Se acabó el desespero

Opinión / Siete días

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Lutgardo y Anaudi

Lutgardo Acevedo López
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Por Manuel de J. González

Publicado: martes, 19 de agosto de 2014

La admisión de culpa de Lutgardo Acevedo López, el contable de Moca acusado de sobornar a un juez del Tribunal Superior de Aguadilla, facilitó la confirmación de ciertos hechos que, al juntarlos, nos permiten conocer mejor cómo se cuela la corrupción en el proceso político puertorriqueño. Es precisamente esa faceta lo que hace importante el caso porque, al margen de ese tema, Lutgardo no sería más que un buscón pueblerino con ínfulas de gran empresario, que logró corromper al juez del pueblo para eludir la cárcel. Pero las vinculaciones del caso con la política puertorriqueña –la que se ejecuta desde Puerta de Tierra– convierten al contable y a los secuaces que lo acompañan en figuras de importancia. Veamos los hechos.

Primer hecho. Para conseguir la absolución en un caso de homicidio negligente, además de dinero y regalos, Lutgardo le prometió al juez Manuel Acevedo Hernández que lo ayudaría a conseguir un nombramiento para el Tribunal de Apelaciones. Si lograba llegar allí, el juez Acevedo Hernández disfrutaría de un salario más alto y la cercana pensión de retiro sería un poco más jugosa. Si el contable le prometió esa ayuda al juez y éste efectivamente creyó que podría conseguirle el nombramiento, es fácil concluir que Lutgardo tenía "los contactos" y la posibilidad de agenciarse ese tipo de favor. Como sabemos, en Puerto Rico los nombramientos de jueces y fiscales los hace el Gobernador y, tras la designación, el agraciado debe lograr la confirmación del Senado. Por tanto, para facilitar el nombramiento al Tribunal de Apelaciones, el contable tenía que llegar hasta las esferas más altas.

Segundo hecho. La capacidad de Lutgardo para influenciar las altas esferas gubernamentales queda demostrada en otros eventos relacionados con un fiscal (ahora caído en desgracia y, por tanto, ex fiscal) del área de Aguadilla llamado Joseph Esparra, quien tuvo la mala suerte de tener que investigar y procesar al contable por un posible delito. Aparentemente el fiscal quiso ser diligente y Lutgardo se las arregló para torpedear su nombramiento cuando llegó al Senado. Tan efectivo era su poder que Esparra, a ver que podía quedarse sin trabajo, le prometió al contable retirarle los cargos a cambio de que cesara la obstrucción. Esa experiencia -que ahora también está ante los tribunales en un proceso separado relacionado con Esparra– debió conocerla el juez Acevedo Hernández y por eso sabía que si Lutgardo prometía algo, lo podía cumplir.

Tercer hecho. Los contactos de Lutgardo eran mayormente con políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y, en particular, con los que estaban en la Legislatura. En esas aguas nadaba con facilidad gestionándose contratos y repartiendo regalos. Pero en noviembre de 2012 la tortilla se le viró y sus protectores perdieron las elecciones. En el siguiente mes de enero los del PNP no controlarían el nombramiento de jueces, pasando el control a manos del Partido Popular Democrático (PPD). Su capacidad para influenciar al juez Acevedo Hernández quedó trunca precisamente cuando más la necesitaba, porque en julio de 2012 había sido acusado de homicidio y desde octubre de ese mismo año estaba en conversaciones con el juez del caso.

Cuarto hecho. El resultado electoral de noviembre de 2012, que fue un golpe para Lutgardo, resultó ser positivo para personas como él que se dedican a nadar en aguas coloradas. Las del contable son azules, pero en las coloradas nadan otros peces y, aparentemente, entre unos y otros hay ciertos arreglos de colaboración mutua. Si Lutgardo ya no podía gestionar directamente el nombramiento del juez Acevedo Hernández al Apelativo, debía conseguir a alguien con acceso a las aguas coloradas para que le hiciera el favor a ambos, es decir, a él y al juez. Y aquí es donde aparece otro personaje llamado Anaudi Hernández Pérez, a quien los medios de prensa identifican en ocasiones como "comerciante" y en otras como "donante". Este individuo es muy parecido a Lutgardo –que sabe gestionarse contratos y repartir regalos– pero opera en aguas coloradas. Como tal vez se adeudan mutuamente favores, porque uno está en la rueda de arriba en tiempos azules y el otro en los colorados, el contable fue derechito a donde el comerciante para que le tendiera la mano al juez Acevedo Hernández. Como ya había llegado el mes de enero de 2013, el turno era de Anaudi. Según la prueba que se presentó en el Tribunal Federal, el comerciante recibió al juez y al contable tan temprano como el 21 de enero de 2013, cuando apenas se estrenaba el gobierno de los colorados.

La prueba que se presentó en el tribunal no identifica las puertas que trató de abrir Anaudi, luego del pedido de Lutgardo, para beneficio del juez. Sólo sabemos que prometió ayudar a su "adversario" político y colega de negocios. De todos modos, ya para esa fecha la operación había sido descubierta y los tres –Lutgardo, Anaudi y el juez- estaban bajo vigilancia. En cuanto a los contactos del colorado, se ha mencionado, entre otros, al actual presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló. Éste, sin embargo, se apresuró a negar que Anaudi lo contactara aunque reconoció que es su amigo y colaborador.

Lo que todo esto dramatiza no son las correrías de dos pequeños "empresarios" pueblerinos, más temerarios que atrevidos, sino la podredumbre de un sistema político donde ha surgido con gran destaque una figura nueva de gran poder: la del recaudador de fondos. Son individuos con pocos escrúpulos y mucha ambición que hacen carrera cerca de los candidatos, supliéndole fondos para las campañas, a cambio de favores posteriores. Se trata de una apuesta que casi siempre ganan porque el político beneficiado queda marcado y comprometido con el oportuno proveedor.

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