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Metamorfosis de una Junta Colonial

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Por John Ward Llambías

Publicado: martes, 22 de agosto de 2017

Por John Ward Llambías *

Especial para Claridad

 

Una bella teoría asesinada por una pandilla de hechos brutales

Gordon K. Lewis, 

Libertad y Poder en el Caribe

 

 

I. La hoja de contabilidad

Cuando se crea la Ley PROMESA el asunto estaba claro: la deuda impagable de Puerto Rico se iba a saldar, según el Congresista Rob Bishop sin que le costara un solo centavo al contribuyente americano (not one red penny from the American Taxpayer.)

Este Congresista era y es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Aquí empieza la ofensa: esta comisión tiene jurisdicción sobre fauna y flora, bosques, cuerpos de agua, islotes habitados, islotes deshabitados, indios y otros indígenas que habitan en los llamados territorios que son propiedad, según ellos, de los Estados Unidos.

Los llamados casos insulares se basaron en los entonces llamados territorios, los cuales estaban y todavía están prácticamente vacíos: es la llamada parte vacía de los Estados Unidos. También se hace referencia a ciertas poblaciones indígenas antiguas y poco civilizadas.

Esto nada tiene que ver con el mal llamado territorio de Puerto Rico. Por ejemplo, a mediados del siglo 19, cuando no se sabía ni siquiera cuáles eran los linderos del territorio de Utah, ya Puerto Rico era una nación. Para esa época el pintor puertorriqueño Francisco Oller era considerado como el primer latinoamericano en ser una influencia en la escuela impresionista francesa; el Dr. Agustín Stahl, un médico de Mayagüez había producido una obra sobre botánica que era exhibida en Europa en los museos de Alemania y otros; otro médico, el Dr. Ramón Emeterio Betances, había recibido la máxima condecoración de ese mismo país: la Legión de Honor en reconocimiento a su labor científica y humanitaria.

Confundiendo el problema financiero de Detroit con el problema económico de Puerto Rico, la ley PROMESA creó una Junta de Supervisión Fiscal con la sencilla tarea de sacar la cuenta de las deudas de Puerto Rico y determinar de dónde iban a salir los pagos. Era en realidad un problema de contabilidad y una serie de recetas amargas pero inevitables para pagarle a los determinados acreedores y regresar a la estabilidad fiscal, para facilitar más préstamos y más pagos ventajosos y saludables.

 

El Garrote

Ya este señor congresista Bishop tenía fama de promover la venta de los parques nacionales de su estado original de Utah y ya estaba gestionando la compraventa de las reservas naturales de Vieques y sus playas, en caso de que no alcanzara con otras fuente de riqueza para pagar la deuda. Recordemos que, según el poder que el Congreso dice que tiene sobre Puerto Rico, puede apropiarse de nuestros bienes patrimoniales y recursos naturales para pagar lo que dicen que se debe.

Los economistas están de acuerdo en que estos cobros provocarían un mayor estancamiento y estrangulamiento de nuestra economía. Estaríamos condenados a una muerte económica por métodos parecidos al “garrote vil” de tiempos de la Corona Española, donde los condenados a pena capital se les colocaba un collarín sobre el cuello y se seguía apretando hasta la completa y final ejecución de la sentencia de muerte. El efecto de pagar la deuda con los fondos disponibles para servicios esenciales y vitales como salud, alimentación y otros, que agravarían aún más el presente estado pobreza y necesidad de nuestra población ya en desventaja y precariedad.

Este dilema, que fue planteado previamente en el Informe Krueger, consiste en que no se puede pagar la deuda si no hay crecimiento económico robusto y no puede haber inversión económica para promover el crecimiento si se paga la deuda bajo las pretensiones absolutas de los bonistas acreedores conocidos como “fondos buitres”. Se les llama así porque viven de la carroña. Son los que te dicen que tus bonos son buenos y te incitan a que cojas prestado para luego decirte que ahora son chatarra y te los compran devaluados por ellos mismos, digo, por sus agencias “evaluadoras”. Luego quieren cobrar sus créditos completos. 

Igual pasó con la burbuja hipotecaria: te decían que tu casa valía mucho más y te prestaban para ampliar tu hipoteca. Después te dicen que vale menos y como no lo puedes pagar te la quitan. El ejemplo más extremo fue en Estados Unidos. Dos semanas antes de la crisis causada por los bonos de riesgo, las casas evaluadoras los calificaron como inversión segura y diversificada.

 

III. La crisis humanitaria

Toda esta situación parecía conducir a una crisis humanitaria donde los bonistas obtenían su dinero completo y la población quedaba en precario y aún más empobrecida y necesitada que antes. Pero el sufrimiento humano y la suerte de los más pobres y sufridos parecía no ser obstáculo para los buitres bonistas. Puerto Rico estaba destinado a ser un paraíso fiscal y un infierno humanitario. Esto vendría a ser un asunto de derechos humanos, pero no parecía haber reparo ni escrúpulos para evitarlo. El costo social y político de este escenario es incomprensible para estos inversionistas, siempre y cuando cobren y aumenten sus ganancias. Sin embargo, la historia de las insurrecciones, levantamientos y revoluciones está siempre precedida por esa falta de entendimiento del costo social y económico de los que no ven más allá de su ganancia privada.

