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Editorial:Un futuro con menos libertades

Publicado: martes, 9 de octubre de 2018

Sobre Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, muchos han pensado que a largo plazo sería un asterisco en la historia de su país, como le ha ocurrido a los que han durado en el poder un solo cuatrienio. A fin de cuentas, decían, la “democracia” estadounidense se repondrá y sus instituciones podrán sobrevivir sin mayores sobresaltos al energúmeno de turno. Eso ocurre, añadían, en los regímenes democráticos maduros. Pues la pasada semana hemos visto que esa travesía escabrosa, pero sin consecuencias a largo plazo, no será tal. Todo lo contrario, las repercusiones del cuatrienio presidencial de Trump, aunque sea uno solo, serán importantes. 

La nominación y confirmación de Brett Kavanaugh como miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos es una de esas actuaciones de Trump y los Republicanos que tendrán efectos mucho después de que el propio presidente y los senadores que lo apoyaron hayan abandonado la vida pública. Dado que ese tipo de nombramiento es vitalicio, según la Constitución redactada hace más de dos siglos, Kavanaugh, quien apenas llega a los 53 años, estará en el más alto foro judicial durante tres o cuatro décadas. Así, el individuo que durante las vistas del Senado exhibió una mentalidad muy parecida a la del nominador, estará imponiendo opiniones mucho tiempo después de que éste haya desaparecido. 

En el sistema político estadounidense el Tribunal Supremo tiene una función determinante. Aunque es una institución que está muy a tono con sus orígenes en tiempos de las monarquías absolutas –ninguno de sus miembros es de elección popular y están en el cargo hasta la muerte o el retiro voluntario– toma todos los días decisiones que impactan la vida de la mayoría de los ciudadanos. El hecho mismo de no tener que rendir cuentas en procesos electorales facilita sus acciones. Además, desde muy temprano –1803– ese tribunal se adjudicó a sí mismo un poder de veto sobre las leyes que apruebe el Congreso y ratifique el Presidente, siendo el único foro que puede decidir sobre su “constitucionalidad”. Es potestad absoluta del grupo que integra el Tribunal Supremo decidir sobre la validez de estatutos y actuaciones de gobiernos y ciudadanos. 

Por casi un siglo ese tribunal interpretó que la esclavitud no violaba el derecho a la libertad que proclama la Constitución. Posteriormente, luego de que una enmienda al propio documento la prohibió, interpretaciones sucesivas limitaron al mínimo el marco de libertad de los esclavos supuestamente liberados. Habría que esperar otro siglo para que una nueva interpretación de la Constitución, ya pasada la primera mitad del siglo XX, concluyera que, según el documento, negros y blancos tienen los mismos derechos. Por otro lado, durante el primer cuatrienio de Franklyn D. Roosevelt, el Tribunal utilizó el poder de la “constitucionalidad” para invalidar las instituciones pioneras del llamado Nuevo Trato. Más recientemente vimos cómo se interpretó la cláusula constitucional sobre la portación de armas – que en el documento se asocia con las milicias que pueden tener los estados – para facilitar la tenencia prácticamente sin ningún control, tal como querían los fabricantes de armamentos. 

En lo positivo, también hemos visto como en otras ocasiones, cuando en el Tribunal Supremo estadounidense ha predominado el pensamiento liberal, ha producido interpretaciones constitucionales que refuerzan libertades ciudadanas importantes. Uno de los casos más significativos ocurrió en 1973 cuando se decidió que obligar a una mujer a continuar con un embarazo, prohibiendo el aborto, viola el derecho constitucional a la intimidad. Con el mismo razonamiento, otras decisiones invalidaron estatutos que penalizaban la relación homosexual consentida. 

Esos avances libertarios se han mantenido con mucha precariedad durante las últimas décadas con un tribunal dividido entre cuatro liberales y cuatro ultraconservadores. En el medio, representando un precario balance, estuvo el juez Anthony Kennedy quien aunque conservador (recientemente fue el voto decisivo en un rudo golpe al derecho a la sindicación de empleados públicos) representaba un freno a las pretensiones de los más ultras. Kennedy, de 82 años, se retiró el pasado 28 de junio creando la vacante que ha sido llenada con Brett Kavanaugh, un ultraderechista sin frenos y sin escrúpulos como Donald Trump. Salvo que el actual presidente desaparezca en 2020 y, tras su salida, se produzca algún cambio inesperado en el Tribunal Supremo, su actual composición supone un ataque directo a libertades que las actuales generaciones han disfrutado. Con Kavanaugh se fortalece el fundamentalismo religioso agresivo, que es la versión estadounidense de la sotana de los talibanes. 

En cuanto a Puerto Rico, debemos tener presente que cuando una metrópolis enferma estornuda, salpicando de gérmenes todo su entorno, los territorios coloniales también reciben su parte. Aunque en los centros de poder no nos tomen en cuenta, para bien o para mal las colonias vivirán las consecuencias de lo que allá ocurre. Tal vez sea peor porque, colonia al fin, carecemos de los poderes mínimos para paliar los efectos de lo que allá se decide. Recientemente vimos cómo la decisión del Supremo estadounidense que le asestó un golpe a los sindicatos del sector público fue puesta en vigor de inmediato en Puerto Rico, aún más rápido que en Estados Unidos. Lo mismo puede ocurrir con lo que pueda traer Kavanaugh.

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