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Escalada represiva

Francesca Von Rabeneau
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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 10 de mayo de 2017

Contrario a lo que es su propósito el gobierno e instituciones privadas estan utilizando la petición de “injuction” (el interdicto provisonal), como herramienta de campaña de descrédito y represión tanto contra el movimiento sindical, estudiantes universitarios y hasta contra toda la ciudadanía que ha expresado su rechazo a las medidas impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF).

La petición de injunction del Banco Popular (BP) contra las 40 uniones sindicales que convocaron a la marcha este 1ero. de mayo y contra 50 mil de los miles de manifestantes que asistieron, es una de estas acciones más recientes e incluso la más desproporcionada. La semana antes del 1ro. de mayo el Banco UBS radicó un interdicto contra un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, la Administración de la Corporación del Fondo Seguro del Estado (CFSE) radicó otra acción en contra de sus organizaciones sindicales, y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) del Centro Gubernamental Minillas también radicó un injunction contra la UIA y PROSOL- UTIER. 

Para el abogado laboral Jorge Farinacci Fernós, es raro ver peticiones de entredicho para evitar manifestaciones a esta escala. Comparó que cuando en el Tribunal Federal (Tribunal de EE UU en Puerto Rico) ha habido manifestaciones se mantiene un perimétro para los manifestantes pero pocas veces se ha pedido un injuction. Farinacci Fernós, se refirió a estas acciones como significativas debido a que se supone que hay la ley “antiinjunction”, dirigida a los conflictos obrero patronales, dispone que para conceder un “interdicto” tiene que haber una serie de condiciones fuertes, extraordinarias y no un mero impedimiento de entrada. Por ejemplo se tiene que probar que las fuerzas del orden no pueden controlar la situación. “Aquí como que se está mezclando todo eso, lo más escandaloso es que el injunction del Banco Popular del 1ro. de mayo es que ya tenía hecha esa demanda, se radicó por correo electrónico y se nota que fue a las 2:20p.m. cuando la actividad se acabó”. En su opinión la demada del BP estaba dirigida a reclamar que no se impidiera la entrada y salida y aprovecharon los incidentes y los incluyeron en la demanda y bajo esta premisa de los “cristales rotos” es que el Tribunal otorga el entredicho provisional que prohíbe a las 50 organizaciones y 50 mil manifestantes a no hacer nada que impida el acceso al BP. 

El abogado laboral levantó que aquí hay un problema de escala y que los estándares constitucionales para una decisión como esa son elevados. “Yo quisiera pensar que la razón del interdicto se dio o fue, por el alarmismo del Banco Popular de los cristales rotos pero por otro lado uno puede pensar que no, porque se están dando los entredichos provisionales como Tylenol”. Aunque el BP luego enmendó su demanda para eliminar a las uniones obreras, redujo los manifestantes de 50 mil a cinco mil y le añadió a los 13 arrestados a los cuales se les atribuyen los actos de destrucción, Farinacci Fernós reiteró que la demanda es una fuera de proporción. 

Por su parte el abogado laboral y presidente del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), Alejandro Torres Rivera, aclaró que aunque el injunction de la administración del FSE no tiene nada que ver con el 1ro. de mayo, en las actuales circunstancias sí se puede ver como un intento por criminalizar la protesta. El injunction se produjo cuando las uniones del FSE hicieron un llamado a sus miembros a protestar frente al Capitolio contra el proyecto 938. 

Torres Rivera, también trajo a la atención las leyes que regulan y condicionan la concesión de un injunction en los conflictos obrero patronales. La ley 50 (la misma a la que se refirió Farinacci Fernós) limita la facultad de los tribunales para conceder el injunction la cual exige una serie de requisitos e incluso una vista. 

La otra ley que regula los conflictos obrero patronales es la ley 11, de 1965 que tiene un procedimiento especial para cuando hay una huelga que produzca una grave situación de poner en peligro los servicios públicos esenciales, el gobernador está facultado para activar un comité que se supone haga una investigación y durante este proceso se tiene que levantar la huelga. Al final el comité tiene que presentar unas recomendaciones para atender la situación. Torres Rivera, reparó que en el caso del 1ro. de mayo no había ningún conflicto obrero patronal. 

El Presidente del Colegio de Abogados señaló que la manifestación del 1ro. de mayo es un ejercicio del derecho constitucional y que las personas no pueden ser penalizadas por ejercer ese derecho. En este contexto denunció que lo que pidió el BP no procede, “metieron organizaciones que lo que hicieron fue convocar a las personas a un ejecicio constitucional no puedes responsabilizar a las organizaciones por los actos de las personas en términos mediáticos y efecto político consiguieron lo que querian una orden del tribunal y proyectar al país la responsabilidad a las organizaciones sindicales de unos sucesos”, denunció. 

Tampoco pasó por alto que el bufete del Banco Popular que presentó la demanda, Pietrantoni y Richard Carrión fueron parte del grupo de trabajo CAREF, de la administración de Luis Fortuño, y del Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado (1988 y 1989) ambos entes que recomendaron la privatización de bienes públicos, política que reafirma la actual administración gubernamental y la JCF. 

“El ambiente es favorable a crear una percepción en el país de que el ejercicio de los derechos constitucionales de expresión por parte de las organizaciones sindicales es una acción ilegal cuando son unas garantías que la Constitución te da. Los ciudadanos tienen unos derechos constitucionales que los puede y debe ejercer, no debe renunciar a ellos”, exhortó. 

Por su parte la organización magisterial Educamos, una de las participantes en la actividad, reaccionó a la demanda del Banco Popular de que estaba “lista para defenderse de la demanda frívola y maliciosa”. 

En tanto otra de las convocantes, la jornada Se acabaron las promesas, también alzó su voz contra la demanda y la campaña mediática contra las protestas y los incidentes y afirmó estar “conscientes y dispuestos y dispuestas a asumir el rol que este momento histórico en la vida de nuestro país requiere. Sepa nuestro pueblo que en La Jornada Se Acabaron las Promesas tiene un aliado. Este pasado 1ro de mayo 2017 marcará el devenir histórico de un nuevo país, el de nosotros y nosotras. Ya no queda miedo”.

Mientras el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) denunció su rechazó “al ambiente de criminalización, persecución y hostigamiento levantado por parte del estado, los tribunales y la policía dirigido hacia el movimiento de resistencia contra las medidas neoliberales, privatizadoras y de austeridad.

“La ofensiva neoliberal ha dejado desprovistos de futuro, no sólo a empleados públicos por medio de la derogación de convenios colectivos, a empleados de la empresa privada por medio de las reformas laborales al encargo de los ricos sino también a una juventud desposeída que no ve en el mercado laboral opciones que le brinden la seguridad y bienestar que le prometió la sociedad en la que se educaron” indicó Hugo J. Delgado-Martí portavoz, en conferencia de prensa este lunes. 

La organización reiteró toda su solidaridad con las personas arrestadas por los eventos del Primero de mayo y llamó al pueblo trabajador y en particular a los sectores organizados a volcar toda su solidaridad hacia estos jóvenes a quienes describieron como héroes y heroínas del pueblo. “No es el momento de distanciarse de los eventos, es el momento de mostrar solidaridad obrera” indicó. “Hagámosle honor al Primero de mayo, más que con una celebración cada año, demostrando espina dorsal a la hora de defender a la gente que está dispuesta a entregar el todo por esa clase trabajadora que se encuentra bajo un ataque constante” finalizó.

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