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Hay que auditar la deuda

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 5 de abril de 2017

Como una moneda de dos caras, la controversia entre el grupo de bonistas de COFINA y los bonistas de las Obligaciones Generales, los llamados GOs, como el reclamo de todos ellos de que el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF) no logrará recaudos suficientes para pagarles dejan en evidencia y confirman la necesidad de la auditoría de la deuda. 

En los pasados días se ha visto la controversia entre ambos grupos tanto en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico (Tribunal Federal), como denuncias de bonsitas de obligaciones generales de presiones de parte de los cabilderos de COFINA en el Congreso de Estados Unidos, en particular con la comisionada residente Jennifer González, para evitar que el gobierno de Puerto Rico renegocie el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

En entrevista con la economista doctora Martha Quiñones Dominguez, esta indicó que en efecto el plan fiscal no logrará los recaudos suficientes para pagar la deuda, y la disputa responde a que en el plan fiscal no está identificado cuánto se le va a asignar a cada una de las aseguradoras y grupos de bonistas, por lo que los acreedores todos “están actuando ahora como los auditores de la deuda porque están demostrando cuáles son legales y cuáles son ilegales”. 

Explicó que el grupo de bonistas de GOs que están demandando están aceptando que hay una deuda ilegal al decir que la deuda de COFINA sobrepasa el 15% de deuda de lo que dice la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA). Dado al hecho de que COFINA se creó fuera del marco constitucional los bonistas de GOs alegan que esos fondos se pueden usar para pagarles y que COFINA puede esperar. Por su parte los bonistas de COFINA, que sí están cobrando su deuda dicen que la deuda ilegal es la de los bonos generales.

A la luz de esta controversia denunció, “en ningún momento se ha visto deseos de auditar la deuda y lo que quieren es recortar y recortar y entonces por un lado dicen que no hay dinero y por otro lado hay dinero para la junta”. En particular censuró el sueldo de $625 mil anuales que recibirá la directora ejecutiva de la JCF, la ucraniana, Natalia Jaresko. 

Quiñones Domínguez, llamó la atención a que Jaresko tiene detrás una sombra de corrupción y uno de los problemas principales de Puerto Rico es la corrupción, “traen a una persona que tiene una sombra de corrupción detrás, lo que vamos a ver es un desvío de fondos públicos”, afirmó. Cuestionó el que una persona ajena que no conoce a Puerto Rico sea la que vaya a desarrollar un plan económico para el país. La economista y planificadora denunció que las acciones y determinaciones de la JCF responden a los intereses de la política neoliberal que entiende que la educación no se debe de dar para así poder mantener control sobre la fuerza laboral, pagar menos a los trabajadores, además de pagar a los bonistas y establecer la agenda neoliberal. “Lo hicieron en Portugual, Grecia y en Puerto Rico llevan años tratando pero la resistencia ha sido más fuerte, uno porque los que administran quieren mantener el estaus colonial, por lo tanto, no se puden mostrar tan perversos, todas las políticas neoliberales se han establecido poco a poco desde la década de los 70’”. 

 

Esto va a durar todo el cuatrienio

Por su parte el doctor Heriberto Martínez, miembro de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política (APEP) preveyó que toda la controversia entre bonistas, gobierno y JCF va a durar hasta el próximo año y “probablemente estemos todo el cuatrienio”. Afirmó que todos saben que la deuda ($72 mil millones) como está no se puede pagar. 

Comentó que la actual administración “ahora está chocando con la realidad de que no hay dinero para pagar deuda, porque el asunto es que cualquier plan fiscal tiene que ir de la mano con un plan de desarrollo económico uno, sin el otro va a estar cojo”. 

Frente a la ausencia de un plan de desarrollo Martínez reparó en que hay una característica demográfica económica bien importante aquí y es que en Puerto Rico existe la válvula de escape de la emigración y que de acuerdo a los estimados del Censo, al presente hay 3 millones 500 mil puertorriqueños viviendo en la isla. 

