Opinión / Editorial

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El Congreso pide mano dura

Publicado: martes, 3 de abril de 2018

Sin duda presionado por los grandes “bonistas”, quienes son los principales acreedores de la deuda de Puerto Rico, el presidente del Sub Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos, Rob Bishop, ha pedido a la Junta de Control Fiscal (JCF) que imponga su “mano dura” sobre el gobierno de Puerto Rico. Tal petición está contenida en una carta que le cursó el poderoso congresista al ente federal la pasada semana, claramente en respuesta a las nuevas discrepancias entre la JCF y el Gobernador de Puerto Rico sobre la más reciente versión del llamado Plan Fiscal sometido por el gobierno colonial a la consideración de la Junta Imperial. 

El diferendo está claro. La JCF exige que sobre dinero suficiente del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para comenzar a pagarle a los acreedores, y para ello demanda recortes draconianos en las partidas más abultadas, sobre todo aquellas que tienen que ver con el empleo, los salarios y los beneficios de los empleados públicos y de todos los trabajadores y trabajadoras del País, así como las pensiones de los retirados del servicio público. Demanda cortar la nómina gubernamental, ordena la consolidación de agencias y municipios, e insiste en vender todo aquello con potencial vendible entre los activos del pueblo de Puerto Rico. En otras palabras, exige que paguemos ahora, aunque para lograrlo el País se quede en el esqueleto y se comprometa nuestra viabilidad futura.

Por su parte, Rosselló, y con él la Comisionada Residente, los presidentes de Senado y Cámara, legisladores y alcaldes de su Partido Nuevo Progresista (PNP), todos políticos de oficio, saben que, de acceder sumisamente a las exigencias de la JCF, se cuelgan en las próximas elecciones. Y, para diferir la culpa y el enojo general, han montado un “amago” de resistencia para consumo del electorado. Así, cuando el Congreso y la JCF “les pasen el rolo” con el poder absoluto que ostentan, ellos podrían intentar “zapatearse” y así tratar de salvar su “pellejo” político. 

Pero la JCF también tiene su “pellejo” que salvar. Su labor está en vitrina, no solo ante el Congreso que la creó y los acreedores que apuestan a ella, sino también ante los círculos empresariales y políticos en Estados Unidos a los que los miembros y oficiales de la JCF les deben el patronazgo. ¡Imaginen el trato de parias que recibirían de parte de los poderosos Carrión III y su comparsa, si llegan a fracasar en la encomienda asignada de liquidar nuestro país y cobrar la deuda a como dé lugar! 

La carta de Bishop le da un ultimátum a la JCF para que actúe. “Se le ha delegado un deber estatutario para ordenar cualesquiera reformas –sean fiscales o estructurales– al gobierno de Puerto Rico para asegurar cumplir con el propósito de Promesa”, expresa taxativamente Bishop en su carta a José Carrión III, presidente de la JCF. Más claro no canta un gallo. O el ente federal hace lo que se le ordena, o sus miembros perderían el favor del poderoso comité del Congreso, y quizá serían sustituidos, tal y como parece indicar el tono exasperado de la carta de Bishop. 

En el medio de este feudo perverso entre los dueños del País y sus mayordomos está nuestro pueblo; los miles de empleados públicos cuyo empleo pende de un hilo; los trabajadores y trabajadoras del sector privado que, de golpe y porrazo, entrarían a las filas de un nuevo paradigma de empleo a voluntad del patrono, sin derechos adquiridos que valgan; los pensionados del gobierno que se debatirán todos los meses entre comprar la comida o las medicinas; los estudiantes de la escuela y la universidad públicas que verán su acceso restringido a una educación pública y asequible; los miles de ciudadanos en todos los rincones de Puerto Rico que dejarán de recibir o se les racionarán los muchos y esenciales servicios que presta el Estado en salud, educación y seguridad pública –los pilares más importantes del desarrollo social– o los muchos y útiles servicios municipales, como la limpieza de los espacios públicos, el recogido de la basura y de los escombros, el reciclaje, los centros diurnos para personas de mayor edad, las instalaciones y programas de deportes, la transportación a citas médicas de los que viven aislados, y las ayudas de emergencia en desastre o necesidad, entre muchos otros. Nuestra infraestructura seguirá destruyéndose y los servicios que se privaticen dejarán de estar al alcance de todos en nuestro país. Seremos un Puerto Rico cada vez más pobre no solo en dinero y cosas materiales, sino también en desarrollo social, en el acceso a oportunidades y en la calidad de vida a la que todos y todas aspiramos. 

La mano dura que exige el Congreso a la JCF no es para los que, por décadas, defraudaron la confianza pública y se robaron o malversaron los fondos del erario. No es para los partidos coloniales, ineptos y corruptos, que nos han gobernado mal. No es para los buitres que facilitaron los préstamos leoninos a sabiendas de que el País no tenía los recursos con qué pagarles. No es para los que se enriquecieron y obtuvieron jugosas comisiones traficando con los fondos de nuestros sistemas de retiro. No es tampoco para los señorones y señoronas que, desde distintos lugares del planeta, han venido a inflar las facturas de contratos millonarios de consultoría legal, o de lo que sea para, que la JCF opere cómoda y protegida, y para los pleitos de Título III. No es para Keleher o Pesquera, ni para Jaresko, Higgins o Zamot, o cualquier otro pelafustán o pelafustana de afuera, que llegó aquí aprovechando la crisis, a venderse lejos como caballo malo. No es para el propio Congreso o el Gobierno de Estados Unidos que ha fracasado en su responsabilidad de asegurar una buena administración en su colonia, y ha patrocinado y permitido las políticas de saqueo y lucro desmedido que ahora pretende enmendar asfixiando al pueblo puertorriqueño. 

La “mano dura” que pide el Congreso es para un pueblo indefenso que lleva siglos aguantando despotismos coloniales y derechos escamoteados. Sin duda, este pueblo habrá de despertar, y de asegurarse de que quienes le han fallado tengan su hora para sentir también la mano dura. Porque la indignación de un pueblo crece en la misma medida en que se le acorrala y se le agota la paciencia.

 

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