Si algo lacera la confianza del pueblo puertorriqueño en el Gobierno y sus instituciones, y contribuye a la crisis social que padecemos, es la percepción de impunidad rampante para quienes violan leyes y reglamentos en nuestro país, sobre todo aquellos que están o han estado en las altas esferas del poder o cuentan con padrinos o madrinas en dichas altas esferas.
Ya sabemos, por estudios realizados sobre el tema, de que en Puerto Rico sólo una tercera parte de los asesinatos son esclarecidos, y una cifra mucho menor resultan en juicio y convicción. Con los demás crímenes violentos, la proporción es similar. Y ni hablar del crimen de cuello blanco, sean faltas en el ámbito público o en el privado, los cuales, las más de las veces, se barren como polvo debajo de la alfombra, nadie paga por ello y la ciudadanía queda burlada.
Varias informaciones ventiladas recientemente en los medios de prensa, dan cuenta de cuán elástica es la vara con que se miden muchas de esas situaciones. Dos informes recientes de la Oficina del Contralor pintan un cuadro tétrico de corrupción y abuso con dinero y recursos que debían ser usados para servicios al pueblo de Puerto Rico. La primera denuncia es la que le señala desvío de fondos públicos al exdirector de la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) Carlos López Nieves, para el alquiler, promoción y operación de una gallera de la que se afirma que es dueño, aunque aparece a nombre de uno de sus hijos, además de otras imputaciones similares en beneficio de la Federación de Sóftbol de Puerto Rico y de un Comité Pro Monumento al exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.
La segunda de dichas investigaciones tiene que ver con el exalcalde de San Juan, Jorge Santini, y su derroche de millones de dólares en fondos municipales en fiestas y publicidad para su gestión, y en una revista a todo color para hacerse relaciones públicas a través de la agencia de publicidad de Tere Suárez, mientras la crisis económica arropaba al Municipio y muchas de sus dependencias carecían de lo básico para prestar servicios. A pesar de lo escandaloso de ambos casos, hay una diferencia marcada en el trato que les dio la Contralora. Mientras la funcionaria refirió sus hallazgos sobre López Nieves al Departamento de Justicia para que se siga investigando y se adjudiquen las responsabilidades y sanciones correspondientes, en lo relativo a Santini la soga partió por lo más fino, con el referido al Departamento de Justicia de un funcionario de segunda categoría del municipio, mientras el exalcalde sólo recibió una amonestación por haberse “apartado de las normas de austeridad”. Esperamos que al Secretario de Justicia le baste lo que ya se sabe públicamente para iniciar una investigación a fondo sobre la administración del Municipio de San Juan bajo Jorge Santini, y de ameritarlo la evidencia hallada, se den todos los pasos que sean necesarios para que se restituyan los cuantiosos fondos públicos que fueron a parar ilegalmente a una agencia de publicidad privada.
Otro de los casos que han creado mayor interés es el de la exsecretaria del Departamento de la Familia, Yanitsia Irizarry, a quien se investiga por la desaparición de cerca de 42,000 querellas de maltrato a niños y niñas de los archivos electrónicos de la agencia que dirigió. Se dice que fue ella misma quien dio la orden para que se eliminaran dichos casos del sistema de computadoras de la dependencia, a fin de maquillar la realidad con miras a la reelección de Luis Fortuño. Esperamos que, como ha prometido repetidamente la actual secretaria de la Familia, Idalia Colón, nuestro pueblo termine conociendo exactamente la verdad de lo ocurrido en este caso, y que caiga todo el peso de la ley contra los responsables de esta barbaridad, sean quienes sean.
Por último, en CLARIDAD llamamos la atención a la situación en la Universidad de Puerto Rico, donde ya se sabe que hubo manejos cuestionables bajo la administración de Miguel Muñoz y de la Junta de Síndicos, presidida en momentos distintos por Ygrí Rivera y Luis Berríos Amadeo. Aparte del escándalo con los fondos de la National Science Foundation, por los cuales se realiza una abarcadora pesquisa de la Oficina del Inspector General de dicha entidad, de la que esperamos conocer sus resultados, aún falta por destapar el procedimiento secreto que permitió que, con una llamada de un timador haciéndose pasar por el Secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, se expidieran en “fast track” tres cheques de $50,000 cada uno de las arcas de la Universidad. No basta el hecho de que la pasada Junta de Síndicos, en ánimo de dejar la cosa ahí, le solicitara la renuncia al Director de Finanzas de la Universidad, ya que todo el País sabe que a dicho funcionario le fue referida la llamada, con sus consabidas instrucciones por el propio Presidente, Miguel Muñoz.
Esperamos que la nueva administración universitaria llegue con ánimo no sólo de limpiar la casa, y nombrar, con el consejo y consentimiento de la comunidad universitaria, personas capacitadas, íntegras y de criterio independiente en las distintas posiciones de liderazgo en la Universidad, sino también de establecer procedimientos claros y transparentes para el manejo de las finanzas en la Administración Central y en todos los Recintos, y de investigar hasta sus últimas consecuencias y adjudicar -con nombres y apellidos- las responsabilidades que correspondan por cualquier violación de ley o reglamento que se descubra.
Para que el Gobierno de Puerto Rico pueda aspirar a ir, poco a poco, recuperando la confianza del pueblo, deben darse pasos afirmativos e inequívocos para convencer a la ciudadanía de que se propone tratar con la seriedad y severidad que ameritan los casos de corrupción pública, del color o del partido que sea, y de que está comprometido, más allá de las palabras, con empezar a acabar con la impunidad.
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