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Dra. Linda Colón Controversia comunidades especiales oculta intenciones del PNP

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 13 de septiembre de 2011

Ante la discusión pública que ha levantado la exgobernadora Sila María Calderón cuestionando el uso que se le dio al dinero del Fideicomiso de Comunidades Especiales (FCE) bajo la administración de su compañero de partido, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, y la actual de Luis Fortuño y las denuncias de investigaciones por parte de la Legislatura, la primera directora de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), profesora Linda Colón, llamó la atención que en medio de toda a esta discordia el Partido Nuevo Progresista (PNP) “muy inteligentemente lo utiliza para oscurecer cuáles son sus verdaderas intenciones para con el programa de la OCE”.

La doctora Colón defendió que el programa de la OCE es la herramienta más adecuada para atender el problema de la pobreza en nuestro país. Expuso que el concepto de la OCE para abordar la situación de las comunidades pobres fue uno  fundamentado en dar un proceso de participación a los miembros de las comunidades organizadas para trabajar con sus problemas principales. Describió que los problemas que enfrentan las comunidades pobres van desde condiciones físicas, estructurales, falta de infraestructura y otros sociales, políticos y de falta de participación.

“Parte del trabajo fue organizar a las comunidades en juntas comunitarias a fin de que entre ellos comenzara a darse un proceso de autogestión y trabajo en la búsqueda de soluciones. Eso supuso que la gente entendiera su realidad, se dieron toda una serie de talleres de capacitación en las comunidades para que la gente comenzara a pensar en su situación y que comenzaran a plantearse alternativas para superar los problemas que tienen que ver con la pobreza. Todo el mundo que estudia la pobreza sabe que su tratamiento no es uno individual, tiene que ser estructural, de la mano con la autogestión y políticas estatales”, declaró.

La profesora Colón, quien se ha distinguido en el mundo académico por sus investigaciones sobre la pobreza en Puerto Rico, se expresó en términos del programa de que “aunque teníamos una gran fe en un programa como éste, sabíamos que comenzar un proceso como éste era un reto bien grande, que estábamos marginados. A su vez reconoció que el programa tiene también sus limitaciones, precisamente con las estructuras políticas y económicas.

La entrevistada reiteró que el gobierno de Puerto Rico tal como está estructurado no atiende el problema de la pobreza. Tampoco hay una política pública para atender el problema de la pobreza. Apuntó que el Departamento de la Familia (DF) lo que hace es administrar unos fondos federales y atender de manera marginal otros problemas pero no es un departamento dirigido a sacar de la pobreza a la gente.

“El Departamento de la Familia no es uno que esté organizado para trabajar con la búsqueda de soluciones del problema de la pobreza. Realmente en Puerto Rico eso no existe, no hay una política pública que tenga como objetivo resolver los problemas de la pobreza, lo que más se le acercó fue la OCE”. No obstante, reconoció que prontamente la OCE se convirtió en una oficina de administrar, de ser enlace entre las agencias y las comunidades para facilitar infraestructura. “En ese sentido perdió una buena parte del propósito de lo que la ley establecía”.

Dado a la controversia en que se ha sumergido a la OCE y a su fideicomiso cuestionamos si todavía habría tiempo para rescatar el proyecto. Colón reaccionó: “Creo que el daño que se le ha hecho a la imagen, al trabajo y a la misma oficina es tan grande que francamente desde mi punto de vista, lo que es salvable es la intención, la necesidad que hay de crear estructuras gubernamentales que tengan como objetivo atender las necesidades de la comunidades especiales fuera de las líneas partidistas, un ente gubernamental que tenga como objetivo lo que se supone hacia Comunidades Especiales”.

“La gente se desenfoca en cuanto a la discusión de cómo se usó el dinero. La mayor parte de ese dinero se usó correctamente, si hubo problemas en la construcción de la vivienda deben investigarse cuáles fueron, se debe investigar a las personas responsables, pero no se puede generalizar. Había empresas privadas que eran responsables de los proyectos”. Expresó en que era el Departamento de la Vivienda el responsable de todo lo relacionado con los proyectos de construcción.

