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La reforma histórica del capital

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Por Luis Pedraza Leduc

Publicado: martes, 3 de abril de 2018

Para el 22 de marzo de 2018, día oficial de conmemorar la Abolición de la Esclavitud, el gobernador colonial, Ricardo Rosselló Nevares anunció al país lo que llamó una reforma histórica, el continuar trastocando los derechos y condiciones de la clase trabajadora del país. Tras el infame anuncio, quien tiene el deber ministerial de defender los derechos de la clase trabajadora, el Secretario del Trabajo, Lic. Carlos Saavedra, se alineó con el gobernador acudiendo a los medios de comunicación para defender estas propuestas bajo la categorización de “reforma histórica”. 

Una semana más tarde, la Junta de Control Fiscal le exigió al gobernador medidas más fuertes contra la clase trabajadora. Quieren despidos, eliminar la licencia de maternidad y reducir las pensiones, entre otras. El gobernador fingió indignación y alega que retirará la llamada por él, “reforma histórica”. De esta manera responde a la presión de la opinión pública, especialmente sus electores, quienes han inundado los medios de comunicación en contra de las medidas propuestas.

Veamos qué implican estas medidas históricas. Las propuestas de reducir licencias, eliminar el bono de Navidad y la indemnización por despidos injustificado tiene el efecto inmediato de reducir el costo del trabajo en favor de los patronos y en perjuicio de la clase trabajadora y el recaudo de ingresos al gobierno. Los anuncios de elevar el salario mínimo es una vil mentira ya que lo que se propone es trasladar el costo de beneficios económicos que se eliminan para traspasarlos al pago de salarios por hora. Al final, el salario real se reduce y las ganancias del patrono aumentan. 

La conducta del gobierno es contraria a los derechos constitucionales de promover la organización sindical y la negociación colectiva para mejorar las condiciones de trabajo, fortalecer la economía del país y el bienestar general. El deber ministerial de un Secretario del Trabajo se reduce a la función de monigote del capital y los patronos, violando así las disposiciones constitucionales del poder ejecutivo.

Las medidas del gobierno responden a la receta dictada por los intereses económicos que han promovido la deuda, la privatización de empresas gubernamentales, la destrucción del sistema de retiro, despidos de empleados, congelación de convenios colectivos y el desmantelamiento del derecho laboral en Puerto Rico. Hoy, estos intereses se reiteran y concretizan en la Ley PROMESA ya que controlan el poder económico y político mediante la condición colonial que impone Estados Unidos desde 1898. 

El efecto de estas medidas será la de agudizar la desigualdad, llevar a la población hacia la pobreza económica y social y violentar los derechos humanos. Auguramos perdida de servicios en las áreas de educación, salud y protección social de infantes y envejecientes. El trabajo no será atractivo y como efecto directo aumentara el nivel de explotación de la clase obrera.

En lo inmediato, se impone el rechazo a estas medidas en conjunto al repudio de la venta y privatización de los servicios públicos. La concientización y movilización de los amplios sectores del pueblo urge. Ha mediado y más largo plazo, el movimiento sindical se tiene que mover hacia la organización sindical de los miles de trabajadores del sector privado que hoy son los grandes perjudicados por estas medidas trogloditas y motivadas ideológicamente. El sindicalismo tiene que profundizar en su visión de mundo, es decir, armarse de ideología política para poder avanzar en su lucha contra el capital. Tenemos que trascender del taller de trabajo y juntarnos con otros sectores sociales que reclaman justicia social. 

Se impone una agenda y jornada de educación, organización y movilización de nuestro pueblo. Educar contra el colonialismo y para que entendamos que es el capitalismo. Organizarnos para construir poder político que permita al pueblo actuar y exigir medidas reivindicativas sin esperar por procesos de elecciones coloniales que no conducen a nada. Movilizarnos para luchar en contra de la desigualdad y reafirmar los derechos humanos que nos violentan y pretenden borrar.

Es entender la razón de PROMESA. Es saber por qué es necesaria la descolonización. Es conocer la fuerza que tenemos como pueblo organizado para transformar una sociedad de consumo en una sociedad de igualdad y justicia social, sin explotación, sin explotadores, sin explotados.

La clase patronal ha decidido tensar la cuerda de la lucha de clases y pretende aumentar su riqueza a costa de reducir el nivel de vida de nuestro pueblo. Estamos seguros y confiados en la capacidad de rebeldía, resistencia y fortaleza moral de nuestra gente para en esta lucha, vencer.

 

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