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CLARIDADES: EL FBI por la libre

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Publicado: miércoles, 14 de junio de 2017

La reorganización de la rama ejecutiva de 1947 remedió uno de los males históricos de ese brazo del Gobierno estatal, relativo al control de la Policía de Puerto Rico. Desde los tiempos en que el gobernador era nombrado por el presidente, por razones obvias de desconfianza de la intervención nativa en la dirección de la Policía estaba bajo la supervisión personal del gobernador, nombrándose usualmente a un norteamericano para dirigirla e interviniendo frecuentemente el gobernador en su funcionamiento. Nunca hubo participación alguna del Departamento de Justicia en los asuntos de la Policía. Esta situación contribuyó a los desmanes del cuerpo policiaco contra miembros del Partido Nacionalista en los años treinta. En el caso del gobernador Winship, según concluyó la Unión de Libertados Civiles de Estados Unidos en aquella época, en vez de servir de freno contra excesos de la Policía fue el instigador de las grandes violaciones de derechos civiles que ocurrieron. 

La práctica de no sujetar la Policía al control del ministerio a cargo de la administración de la justicia continuó bajo Tugwell, bajo Muñoz Marín y hasta el presente, al contrario de la experiencia en Estados Unidos, en que el FBI está bajo la supervisión del Departamento de Justicia. Cambios estructurales de esta naturaleza no constituyen garantía, por supuesto, de abstención de violación de las leyes por los agentes del orden público, de lo que es ejemplo el reinado de Edgar J. Hoover, pero al menos ofrecen la oportunidad de un control adicional laico en el ejercicio de la fuerza del Estado. 

La protección de los derechos civiles en Puerto Rico se complicaba, además, por las actividades irrestrictas del Negociado Federal de Investigaciones de Puerto Rico y la jurisdicción de las cortes federales en el país. Fue en la corte federal, con evidencia dudosa del Negociado, donde se declaró en 1936 a Albizu y a varios compañeros personalmente culpables de los sucesos de sangre en aquel tiempo y se les encarceló. El Negociado figuró también prominentemente en la acusación de supuestos comunistas ante la corte federal hacia mediados de los años cincuenta. Únicamente como cuestión de cortesía, el Negociado le proveía información ocasional al gobernador sobre actividades de los grupos llamados “subversivos”, datos que el gobernador nunca compartía con el Departamento de Justicia por aquellos años. 

En un plano aún más importante, el clima de opinión pública en Puerto Rico  para aquella época era de autoritarismo y represión y en escaso entendimiento de los derechos que asistían al ciudadano. En la población había para entonces un desconocimiento abismal de los derechos humanos y ausencia de reclamo en la masa del pueblo de respeto a ellos. En 1959, cuando la situación había mejorado un tanto, el Comité de Derechos Civiles, nombrado en febrero de 1956, precursor de la actual Comisión, efectuó un estudio de la opinión pública sobre el particular. El 47% de la muestra de la población, científicamente escogida, no pudo mencionar uno solo de sus derechos civiles. Reinaba no sólo la abulia, sino también la intolerancia. 

El 64.4% pensaba que a los comunistas no se les debería permitir hablar en público; el 54.6% los metería en la cárcel; y el 71.7% se oponía a la distribución de hojas sueltas en que se predicase el comunismo. Sobre las personas no religiosas el 76.8% sostenía que no debían ser admitidos a enseñar en la universidad y el 72.2% eliminaría sus libros de las bibliotecas. El nacionalismo provocaba contestaciones parecidas. 

 

Fuente: Como fue: Memorias de José Trías Monge

 

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