En este contexto, la posición de los bonistas fue inflexible y despiadada. Querían sus cien centavos por dólar, aunque en algunos casos pagaron 20 centavos por dólar. Tampoco querían admitir que una parte de esta deuda era ilegal y podía ser descartada.

En este punto el desastre parecía inevitable y provocado: se cobraría la deuda con mano de hierro y la sociedad puertorriqueña entraría en una espiral de estrangulamiento y deterioro material y espiritual.

 

La Corte de Quiebra

Con motivo de la manera en que se negoció la ley PROMESA, se incorporó una sección que permitiría la reestructuración de la deuda mediante el Tribunal y por encima de la voluntad de los acreedores bonistas. Originalmente nadie pensó que esa alternativa se fuera a utilizar. Sin embargo, se incorporó una salvaguarda para evitar la interferencia del Congreso: sería el Juez Presidente del Tribunal supremo Federal quien haría el nombramiento del Juez que habría de dirigir esta vía paralela. 

El aparente callejón sin salida encontró una puerta de escape: el poder absoluto de los bonistas para precipitar la crisis a favor de sus propios intereses quedó mediatizado por el de la Corte para sopesar y balancear intereses. El propósito del mecanismo de la Ley de Quiebras Federal es rehabilitar al quebrado mediante la reorganización de sus finanzas y la evaluación de su capacidad para reinsertarse a la actividad productiva. Los acreedores son protegidos, pero sólo hasta cierto punto. Si es necesario ajustar sus acreencias, ello se hace repartiendo las pérdidas para hacer posible la rehabilitación.

En el caso de Puerto Rico la única salida para evitar la catástrofe económica es la reestructuración de la deuda que permita, a la vez, pagar lo debido y posibilitar la actividad productiva para generar riqueza y restablecer la economía.

Hay que destacar que el Congreso casi inadvertidamente le otorga poderes a la Corte Federal de Quiebra que el mismo Congreso tiene, a menos que enmiende la ley PROMESA. La Corte puede, según los términos de la propia ley, detener pagos de la deuda, reestructurar dicha deuda aun a expensas de que los acreedores tengan que reducir su reclamación y los términos en que procedería al pago y cuándo.

 

V. La parasitosis colonial

Hay una realidad que ya no se puede negar: la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Aunque parezca increíble la percepción del puertorriqueño es que nuestra economía es mantenida por los Estados Unidos. No se entiende que las ganancias en Puerto Rico de las grandes corporaciones de los Estados Unidos son mucho mayores que los fondos federales, y que nuestra agricultura, comercio e industria están dirigidas a beneficiar las importaciones y negocios extranjeros. Los alimentos y mercaderías que aquí se consumen provienen de Estados Unidos mientras dichas corporaciones no pagan contribuciones justas como lo harían en cualquier otro país del mundo en que fueran a operar.

Y aquí surge la paradoja del parásito: vive de su víctima, pero no la puede dejar morir porque se queda sin su víctima. Es decir, el estrangulamiento de la economía de Puerto Rico tendría efectos altamente negativos para aquellos sectores que se benefician de la relación colonial. Como resultado de esto, el esquema original de la Ley PROMESA resultaría altamente perjudicial para las propias corporaciones que están detrás de los cobros inflexibles.

 

VI. El bolsillo del Congreso

Pero la solución al problema requiere de otro protagonista que ha contribuido de varias maneras a crear la crisis. En primer lugar, el Congreso revocó, sin dar razones, el derecho de Puerto Rico a acogerse a la Ley de Quiebras Federal en 1984. Esto fue en ocasión de la crisis del petróleo de aquel entonces y la medida dejó protegidos a los acreedores de Puerto Rico y en el desamparo a nuestro país. En segundo lugar, y sin mucha explicación, derogó la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, lo cual produjo el gradual estancamiento y eventual retroceso de nuestro crecimiento económico. Esta medida permitía el ingreso a Puerto Rico de fondos corporativos sin pagar impuestos, aprovechando la circunstancia de que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos y, por tanto, estos fondos no estaban ingresando a Estados Unidos ni pagando contribuciones. En tercer lugar, la medida arbitraria de hacer inaplicables a Puerto Rico ciertos programas y fondos federales tales como Medicare, Medicaid, ayuda a familias en desventaja y reintegro por contribuciones de ingresos realmente trabajados provoca una pérdida de fondos que es mayor que el servicio anual a la deuda (los pagos de la deuda impagable).

Es decir, la reducción a los fondos aplicada a Puerto Rico es más que suficiente para pagar la deuda, si no fuera porque el Congreso se queda con ellos bajo la conveniente teoría de que los puertorriqueños son ciudadanos americanos, pero viven en Puerto Rico, o sea, no viven en los Estados Unidos y, por tanto, no reciben sus beneficios completos.

