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Beneficios residuales del colonialismo

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Por Manuel de J. González

Publicado: martes, 28 de octubre de 2014

Todos los procesos coloniales que se han dado en el mundo representaron un choque, una confrontación, entre las instituciones del país colonizador –casi siempre más desarrolladas, pero sobre todo, distintas– y las del territorio o país colonizado. En algunos lugares esos choques generaron conflictos que luego alimentaron la lucha de liberación. Ése, por ejemplo, fue el caso de la India. Pero también hay ocasiones en que el colonizador, además de ir a explotar y a beneficiarse económicamente –objetivo primario de todo proceso de colonización– trasplanta ideas e instituciones que tienen un efecto positivo sobre la vida social de la colonia.

En Puerto Rico se han vivido ambas experiencias desde el 1898, tras la invasión y el nuevo colonialismo estadounidense. En cuanto a lo conflictivo el choque más importante fue en el idioma, y en cuanto a las influencias positivas, uno de los renglones que experimentó cambios importantes fue el de las relaciones matrimoniales y el papel que jugaba la religión, particularmente la Iglesia Católica, en la institución familiar. Aquí, como en el resto del imperio español, la Iglesia Católica era parte del estado. Sus normas, nacidas de sus dogmas, tenían fuerza de ley. El divorcio no existía ni tampoco el matrimonio civil. Sólo la Iglesia podía casar y el lazo que allí nacía era para siempre. (Ahora mismo, a la altura del siglo XXI, ésa sigue siendo la norma católica y tan recientemente como la pasada semana el asunto se debatía en un sínodo celebrado en el Vaticano.) Hasta los cementerios estaban en poder de la Iglesia que, por tanto, controlaba la vida desde el bautismo hasta la sepultura.

El nuevo gobierno colonial cambió esas normas casi de un día para otro. La Iglesia Católica perdió el poder que le daba la condición de oficial y tanto el matrimonio civil como el divorcio se incorporaron al Código Civil. Para tener una idea del cambio que eso representó, sépase que todavía hay países hispanos donde el divorcio tiene enormes trabas. Chile lo legalizó tan recientemente como el 2004. El poder de la Iglesia Católica siempre derrotaba cualquier esfuerzo liberalizador. En nuestro caso nada pudieron hacer frente a los mandatos del nuevo invasor.

Ese cambio modernizador fue, sin duda, un efecto residual positivo del colonialismo. A lo largo del siglo XX llegarían otras alteraciones importantes a la vida social de los puertorriqueños como resultado de decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que se aplican de manera automática en Puerto Rico.

El más importante de esos cambios fue el que legalizó el aborto. Como sabemos, en Puerto Rico no se reconocía el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo y el aborto estaba definido como delito en el Código Penal. Ante el poder de los religiosos, ninguna Legislatura se atrevía a cambiar esa realidad, pero la decisión del Tribunal Supremo estadounidense en el caso Roe v. Wade en 1973 alteró la norma de la noche a la mañana. No cabe duda de que fue una imposición típicamente colonial, porque no tenemos ninguna participación en la selección de esos jueces cuyas decisiones estamos obligados a cumplir, pero implicó un desarrollo positivo en cuanto a la liberalización de la vida social y un impulso a los derechos de la mujer.

Luego del aborto, otra decisión del Supremo de allá invalidó la legislación puertorriqueña que criminalizaba la relación sexual anal, aunque fuera consentida y entre personas adultas. Ese delito no sólo se mantenía en nuestro Código, estableciendo una pena de cárcel por su comisión, sino que, para dramatizar el rechazo oficial, era el único adjetivado. La sodomía se definía como el "infame delito contra natura". Pero a pesar de la carga moral que nuestra legislación le asignaba, el artículo del Código Penal se convirtió en letra muerta tras el dictamen que llegó desde Washington.

Ahora parece que le toca el turno al matrimonio entre personas del mismo sexo. Casi toda Europa –menos algunos países, como Italia y Polonia, donde la Iglesia Católica sigue teniendo mucho peso político– ha reconocido que mantener la prohibición a ese tipo de unión matrimonial viola los derechos civiles de los interesados. País tras país han ido aprobando legislación para reconocer el derecho. En Estados Unidos el Congreso no ha actuado, ni se espera que actúe mientras siga en poder de los conservadores, pero muchos estados han legislado autorizando el matrimonio homosexual. En aquellos donde subsiste legislación como la de Puerto Rico, que niega el derecho, se han presentado demandas en los tribunales federales alegando que la prohibición estatal contradice la Constitución de Estados Unidos. En todos los casos que se han dilucidado hasta ahora, los tribunales de Distrito o de Circuito han fallado a favor de los demandantes, invalidando la prohibición estatal. Recientemente el Tribunal Supremo se negó a revisar esas decisiones otorgándoles una aprobación tácita.

El Tribunal de Distrito federal en Puerto Rico, por voz del ultraconservador Juan Pérez Giménez, optó por un camino distinto, desestimando el reclamo de los demandantes. Un juez que de ordinario no tiene reparos para dictarle pautas al Gobierno de Puerto Rico, como cuando mantuvo por años bajo sindicatura al Departamento de Corrección en el caso Morales Feliciano, ahora levanta la bandera de la deferencia para decir que le corresponde a la Legislatura de Puerto Rico actuar. Sabe muy bien que esa actuación no se producirá, como ocurrió con el aborto, la sodomía consentida y el divorcio por consentimiento mutuo. Ahora la controversia pasa al Primer Circuito de Apelaciones con sede en Boston donde, si actúan como los otros Circuitos, deberán decidir a favor de los demandantes.

Si eso ocurre, estaremos ante otro beneficio residual del colonialismo. Bienvenido sea.

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