Respecto a lo que se enfrentó cuando inició su gestión, describió que en la mayoría de las comunidades predominaban casas construidas de una manera muy artesanal, falta de infraestructura, comunidades en zonas inundables, algunas de ellas eran producto del rescate de tierras, muchas de ellas que las estableció el mismo gobierno. “En ese sentido hay, desde el punto de vista físico, una enorme necesidad de inversión de recursos”. Precisó que cuando comenzó su gestión hace 10 años hizo un sondeo de cómo estaban las comunidades y contabilizó que el costo para poner al día a las comunidades en aquel entonces era de $5 mil millones de dólares, más de lo que tenía el fondo del Fideicomiso.

“Es obvio que se le asignó mil millones, la mayor parte de ellos para vivienda. Ese dinero no daba para resolver los problemas que había”, manifestó. Dio como ejemplo que la comunidad El Cerro en Yauco nada más, tiene más de dos mil familias. “Por ejemplo, toda la gente que vive en la Península de Cantera, cada una de las áreas requiere inversión millonaria. En ese sentido parte del problema de toda esta lucha partidista que se levanta de si se invirtió o no en las comunidades, más que otra cosa tiene que ver con el cómo los partidos políticos tratan de evidenciar que ellos hicieron algo. En el caso del PNP no tiene nada que evidenciar porque nunca ha hecho nada por las comunidades pobres. En el caso del PPD ciertamente se hizo unos intentos que todavía son muy pequeños y el problema de la pobreza sigue estando ahí, es muy grave. Sin hablar de los otros problemas sociales que tiene cada una de esas comunidades que nos competen a todos”, insistió.

Otro elemento que trajo a la atención fue que la mayor parte de las comunidades estaban desorganizadas, sin un liderato, sin un portavoz. Sólo había una que otra excepción, como en el caso de los municipios de Caguas y Comerío. Aun así dijo que tras las primeras resistencias de los alcaldes, la actitud fue de apoyo y respeto. Las excepciones en este caso fueron los municipios de Guaynabo y San Juan.

¿Cuánto se perdió con la Ley 7?
La profesora Colón denunció que junto con el cierre de la OCE que provocó la ley 7, el despido de los trabajadores conllevó la pérdida de un capital humano con destrezas en cómo trabajar en la organización de una comunidad, cómo bregar con las dificultades que surgen dentro de los grupos, cómo responder y poner a la gente de acuerdo para resolver los problemas. “Todos eran gente graduada de universidad que por primera vez iban a trabajar al servicio público. Sobre todo eran personas que tenían una gran solidaridad y un gran compromiso con los más necesitados. Entonces en ese sentido creo que se pierde un grupo de trabajadores comprometidos y eso hay que valorarlo cuando se quedó gente que no tiene compromiso con el país”.

En vista a la falta de una política pública que tenga como objetivo atender la situación de pobreza en el país, la doctora Colón vaticinó que la situación no va a cambiar ya que esto es un problema sectorial, que requiere, además de recursos económicos, un sistema de educación pública que de verdad eduque a la gente y se atienda la salud. Llamó la atención de que por ejemplo las personas que viven en residenciales públicos tienen una mejor vivienda en términos de infraestructura, pero tienen los mismos problemas que los residentes de las comunidades especiales de inseguridad, salud, falta de empleo, educación pobre, etc.

Continuó que atender la situación de pobreza requiere de un trabajo organizado intenso y que con los apoyos necesarios en un mínimo de 25 años se puede tener una reducción grande del problema. Dio el dato de que cuando se comenzó el proyecto de la OCE, no había muchos países que estuvieran trabajando con programas como el de aquí, sin embargo en el presente en América Latina hay varios países que están trabajando con programas similares, como por ejemplo en Venezuela hay un programa de comunidades con los mismos componentes de la OCE. Otros países son Brasil, Ecuador, Colombia, y en Centro América de una manera menos amplia.

La doctora Colón expresó que en cierto sentido el objetivo de la discusión por parte del actual gobierno va dirigido a desmoralizar a la gente, “no creas en nada, ni en nadie”.


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