. 

Las acciones de Washington con la imposición de la Junta de Control Fiscal que toma la dirección del gobierno colonial y la disposición de un tribunal federal para decidir cómo se ha de manejar la quiebra del país tiene como elemento positivo haberle puesto fin al debate de décadas sobre la condición política del ELA y el engaño del discurso de 60 años y de la existencia de un pacto y una constitución y todas las mentiras que encubría la colonia. 

El americano se vio obligado a destapar la colonia para cobrar la deuda de quienes dirigen el imperio, el capital financiero americano. 

Ante el destape las opciones ahora son otras, y están claramente definidas, colonia, estadidad o independencia

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