“El asunto técnico en todo esto es que el que no quiera pagar la deuda lo que tiene que hacer es tomar un avión e irse y ya no tiene ninguna responsabilidad de pagar la deuda. Eso lo que está provocando es un problema económico lo que a su vez va a provocar un problema en la proyección de los recaudos”. Comentó que la Junta, lo que le está diciendo al Gobernador es ‘ojo con lo que tu esperas recaudar, recortar no va a ser suficiente para pagar, tienes que recortar más todavía’. Trajo a la atención que ahí es que entra la controversia de los $450 millones de la UPR versus los $250 millones que dice la administración Rosselló que se debe recortar. 

Martínez recordó que bajo la administración de Luis Fortuño se tomaron préstamos a la Administración de Fomento Económico (AFE) para la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) a sabiendas de que ésta no tenía fuente de repago. Reveló que un estimado de la APEP y mientras trabajó de asesor en el pasado cuatrienio en la oficina del representante Manuel Natal, un estudio evidenció que entre $2 a $200 mil millones de ese solo préstamo representa el 3.7% de la deuda total de Puerto Rico.

“Las preguntas son: ¿en qué se usó ese dinero, quiénes son las personas responsables? Nada de eso se está auditando y quién es la persona que estuvo en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF)  en ese periodo, Carlos García , Arturo Carrión, por eso se oponen a la auditoria de la deuda”, denunció enfático. Recalcó que con una auditoria se podría saber cuál de esa deuda interna es incosntitucional, además de que hay $4 mil millones de deuda de los municipios que se puede negociar a nivel interno con el BGF. 

“Cuando uno va buscando y sumando la auditoría de la deuda, es una necesidad porque la falta de transparencia de las decisones del BFG es total y si no queremos auditar la deuda al menos auditemos al BGF y ahí vamos a tener al menos un 60% de toda la deuda que se ha emitido en Puerto Rico”. A la luz de sus denuncias coincidió con el planteamiento de que la postura de la JCF de no querer auditar la deuda responde a que hay un conflicto de intereses entre sus miembros. 

Respecto a cuánto podría influir los pleitos entre los bonistas sobre las negociaciones pendientes comentó que los jueces están muy conscientes de que la decisión que ellos tomen sobre una deuda en particular o una reclamación particular puede tener impacto no de precedente, pero sí de inlfluenciar sobre otras decisones que se estén llevando a cabo y como no hay en estos momentos una línea clara de los bonistas están teniendo mucha precaución. 

En esa dirección aclaró:“No se puede pensar en la deuda de Puerto Rico como una homogénea. La deuda de Puerto Rico es bien heterogénea y va a depender mucho de cuál es la corporación pública que hace la emisión y eso es lo que está provocando también que haya conflicto entre acreedores”. 

“Ya la inversión social no puede tocarse, al contario hay que aumentarla. Lo que estamos haciendo es al revés, reduciendo la inversión social pero seguimos el gasto político contratando políticos y seguimos dejando el servicio de la deuda intacto”, denunció. 

Destacó que los acreedores ya saben que para poder cobrar su deuda ya sea la totalidad o una parte necesitan un gobierno con finanzas estables, necesitan que la gente se quede en el país para poder pagar contribuciones y necesitan que la gente no este en la calle protestando: “Por lo tanto yo creo que estamos llegando a un turning point de la negociación de que lo que puede rescatar la economía de Puerto Rico y las estructruras públicas de Puerto Rico va a ser la lucha política de los ciudadanos oponiéndose en contra de las políticas de austeridad”. 

No pasó por alto que para aglutinar ese pueblo que se tira a la calle hace falta crear nuevas estructuras del siglo XXI y fortalecer estructuras colectivas que defiendan el interés de lo local, como las cooperativas, empresas medianas y pequeñas nacionales, CLARIDAD como fuente de información etc., “tenemos que empezar a fortalecer todo lo local porque si no hay instituciones que reciban al pueblo que se tira a la calle todo se va a quedar en protestas”

 

 

 

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