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El Proyecto de Ley sobre permisos Otro abuso del poder

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Publicado: martes, 14 de febrero de 2017

Por Pedro Saade/Especial para CLARIDAD

 

Recientemente se presentó en el Senado de Puerto Rico el Proyecto del Senado 310 el cual enmienda el trámite para la solicitud y aprobación de permisos de desarrollo y usos de terrenos. Un examen inicial de este Proyecto revela que es uno que amenaza los derechos de participación de las comunidades y la ciudadanía en general, la salud y, el medio ambiente.

Al igual que la mal llamada “reforma laboral”, (la cual empobrecerá a muchos por muchos años), esta “reforma” de permisos también se pretende justificar invocando la crisis fiscal y económica. Estas son reales pero en mi opinión se explotan para lograr otros objetivos, sin que se demuestre cómo tales reformas aliviaran en realidad la situación del país. Sí, Puerto Rico, nuestra Patria, es asediada, sangrante, desde diversas fuentes e intereses que se aprovechan. Así se siente Puerto Rico en este momento, así me duele, sujeta al entrejuego de la Junta de Imposición Fiscal y el Gobierno. La consigna del Gobierno es que todo se justifica para estar “open for Business”. Y esto está muy claro en la exposición de motivos del PS310, por ejemplo: “El gobierno será un facilitador del desarrollo económico, implementando reformas reales y contundentes de mercado libre, que abran nuestra economía a un crecimiento robusto y la creación de empleos.” El mercado y la mano libre, en otras palabras lo resolverán todo.

La realidad es que la crisis económica y social que vive el país desde hace varios años no se debe a los “permisos” (ni tampoco a los derechos laborales), ni a las protecciones ambientales y de salud. Entiendo que las causas son otras pero no es el momento de abundar sobre ello aquí. Estamos de acuerdo en que se reformen varios de los procedimientos que aplican a ciertos permisos de uso para estructuras y negocios (compatibles con la paz vecinal ) pero el PS310 va más allá. Éste limita las funciones de planificación de la Junta de Planificación, limita los derechos de participación y de acceso a los Tribunales de los ciudadanos, traspasa funciones adicionales a las oficinas privadas de los profesionales autorizados, permite multan ($50,000-$100,00) y honorarios contra los que objeten proyectos y hasta lesiona la función de la Rama Judicial, obligarle a crear paneles especializados en el Tribunal de Apelaciones.

El PS310 crea varias estructuras nuevas, a saber, una Junta Adjudicativa como parte de la Oficial de Gerencia de Permiso (OGPE) y una División de Pensiones Administrativas, también dentro de (OGPE). Dentro de la Junta de Planificación se crea también una unidad de auditoria y el trámite de querellas. (Art. 52). El terreno es fértil para la confusión y el abuso. Resaltamos aquí a modo de resumen partes del PS310 que son de interés.:

1) El PS310 le quita a la Junta de Planificación la facultad de adjudicar casi todas las consultas de ubicación. Esto por vía de una Junta Adjudicativa, que puede delegar estos poderes directamente al Director Ejecutivo (29,46).

2) A la Junta de Planificación se le asignan las tareas de atender querellas e imponer multas, sin embargo, ello incluye el imponer multas que pueden ser ascendentes a $50,000-$100,000 por interrumpir u ocupar una construcción. Esto tiene el claro objetivo de intentar limitar la oposición a proyectos y es una amenza a los derechos de expresión. 

3) Se crean mecanismos de permiso únicos, y permisos automáticos con pocas salvaguardo lo que puede afectar vecindarios. Ello incluye traspaso automático de permisos de usos y de construcción en el caso de cambios de dueños.

4) Se crean múltiples mecanismos preliminares que pueden socabar la participación pública las pre-consultas, las pre-autorizaciones y las recomendaciones. Estos mecanismos son anteriores a someter la solicitud final de un proyecto u obra y pudiera  por ello ser más informales.

5) El Proyecto pretende establecer un sistema uniforme único de información digital para el manejo de los casos (llevado “Portal único”). No empece sus ventajas, la ley permite que el público no pueda accesar información “confidencial”: pero ello no se define, y no garantiza con suficiente claridad el derecho de acceso a la información del Portal.

6) Sigue tendencia a privatizar funciones del estado al incrementar funciones de Profesionales Autorizados pues ahora pueden otorgar los nuevos “permisos únicos”.

7) Se establece un trámite expedito con poca oportunidad de verificación aún en los casos complejos y de gran impacto, por ejemplo, le limita la facultad de las agencias para examinar adecuadamente proyectos complejos, si una solicitud se presentaba bajo Ley de Certificaciones (Ley 135-1967), la agencia no podrá solicitar información adicional alguna una vez se declare completa la solicitud (Art. 28 de PS310). 

8) El PC310 no contiene requerimientos de vistas públicas y sobre participación aún en casos de consultas de gran impacto regionales o supraregionales.

9) Ya no es posible revisar en los Tribunales la decisión de si han cumplido con los documentos ambientales (como Declaraciones de Impacto Ambiental) salvo cuando se apruebe el proyecto final, lo cual puede ser tarde. (Art. 78). 

10) Cualquier persona o comunidad que cuestione en los Tribunales una decisión ante Tribunal de Apelaciones o el Tribunal de Primera Instancia se le pueden imponer los honorarios y “su cuantía no sería razonable, sino los honorarios que pagó la otra parte que puede ser a grandes bufetes y puede por ende estar sujeto a abusos y facturaciones excesivas. Todo esto es una forma de intentar coartar los derechos de la ciudadanía, si deciden recurrir a los Tribunales y, por ende, tener acceso a la Justicia.

11) El PS310 denota, además una marcada desconfianza y recelo a la Rama Judicial al disponer que el Tribunal Supremo de Puerto Rico debe crear paneles de jueces especializados en el Tribunal de Apelaciones para atender los casos de permisos rápidamente, y en los términos que el proyecto indica. (Art. 48 del PS310). Se limita también el poder de los Tribunales a otorgar una paralización de obras y proyectos cuestionables y, como se ha dicho, se les obliga también a imponer cuantiosos honorarios de abogados contra los que pretenden cuestionar la legitimidad de un proyecto. 

Debemos todas y todos estar alerta al trámite (seguramente acelerado y atropellado) del PS310 y reclamar la celebración de vistas legislativas y la adecuada evaluación del proyecto. 

 

El autor es abogado y activista ambiental.

 

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