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Opinión / Siete días

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Dos asesinatos y una condena

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Por Manuel de J. González

Publicado: martes, 23 de septiembre de 2014

Entre todos los eventos noticiosos ocurridos en Puerto Rico durante las últimas dos semanas, sobresale la escalada de violencia desatada contra mujeres en distintas partes del país. Todos los factores que sostienen y agravan el problema afloraron durante esos días y el resultado fue desastroso. Hubo ataques por celos, asesinatos a machetazos o cuchilladas, violaciones espeluznantes y hasta un proceso judicial donde el asesino terminará recibiendo una condena atenuada.

El primero de los factores agravantes que afloraron, es el de las limitaciones que  exhiben tanto el sistema judicial como el correccional para ayudar a enfrentar el problema de violencia contra la mujer. Dos eventos ocurridos durante esos días dramatizan las carencias de ambos sistemas y, junto a éstas, los profundos asuntos sociales y culturales que permanecen en el sustrato de este terrible problema.

El primero fue el asesinato de una mujer en Caguas a manos de un individuo que ya había enfrentado sentencia y cumplido condena por otra muerte ejecutada en circunstancias casi idénticas. El hombre, imputado de asesinato en primer grado por el caso anterior, había alcanzado un "preacuerdo" para declararse culpable por un segundo grado, logrando así que se le condenara a una pena menor. Luego de pasar más de una década en la cárcel, volvió a la libre comunidad y ahora se le imputa un crimen casi idéntico al primero.

La primera reacción de mucha gente fue culpar al sistema judicial y a los fiscales del Departamento de Justicia que negociaron el acuerdo de culpabilidad. No comparto esa crítica. En primer lugar, los acuerdos de culpabilidad son los que permiten que el sistema de justicia criminal funcione y por eso constituyen la norma tanto en el nivel federal como en el boricua. De no existir ese mecanismo, el volumen de juicios sería tal que abarrotaría el sistema, haciéndolo aún más lento e ineficiente de lo que es en la actualidad.

En segundo lugar, una condena de 12 o 14 años de cárcel no es poca cosa. En los sistemas judiciales europeos ésas son las condenas más largas. Donde está el fallo es en la efectividad del sistema correccional para ayudar a cambiar las conductas criminales y en el hecho de que la realidad social que hizo posible el primer crimen, sigue estando presente para hacer posible el segundo. Debemos preguntarnos qué tratamiento, si alguno, recibió ese individuo durante la larga década que pasó tras las rejas o si, en cambio, allí alimentó el odio y el machismo. Todo indica que ocurrió lo segundo porque las cárceles, de ordinario, tienen muy poco de centro "correccional".

Además de los cuestionamientos dirigidos al sistema correccional, debemos considerar qué acciones puede ejecutar la sociedad para atender a ese agresor potencial o para proteger a las mujeres que lleguen a su entorno. Reconozco que esas medidas de prevención son difíciles de implantar porque no es posible seguir a cada individuo peligroso, mucho menos en la intimidad de un hogar, pero es cierto que se hace muy poco para identificar y de alguna manera aislar a estas personas.

Otro caso donde el sistema judicial estuvo en entredicho fue de un individuo acusado de asesinar y luego descuartizar a otra mujer en el municipio de Gurabo. En este otro caso no hubo preacuerdo con el asesino, quien no sólo mató sino que ejecutó actos de extremo salvajismo hacia su víctima. Para sorpresa de muchos, la persona fue encontrada culpable, no del primer grado que se le imputaba, sino del más atenuado segundo grado, por lo que recibirá una pena de cárcel similar a la del otro caso. Lo increíble es que no fue un juez el que dictó la condena, sino un jurado mayoritariamente constituido por mujeres.

Algunos han tratado de poner el dedo acusador en las instrucciones al jurado que debió dar el juez que presidió el proceso, y otros en la estrategia de la defensa. Sin duda, esos elementos debieron tener algún peso en la decisión, pero todo apunta a que el centro del problema no está en los procedimientos judiciales, sino en procesos culturales de los que se conoce poco y se discute menos. Según las informaciones de prensa, uno de los elementos que tomó en cuenta el jurado, alentados por la defensa, fue que entre el victimario y la víctima había una relación de pareja y que previo al asesinato la mujer había rechazado tener relaciones sexuales con su victimario.

Si esa noticia llegara desde alguna tribu de Afganistán donde, por planteamientos tribales o deformaciones del Islam, la mujer es poco más que un objeto del hogar, uno lo entendería, pero resulta asombroso pensar que un jurado puertorriqueño, compuesto mayormente por mujeres, considere como atenuante de un asesinato el rechazo de la mujer al hombre. Si eso es cierto, las fuerzas civilizadoras han avanzado muy poco en nuestro país.

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