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La Junta de Control Fiscal y Energy Answers

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 15 de noviembre de 2017

El contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con la empresa Whitefish, no es el único que la Oficina del Contralor (OC) y otras autoridades legales deben investigar de los contratos firmados en la AEE bajo la dirección ejecutiva de Ricardo Ramos. 

La Coalición de Organizaciones Anti-Incineración (CAI) denunció que la AEE le extendió a la incineradora Energy Answers dos contratos, uno por $784,000,000 y un segundo por la cantidad de $284,000,000 a la citada incineradora, la cual se viene proponiendo desde 1999 y que al día de hoy, no ha puesto una sola piedra ni ha generado un solo vatio de energía. Según aparece en la Oficina del Contralor, el primer contrato se recibió en la AEE el 24 de agosto de 2017 y fue otorgado el 13 de junio con una vigencia hasta el 20 de junio de 2047. El segundo contrato el cual tiene una vigencia desde el 2009, fue recibido para su extensión el 14 de agosto de 2017 y se le dio una vigencia hasta el 4 de diciembre de 2039.

Mientras se firman estos contratos la Coalición también atribuyó que EA llevó falsas representaciones de manera secreta al Congreso de Estados Unidos (EE UU) aprovechando de manera descarada la crisis del país post huracán María. 

De ahí la presentación de Noel Zamot en la vista que celebró hace unas semanas la Comisión de Recursos Naturales del Congreso en la que dijo de EA: “Un ejemplo es un proyecto de conversión de residuos en energía que busca una firma con sede en Nueva York llamada Energy Answers. Este proyecto implicaría una inversión totalmente privada de $ 800 millones para crear una planta que convierta los residuos en electricidad. Tiene un doble objetivo y muchas ventajas. No solo generaría la electricidad que se aportaría a la red, sino que también aliviaría parte de la presión sobre un vertedero lleno y con fugas”.

La portavoz de la Coalición Myna Conty, denunció que EA estuvo cabildeando en Washington, “mintiendo a diestra y siniestra, para tratar de lograr que el Gobierno Federal les apruebe un proyecto igual de escandaloso, aprovechando la crisis. Están tratando de contrarrestar la denegatoria del Rural Utilities Service (RUS) del Departamento de Agricultura federal (USDA) de un préstamo de alto riesgo de $800 millones sin garantía de repago”. Recordó que tanto la Federación como la Asociación de Alcaldes han expresado una oposición tenaz a la incineradora y a las consecuencias financieras nefastas para los municipios si la implantan. 

“Es de conocimiento público que la crisis post huracán ha empeorado aún más la situación financiera municipal. Pero aún así Energy Answers, interesada sólo en llenar sus bolsillos, empuja su proyecto. Entre otras mentiras, se atreven a afirmar al Congreso que contribuirían a solucionar el problema energético del País, cuando producirían menos del 1% de la capacidad energética de Puerto Rico. Otra burda mentira es que tienen todos los permisos federales y estatales, cuando entre otros, no han cumplido con los requisitos de la consulta de ubicación de la Junta de Planificación que mandata que modifiquen los mapas de inundación de FEMA.”

La treta de EA es que se le designe como un “proyecto crítico” según lo dispone el título V de la ley Promesa para así poder pasar por un proceso fast track de aprobación, con mínima evaluación ambiental. “Pero además, son tan descarados que cabildean para que se modifique el Título III de la ley Promesa federal para su beneficio, y, entre otras cosas, quiere que los eximan de cumplir con la National Environmental Policy Act (NEPA); que la Junta de Planificación y la Comisión de Energía no tengan autoridad para denegar el proyecto y para coartar la participación ciudadana”.

“Ya estamos cansadas de que estas compañías inescrupulosas, que donan a los políticos tanto de aquí como de allá, pretendan imponer sus proyectos perjudiciales a las comunidades pobres”, sentenció Conty y exigió que la JP revoque de una vez por todas la consulta de ubicación del proyecto. 

En tanto Fernando Márquez, otro de los portavoces de la Coalición detalló que los contratos extendidos por la AEE son engañosos para posibles inversionistas, ya que estos proveen una fuente de repago que no es real. “AEE no puede presentar al pueblo de Puerto Rico como la fuente de repago, porque la realidad es cruda, estamos en bancarrota y con un sistema de infraestructura destruída por el paso de los huracanes Irma y María”. 

Reclamó que existen alternativas a la incineración y en momentos de desastre total como el que tenemos ahora, se deben implantar cambios reales como el reciclado, rehúso, composta y uso de energía solar, esbozados en la filosofía de Basura Cero. 

Añadió que presentar la incineración como un proyecto viable, atenta contra la realidad expresada ampliamente por la oposición del ámbito científico, legal y comunitario puertorriqueño contra la incineración de basura. Observó que en EE.UU no se ha construido un solo incinerador desde 1995 los cuales han sido rechazados de manera amplia en ciudades como Baltimore, Frederick y en Irlanda en los últimos dos años.

 

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