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Un monumento a la negligencia

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Por Manuel de J. González

Publicado: martes, 4 de septiembre de 2018

“Creo que el hombre aprende más de la adversidad, siempre que no lo destruya, que de la bonanza.” José “Pepe” Mujica.

 

Luego de que el gobierno reconociera como dato oficial la cifra de 2,975 muertos relacionados con el huracán María, circuló en la redes sociales este tuit de Ricardo Rosselló: “Nuestro dolor tras lo ocurrido por el paso de María, no tiene precedente. Le encomiendo a la Escuela de Arquitectura de la UPR el diseño de un monumento que rinda nuestros respetos a los fallecidos durante la catástrofe.” El texto, escrito por uno de sus publicistas, afirma que lo de “sin precedente” no es la catástrofe propiamente, sino el “dolor” que siente el compungido habitante de la Fortaleza. Luego añade que los fallecidos, a los que quiere ofrecerles respeto, perdieron la vida “durante la catástrofe”. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump tan sólo se limitó a congraciarse por su “fantástica” atención a la tragedia puertorriqueña. 

El supuesto dolor de Rosselló –expresado tras diez meses de “la catástrofe” y tras reiteradísimas negativas a reconocer la alta cifra de muertos– no es la mentira más importante contenida en el tuit. La más sobresaliente es la afirmación de que los integrantes de esa fatídica cifra oficial murieron “durante la catástrofe”. 

Como se recordará, el huracán nos atacó durante la madrugada y la mañana del 20 de septiembre de 2017 y, cuando concluyeron los vientos, muy poca gente había fallecido como resultado del evento. Mientras se sintió la furia del meteoro casi todo el mundo estaba protegido y cuando se abrieron las puertas de casas y refugios la mayoría sintió alivio. 

El problema, señor gobernador, no fue “durante”, fue después. La cifra de muertos incluye a los que no pudieron llamar para pedir auxilio porque en esta isla, que durante seis meses de cada año vive en “temporada de huracán”, nadie previó que el sistema de comunicación se podía afectar. Incluye a los que, pudiendo llamar, nunca fueron escuchados por aquella gran partida de funcionarios que se acantonó en el Centro de Convenciones, con aire acondicionado y refrigerios, a planificar la respuesta. En la cifra están a los enfermos que interrumpieron su tratamiento por falta de energía, mientras la autoridad pública a cargo de proveerla le garantizaba $300 millones a unos buscones del lejano estado de Montana, desperdiciando aquel crucial primer mes después del huracán. Incluye también a los que habitaban en égidas y hogares para ancianos y nadie, NADIE entendió que debieron tener prioridad a la hora de repartir servicios y garantizar atención médica. Entre los 2975 están los que no lograron trasportarse por falta de combustible, mientras la gasolina esperaba en los muelles o en los tanques, y los que no pudieron comprar alimentos o medicamentos porque los pocos lugares abiertos exigían “cash only”, mientras los bancos permanecían cerrados. 

El párrafo anterior es tan sólo un resumen de lo que ocurrió durante aquellos primeros meses, cuando el país entero quedó al garete, sin gobierno que funcionara. Ahí está la causa del mal y no en los vientos de María. Los gobiernos a cargo de Puerto Rico, el de allá y el de acá, sencillamente desaparecieron durante el periodo más crucial y el País se convirtió en una especie de jungla social donde sólo sobrevivía el más apto. Los que tenían disponibles recursos suficientes para no depender de la autoridad pública, sobrevivieron más o menos bien. Los demás no.

Esa conducta debiera ser fuente de responsabilidad. Si existiera alguna autoridad pública con capacidad y voluntad de investigar, cada uno de esos actos u omisiones, sería suficiente para configurar el delito de negligencia criminal, según este se tipifica en nuestro ordenamiento. El Artículo 22 del Código Penal define con bastante claridad el tipo de conducta que constituye punible. Veamos: “Una persona actúa negligentemente cuando debió haber sabido que su conducta genera un riesgo sustancial e injustificado de que se produzca el resultado lesivo o la circunstancia prohibida por ley. El riesgo debe ser de tal grado que considerando la naturaleza y el propósito de la conducta y las circunstancias conocidas por el actor, la acción u omisión de la persona constituye una desviación crasa del estándar de cuidado que observaría una persona razonable en la posición del actor”. 

No se necesita mucha argumentación para concluir que la autoridad pública, antes y después del huracán, no cumplió con “el estándar de cuidado que observaría una persona razonable”, dejando al pueblo a su suerte. El aparato gubernamental dejó de funcionar cuando más se necesitaba con las consecuencias que ya son “oficiales”. ¿Y ahora qué? ¿Nos contentamos con un monumento a las víctimas promovido por uno de los principales victimarios? 

Hasta la fecha nadie ha respondido. Los responsables de agravar el problema de la electricidad se limitaron a renunciar cuando ya la gente se había cansado de señalarlos y desde entonces viven tranquilos. Los demás, ni eso. Pero, aunque se produzcan nuevas sustituciones, nunca llegarán hasta el centro de un gobierno mediocre. El asunto es político, estructural, que no se resuelve cortando algunas cabezas para contentar a la plebe, como hacían en Roma. 

 Preparémonos, pues, a vivir contemplando un monumento que, aunque se construya para homenajear las víctimas, nos recordará por siempre la conducta criminal de los victimarios. 

Los que quedamos vivos podemos “aprender de la adversidad”, como señala Pepe Mujica. Los otros no, a esos la negligencia los destruyó.

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