Opinión / Editorial

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Arrecia la ofensiva de los buitres del gas natural

Publicado: martes, 4 de septiembre de 2018

Desde que la ley PROMESA estaba bajo discusión y confección en el Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos, en CLARIDAD advertimos que detrás de su aprobación, estaba la intención de entregar el sistema energético de Puerto Rico a los grandes intereses del gas natural. Tal intención saltaba a la vista con solo echarle un vistazo a la ley y conocer que su principal redactor, Bill Cooper, entonces ayudante principal de Rob Bishop, presidente del comité congresional que rige sobre los asuntos de Puerto Rico, había ejercido como cabildero de la industria del gas natural la mayor parte de su vida profesional. Entonces corrió con insistencia el rumor de que el tal Cooper sería el posible director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF) que eventualmente vendría a implantar PROMESA en nuestro país. 

Aunque el nombramiento de Cooper en la JCF no se materializó, el paso del huracán María y la devastación de nuestra ya maltrecha infraestructura energética les abrió las compuertas a estos nuevos buitres. Ya se sabe que Cooper, tras un breve interludio como director de la oficina del bufete McConnel Valdés en Washington, ha sido nombrado por el presidente Donald Trump como Asesor Legal (“Legal Counsel”) del Departamento de Energía de Estados Unidos. Esto lo coloca en una posición privilegiada para influenciar las decisiones sobre energía en Puerto Rico. Se sabe, además, que en el bolsillo profundo de la industria energética está no solo Cooper sino también Rob Bishop y todo un entramado de funcionarios y cabilderos de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico, con una agenda bien delineada para tomar control de la generación de energía en Puerto Rico para la industria estadounidense de gas natural. Por lo revelado en un diario del País la semana pasada, sabemos que Rob Bishop ha recibido cuantiosas sumas de dinero de compañías y firmas relacionadas con energía entre otras, algunas de las que están interesadas en hacer negocios en Puerto Rico. Al presente hay un exceso de producción de gas natural en Estados Unidos y no hay tantos mercados para exportar. Por eso, tener a Puerto Rico como mercado cautivo para colocar parte de dicho excedente les viene como anillo al dedo. 

Dicha presión desde Washington podría explicar la prisa de la JCF y el Gobierno de Puerto Rico por acelerar el proceso de privatización de la AEE, concluir el acuerdo de reestructuración de su deuda de $9,000 millones en condiciones inmejorables para los bonistas, e iniciar la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico para su operación con gas natural. Desde su nombramiento, el nuevo director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, ha dicho que su plan para la corporación pública incluye la conversión de dos unidades de San Juan y la construcción de dos nuevas plantas para la producción de energía con gas natural. Ortiz vislumbra que un 60% de la energía en Puerto Rico se producirá con gas natural por los próximos 20 ó 30 años. Dice que esto podría bajar la factura de energía a los consumidores en un 40 %, ya que el costo del gas natural es menor al del combustible de petróleo que ahora se usa en Puerto Rico. 

Las proyecciones optimistas de Ortiz no dicen toda la verdad. Puerto Rico no produce gas natural. Tenemos que importarlo al igual que se hace con el combustible de petróleo. Ya eso supondría un alto costo de transporte. A eso habría que sumarle el manejo del gas hasta llegar a los consumidores de Puerto Rico. Dicho proceso es largo y complicado, porque transportar gas natural requiere licuarlo, y luego gasificarlo nuevamente para la producción energética. Este proceso se realizaría utilizando barcazas especialmente equipadas para la transportación y operación del gas a larga distancia. Por eso, expertos como los del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) de Estados Unidos se muestran escépticos ante la alta proyección de ahorro esbozada por Ortiz y señalan que no hay análisis ni evidencia disponible que sustente dicha proyección. 

Durante la vista celebrada la semana pasada por la Comisión Especial de Asuntos Energéticos del Senado de Puerto Rico surgieron idénticas interrogantes y se cuestionó de manera contundente la intención de privatizar la AEE, y convertirla en subsidiaria de la industria del gas natural en Estados Unidos. Se cuestionó incluso la validez de celebrar dichas vistas y dar la impresión de que se toma en serio la discusión sobre el futuro de la AEE, cuando ya la gerencia de dicha corporación pública ha iniciado acciones que parecen irreversibles hacia el establecimiento de una operación masiva de energía mediante el uso de gas natural importado, minimizando la prioridad y el impacto de las soluciones renovables como el sol, el viento y otras, que sí son abundantes en Puerto Rico.

 Así se expresó la ingeniera Ingrid Vila, portavoz de la entidad Cambio, en su comparecencia a la vista senatorial: “Un modelo de transformación viene a garantizar la transparencia en su quehacer a la vez que propicia la más amplia participación pública. Para esto es requisito maximizar la tenencia local, favoreciendo o dando prioridad a que individuos, comunidades, cooperativas y municipios sean los dueños de los sistemas de generación renovables. Esto revertirá el modelo de extracción de recursos sobre el cual ha estado basado el sistema eléctrico y bajo el cual anualmente nos extraen a los puertorriqueños y puertorriqueñas sobre $2,000 millones de los bolsillos en la compra de combustibles fósiles y en Acuerdos de Compra de Energía con empresas cuyas ganancias disfrutan fuera de nuestro país. A la vez, convierte al actual consumidor en un productor de energía (prosumer) y una mejor fiscalización del funcionamiento del sistema.”

De eso precisamente es que debe tratarse la transformación energética de Puerto Rico: de rescatar nuestro poder de decisión sobre el rumbo energético de nuestro país. Que seamos los puertorriqueños y puertorriqueñas quienes determinemos cómo encaminar nuestros recursos de energía, a base de las necesidades de la población, y del proyecto político, económico y social que, en democracia y consenso, acordemos para nuestro país.

Empeñar nuevamente nuestro funcionamiento energético a la industria del gas natural como ya lo hicimos con el petróleo, sería seguir perpetuando nuestra dependencia de combustibles fósiles importados; seguir sometiendo a nuestra población y recursos naturales al asalto ambiental que estos representan, y darles mano libre a los buitres extranjeros para que ensayen nuevas maneras de seguir explotando y despojando a nuestro país.

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