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El desmantelamiento de la UPR

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Publicado: martes, 9 de octubre de 2018

Por Javier Córdova 

Columnista invitado

 

La Universidad de Puerto Rico vive su momento más difícil. La Junta de Control Fiscal, con la complicidad del gobierno de turno y el presidente de la institución, pretenden reducir a la mitad su presupuesto y mediante dicha acción llevar a  nuestro principal centro de estudios a ser una alternativa solo para aquellos que tengan el poder económico de  asumir los costos que han programado para la misma.

Las consecuencias de estas dos acciones combinadas, aumento en las matrículas y reducción de la aportación del Gobierno a su presupuesto, tendrá serias consecuencias;  menos accesibilidad para los estudiantes que no tienen la capacidad para asumir los altos costos de matrícula que se han impuesto, un gran deterioro en la calidad de la enseñanza, un marcado empobrecimiento en las condiciones de vida y trabajo de los empleados de la universidad y lo peor de todo, el desmantelamiento del mayor proyecto de transformación social con el que cuenta el País.

En estos momentos peligra la acreditación de nuestra Universidad. Sin gobernanza propia  y con una marcada disminución en sus recursos,  la Middle States podría muy bien ponerle fin al estatus de probatoria y negarle la imprescindible acreditación a nuestro primer centro universitario. Esta falta de reconocimiento tendría el efecto de profundizar la presente crisis fiscal pues la UPR dejaría de recibir  fondos federales.

Es importante que el pueblo puertorriqueño conozca la valiosa aportación que hace la UPR al país.  Solo así podrá aquilatar por lo que,  en aras de una innecesaria austeridad, le estará quitando la Junta dictatorial a nuestro pueblo. La universidad ha sido y es, un mecanismo fundamental de movilidad social. Más de medio millón de jóvenes han recibido sus grados universitarios, en las más diversas materias, ampliando sus potencialidades de trabajo y la transformación económica de sus familias. La UPR es esencial, por la naturaleza del trabajo que realiza, para el estudio, preservación y conservación de nuestra cultura.

Nuestra universidad genera la mayor cantidad de propuestas  federales  de investigación,  aportando al desarrollo del conocimiento y la producción de nuevos productos  a través de las patentes registradas. Son múltiples y diversas las actividades y proyectos para el desarrollo socio económico de nuestras comunidades pobres y desaventajadas. 

La UPR provee el mayor número de especialistas de salud que trabajan y sirven en el Centro Médico de Puerto Rico. Además, la universidad brinda servicios médicos en el Hospital Regional de Carolina, el Centro Comprensivo de Cáncer, el Centro Cardiovascular del Caribe, el Centro de Diabetes y muchos otros. Numerosas brigadas de salud, provenientes de los diferentes programas de educación en Salud de la UPR,  prestaron sus servicios voluntarios a través de todo el país a víctimas del Huracán María. En el área ambiental  hay importantes reservas naturales que están bajo la administración y custodia de la UPR. También hemos aportado significativamente al desarrollo de un Plan Energético para el país.

Lo anterior es tan solo un apretado resumen de las aportaciones de la universidad y sus empleados al pueblo de Puerto Rico.  Empleados que verán deterioradas sus condiciones de trabajo y de vida en el presente, siendo desplazados por el propuesto cierre de programas educativos, la eliminación de una parte significativa de la aportación a su plan médico, la sobrecarga de trabajo al no renovarse contratos de profesores que se retiran y también en su futuro, ante la propuesta liquidación de su Plan de Retiro.

El caprichoso desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico, por una junta que pretende abrogarse su dirección y control mediante la apertura de una oficina que le costará $20 millones a la propia universidad, no puede ser permitido por la comunidad puertorriqueña. Este es un antojo que, como otras tantas medidas de la Junta dictatorial, va en contra de los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.

 

El autor es Catedrático en Ciencias de Cómputos de la UPR en Arecibo y presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).

 

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