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EDITORIAL: Destrucción y entrega de la AEE

Publicado: martes, 22 de agosto de 2017

Editorial

La declaración de emergencia en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), hecha la pasada semana por el Ing. Ricardo Ramos, Director Ejecutivo de dicha corporación pública, es sólo la admisión del estado ruinoso en que se encuentran las instalaciones eléctricas del país y de una AEE recién oficializada en bancarrota y referida a la Jueza de Quiebras, Laura Taylor Swain, quien trabaja en resolver las controversias bajo el Título III de la ley federal PROMESA.

 

La acción tomada por el ingeniero Ramos es la secuela de la ya creciente inestabilidad del sistema eléctrico que viene experimentando cada vez más frecuentes interrupciones en el servicio, en ocasiones varias veces en un mismo día, averías en plantas y subestaciones debido al deterioro y falta de mantenimiento de las mismas, cables tumbados al suelo o totalmente cubiertos por ramas de árboles que no se podan desde hace años, y continuos apagones que dejan sin servicio a miles de abonados en distintos lugares de Puerto Rico. Por eso, al hacer el anuncio de la emergencia, y reiterar la necesidad urgente de traer personal bajo contrato para tareas que no pueden postergarse más, Ramos demostró tal agobio y preocupación que nos hizo sospechar que la llamada “emergencia” en la AEE es no sólo un riesgo inminente, sino que podría tener consecuencias mucho peores de lo que se nos ha dicho o podamos imaginar. 

Ramos justificó su acción porque Puerto Rico entra ahora al momento más álgido de la temporada de huracanes y ya comienzan a manifestarse los fenómenos atmosféricos típicos de la época, tales como impredecibles ventiscas, fuertes episodios de lluvia, tormentas eléctricas, inundaciones y derrumbes, con sus previsibles efectos sobre la infraestructura eléctrica. 

Antes de las lluvias de la pasada semana, que en su momento pico dejaron a 57,000 abonados sin luz simultáneamente, ya había signos de una gran fragilidad sistémica y permanente. Peor aún, la AEE está carente del personal especializado que pueda hacerle frente a una avería masiva, como la que causó el apagón de septiembre del 2016 cuando el sistema colapsó dejando por más de cuatro días al país entero (1.5 millones de abonados) sin servicio de energía eléctrica, con el impacto brutal que esto tuvo también sobre nuestra maltrecha economía.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) ha venido advirtiendo desde hace años el riesgo que entrañan la falta de mantenimiento de la infraestructura eléctrica, y de mano de obra diestra que la AEE necesita y escasea en este momento. Igualmente, ha denunciado la obstinada insistencia de la gerencia de traer contratistas privados a hacer las tareas que nadie mejor que el personal regular de AEE conoce y maneja. Este mensaje ha caído en oídos sordos, y muchos de sus trabajadores más necesarios, impotentes ante la ruta de deterioro que lleva la Autoridad, se acogieron al retiro. ¿Resultado? Ahora la AEE confronta la peor crisis de personal diestro de su historia reciente, y el País la posibilidad de quedarse a oscuras por largo tiempo, en cualquier momento o por cualquier razón.

¿Cómo llegó hasta su destrucción la que una vez fue la “joya de la corona” entre las corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico? Todos sabemos las razones. Con el pasar de las décadas y la entronización de las castas políticas y los partidos que se acostumbraron al “poder” se pervirtió el propósito original de la entonces Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF) de hacer accesible la electricidad a todo el País, a tarifas razonables, y dotarlo de una entidad que, además de proveer un servicio estratégico, fuese una fuente considerable de ingresos públicos permanentes. Tras un inicio vigoroso y desconocido para las generaciones más recientes de puertorriqueños y puertorriqueñas, la historia de la AEE devino en la que conocemos ahora, la de un monstruo de muchas cabezas que ha vivido devorándose a sí misma, mediante la excesiva politización de sus estructuras por los partidos Popular y Nuevo Progresista, la mediocridad e ineficiencia administrativa y gerencial en los sucesivos gobiernos, el establecimiento de políticas gerenciales y proyectos mal concebidos y erráticos, el saqueo de sus fondos para propósitos ajenos a su misión, los contratos millonarios a los amigos de turno de la casa, el abandono negligente de sus haberes e infraestructura hasta dejarla derrumbarse, y una corrupción rampante y prevaleciente a todos los niveles que han convertido en cadáver lo que una vez fue quizá el principal y más prometedor proyecto social y económico gubernamental en la historia contemporánea de Puerto Rico.

La misión de la AEE expresa una intención loable que se abandonó en su trayectoria hacia la destrucción: “Proveer un servicio de energía eléctrica de la manera más eficiente, segura, económica y confiable, favorable para el ambiente y que responda a las necesidades de nuestros clientes, quienes son nuestra mayor prioridad.”

Hoy, arruinada y con más de $9,000 millones en deuda acumulada, la AEE se erige como ejemplo de todo lo que está mal y podrido en el gobierno de Puerto Rico y en la relación colonial de nuestro país con Estados Unidos, la cual le impide a nuestro pueblo ejercer su poder de decidir qué hacer con un componente económico tan neurálgico como la generación y distribución de energía eléctrica.

Con la quiebra como escudo, el gobierno colonial de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal planifican a nuestras espaldas la entrega de la AEE a los pulpos petroleros y del gas natural de Estados Unidos, que tienen sus tentáculos bien plantados en el Congreso y la Casa Blanca.

 

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