Se acabó el desespero

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La privatización y el cultivo del secreto

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Por Félix Córdova Iturregui

Publicado: martes, 19 de agosto de 2014

El domingo 17 de agosto El Nuevo Día publicó una primera plana reveladora: “En las sombras el ‘regente’ de la AEE”. Se sabe que el oficial de reestructuración tiene amplios poderes. Se sabe, también, que debe responderles a los bancos y a los bonistas. Pero El Nuevo Día destaca que sus funciones son “un secreto de Estado”. La propuesta y acuerdos “en las sombras” de los grandes intereses empresariales y el gobierno, ya sabemos, es un ingrediente inseparable de la política neoliberal. Estamos en un punto de viraje decisivo en el asalto privado a las corporaciones públicas. Dos objetivos se buscan en este escenario: 1) el debilitamiento definitivo o eliminación de la UTIER como fuerza sindical, y 2) la apertura del mayor espacio posible al proceso de privatización de la AEE.

Ambos objetivos tendrían un alcance duradero sobre la clase trabajadora y la mayoría de nuestra población. Es pertinente una pregunta, aunque parezca ingenua: ¿dónde está el movimiento obrero organizado? Ante el ataque empresarial-gubernamental ha prevalecido una falta de acción concertada capaz de convocar al pueblo para resistir estas medidas. Un vacío de acción en el contexto actual requiere una intensa reflexión. Será inevitable volver el pasado y estudiar las heridas. No podemos olvidar que el proyecto gubernamental de privatización cobró fuerza vinculado a otros tres procesos importantes: 1) la sindicación de los empleados públicos, 2) la intención de reducir el tamaño del gobierno, y 3) la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral amplia. A mediados de la primera administración de Pedro Rosselló fue cuando maduró esta combinación de tres partes. Cuando el Gobernador anunció su primer proyecto de sindicación de los empleados públicos, en enero de 1995, y se discutió su contenido, en el movimiento obrero se manifestaron tres posiciones diferentes: 1) combatirlo abiertamente por su carácter punitivo y por no incluir el derecho a la huelga, 2) denunciar su carácter punitivo y luchar para transformar el proyecto, 3) aceptar el proyecto tal como había sido presentado.

La mayoría del movimiento sindical estaba en la posición intermedia. Hubo sectores que insistieron en un aspecto de suma importancia: la posibilidad de transformar el proyecto como resultado de una movilización amplia del conjunto de la clase trabajadora. Sin embargo, en el sector mayoritario del sindicalismo que adoptó la posición de mejorar el proyecto podían señalarse tres tendencias: 1) los que favorecían el cabildeo legislativo para lograr los cambios deseados, 2) los que de palabra aceptaban la importancia de la movilización, sin hacer un esfuerzo decidido en esta dirección (por ejemplo, no convocaron asambleas de sus matrículas para discutir el proyecto, ni se esforzaron por presentar propuestas de acción), 3) los que plantearon que sin movilización el proyecto terminaría en una derrota laboral o no se conseguiría nada. La APPU y la HEEND fueron probablemente las únicas organizaciones que convocaron asambleas para discutir el proyecto. De estas dos organizaciones, la APPU se incorporó al proceso de discusión en el interior del Concilio General de Trabajadores (CGT), mientras que la HEEND decidió movilizarse para requerirle a la Administración Universitaria que la excluyera de la ley si se aprobaba en los cuerpos legislativos.

La tendencia que prevaleció debe ser objeto de análisis. La mayoría de la dirección de las uniones adoptó la posición de cabildear en secreto los cambios que proponían. El logro mayor de la posición que reclamaba la movilización fue propiciar, a través de gestiones del CGT, la celebración de actividades militantes de protesta frente a la legislatura. El resultado fue el mismo en cada caso: poca movilización. Asistían los organizadores de las uniones del CGT y algunos contados dirigentes de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT). La propuesta de oposición frontal al proyecto no pudo articular ninguna fuerza visible en el escenario público. Su actividad se redujo a un piquete muy reducido frente al capitolio.

El resultado fue evidente: predominó el trabajo de cabildeo de los dirigentes interesados en el proyecto sin la compañía de grandes movilizaciones. El vacío creado por la ausencia de actividad militante contra un proyecto defectuoso, que muchos creían poder transformar, permitió que en la práctica prevaleciera la privatización de la discusión del proyecto en las reuniones secretas del cabildeo legislativo. El desenlace fue lamentable: una total inefectividad en la transformación del proyecto desde el punto de vista laboral.

Mientras tanto, la moneda tenía otra cara. El liderato patronal, a través de sus organizaciones, presentó una posición coherente ante los legisladores. El rompecabezas laboral contrastó con la acción efectiva y concertada de los representantes del capital. Hasta el Gobernador tuvo que reunirse dos horas con la falange empresarial: Frank Unanue (Presidente de la Cámara de Comercio), Bartolomé Gamundi (Presidente de la Asociación de Industriales), Miguel Vázquez Deynes (Presidente de Triple S), Jaime Fonalledas (Presidente de Empresas Fonalledas), Federico Stubbe (Presidente de Farmaral Development Company), José L. Rodríguez (Gerente General de Abbot Pharmaceutical) y Alfonso Ballester (de Ballester y Hermanos). No pudieron convencerlo, pero la intensidad de su cabildeo logró convertir un proyecto malo en un adefesio. Ahora bien, la falange empresarial tenía un temor muy concreto en su oposición unitaria al proyecto: que el impulso organizativo del sector público se propagara hacia el sector privado.

Cuando el proyecto fue aprobado en el Senado, el 30 de marzo, una gran cantidad de enmiendas lo había hecho mucho más restrictivo. Dirigentes sindicales que le habían dado su aprobación, al ver los cambios, retiraron su apoyo. Juan Eliza Colón, Presidente de la UGT, catalogó la nueva versión como bárbara y monstruosa. Si el resultado en el Senado fue negativo, el proyecto tendría en la Cámara su naufragio. La lucha sindical adquirió un nuevo giro. Hubo un acuerdo bastante generalizado en contra de la versión senatorial, pero tampoco logró cuajar una movilización unitaria contra el proyecto. Un llamado efectivo en esta dirección hubiese sacudido la tendencia sindical cabildera. Ante el vacío de acción organizada, el esfuerzo se fue en otra dirección: recuperar el proyecto original del Gobernador e intensificar el cabildeo. Esta política proyectaba la fragmentación de la voluntad sindical. Albergó en su interior una profunda derrota del movimiento obrero.

El cabildeo laboral se acentuó en la Cámara y la división sindical fue evidente hasta en las visitas secretas a los legisladores. No podían ni asistir juntos a las reuniones. Si la derrota fue más evidente en la secretividad del cabildeo, no puede evadirse la responsabilidad de los opositores a esta tendencia. Nada hicieron por movilizarse ante las cualidades nefastas del proyecto. Prevaleció la palabra, no la acción. La comodidad, no la visión de futuro. La responsabilidad corresponde a todo el movimiento, aunque sea en diferentes grados. La inacción reveló una falta de previsión. Aquellos vientos lejanos cosecharon la tempestad de hoy.

* El autor es profesor de Estudios Hispánicos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

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