 

VII.La Conexión Ucraniana

El nombramiento de la señora Natalie Jaresko como Directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) trae otro elemento que no tiene precedente desde que el presidente Kennedy nombró a la Embajadora Patricia Harris como miembro de la Comisión Conjunta de Estatus formada por representantes de Puerto Rico y Estados Unidos en 1963. Esta Comisión Conjunta estaba compuesta por Senadores y Congresistas nombrados por el Congreso, por Legisladores y otros líderes de Puerto Rico y por personal técnico y de apoyo, quienes realizaron estudios económicos, políticos, antropológicos y otros sobre Puerto Rico.

De ahí surgió el plebiscito de 1967, cuyos frutos se vieron complicados por la trágica muerte del presidente Kennedy y por la pérdida del poder del Partido Popular Democrático en 1968. Los demás esfuerzos y plebiscitos posteriores se redujeron a ditirambos, juegos de palabras jurídicos y políticos y resultados sin consecuencia.

 La señora Jaresko tuvo un rol del más alto nivel cuando fue convertida en ciudadana de Ucrania y luego Ministra de Finanza de ese país. Como tal, fue una pieza clave en la solución del enorme problema financiero de ese país.

Esto quiere decir que las aguas siguen subiendo y la JSF ha incorporado una persona representativa o muy relacionada con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según en el Congreso no saben mucho sobre Puerto Rico (con muy honrosas excepciones), en el Departamento de Estado en particular y en las distintas agencias del Ejecutivo existe un gran caudal de información sobre Puerto Rico a través de la concesión y supervisión de los diversos programas federales y de la OMB (Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal). En ocasiones, un analista o un técnico lleva años monitoreando los fondos y las actividades federales en Puerto Rico como, por ejemplo, educación, salud y seguridad. No es nada raro que sepan más sobre Puerto Rico que muchas administraciones de gobierno aquí (pasadas, presentes y futuras).

Es decir, que con la creciente complejidad de las tareas de la JSF y con la nueva realidad geopolítica de la Cuenca del Caribe y la reapertura de relaciones diplomáticas con Cuba, el asunto de Puerto Rico no puede darse en el vacío o aisladamente. Con la intervención del poder judicial supervisando la rehabilitación económica de Puerto Rico, y la presencia de la señora Jaresko en un rol preponderante en las acciones y estrategias a tomarse por la JSF, es el Congreso el que menos tiene que decir en la toma de decisiones sobre nuestra deuda impagable. En todo caso el Congreso, más que sujeto se ha convertido en objeto de las medidas necesarias para resolver la crisis de Puerto Rico. Ya la Junta está presionando al Congreso para que derogue la ley de cabotaje; para que otorgue paridad en la asignación en programas de salud, bienestar social y estímulo contributivo a los llamados ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. 

Se ha calculado que si se suma lo que el Congreso niega o limita en la asignación de fondos, la cantidad resultante es mayor que el servicio a la deuda. Es decir, que si el Congreso fuera justo y equitativo en las asignaciones, no habría que pagar nada y la deuda impagable se esfumaría como por arte de magia.

 

VIII. Futuros Alternos

Existen tres posibles desenlaces al drama de la presente crisis: (a) la solución reformista colonial avalada por el ex Gobernador Rafael Hernández Colon que consiste en resucitar los llamados fondos 936 mediante una enmienda al Código de Rentas Internas Federal. El mecanismo consistiría en traer a Puerto Rico, y bajo ciertas condiciones, fondos de corporaciones de Estados Unidos en el extranjero, donde no pagarían contribuciones ya que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos y, por tanto, no se consideran fondos repatriados. Esto traería liquidez a la economía de Puerto Rico y volvería a repetirse el ciclo anterior hasta la próxima crisis. Esto se parece al caso de nuestros trabajadores de la caña que ganaban sueldos de miseria y tenían que comprar en la tienda de la central. La tienda apuntaba en una libreta lo que iba comprando el trabajador a sobreprecio y la deuda se volvía impagable. La solución: “borrón y cuenta nueva” y la libreta se empezaba nuevamente en cero. Con el tiempo se volvía a lo mismo: sueldos de miseria y sobreprecios producen cuentas impagables; (b) la aplicación a Puerto Rico de las medidas de austeridad, la consecuente estrangulación de la economía y la reducción de los servicios más básicos como, alimentación, salud y educación conduciría a una crisis humanitaria y a una confrontación con los sectores afectados. Sería como el modelo de Vieques para sacar a la Marina de los Estados Unidos , pero multiplicado en complejidad y gravedad; (c) revisar las presentes relaciones coloniales entre Puerto Rico y Estados Unidos . Bien se podría regresar a la estrategia de1963, que fue involucrar a Congresistas y líderes de ambos países para estudiar responsablemente el problema colonial y sus posibles soluciones.

Hay que regresar al futuro.

 

El autor es abogado y analista de asuntos internacionales para Radio Universidad de Puerto Rico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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