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Unidad y lucha

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Por Luis Pedraza Leduc

Publicado: martes, 13 de noviembre de 2018

En la década de 1970 el modelo económico aplicado en Puerto Rico comenzó a dar señales de agotamiento. Los gobernantes recurrieron a tomar prestado para poder continuar respaldando un modelo económico basado en la inversión privada, exenciones contributivas y transferencias federales. Es así que la deuda pública va aumentando, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, hasta llegar a una suma de $72 mil millones, sin considerar la que surge de los sistemas de retiro que haciende a otras $50 mil millones adicionales.

A estos hechos, se añaden decisiones políticas y económicas contrarias al bienestar de la mayoría del país, actos de corrupción, y sobre todo, la ausencia de poder político debido a la realidad colonial que padecemos. Es en este contexto, toma fuerza como respuesta la receta neoliberal que propone la reducción del gobierno, la privatización del sector público y la desregulación. Vemos ya en 1980 los intentos de vender la Telefónica, la venta de las Navieras y la privatización de la administración de los residenciales públicos. En 1990, se venden hospitales públicos y se privatiza el sistema de salud, se vende la Telefónica, tierras agrícolas, hoteles y otros activos. 

La llegada del 2000 no trae nuevas noticias, la desigualdad aumenta según se acumula mayor riqueza en manos de empresas y familias adineradas que no residen en el país. Las principales empresas netamente puertorriqueñas son intermediarios de ese capital extranjero que extrae más de 30 mil millones de ganancias cada año de Puerto Rico. Los impuestos al consumo aparecen como alternativa complementaria a tomar prestado.

Para los 2009 representantes de la banca y empresas privadas se unen a los gobernantes para mediante legislación, Ley 7, proponer el despido de 30 mil empleados públicos, congelar los convenios colectivos y reducir beneficios negociados. Surgen las alianzas públicas privadas y leyes para eliminar procesos de permisos. Mientras la deuda pública se dispara en alzada con el apoyo del gobierno federal y se instrumenta con el consejo de bancos y casa de corretaje.

La crisis económica continúa y los asesores traídos de la escuela neoliberal insisten en reducir el gobierno, la privatización, imponer nuevos impuestos y eliminar servicios esenciales en educación y salud. Se aprueba la continuación de la Ley 7, llamada Ley 66. La receta es que la crisis la paguemos los trabajadores. Sigue la congelación en el sector público de todos los convenios, la prohibición de la negociación colectiva, la privatización de carreteras, aeropuertos y puertos marítimos entre otros.

Así llega la aprobación de la Ley PROMESA al reconocerse la realidad de no poder pagarse la deuda. PROMESA se aprueba con la anuencia y apoyo de los principales partidos en Estados Unidos y Puerto Rico. Bajo en alegado estado de emergencia, imponen una Junta de Control Fiscal que viene a cobrar la deuda a la clase trabajadora y al país. Cambios restrictivos en toda la legislación laboral del sector privado, la propuesta de eliminar y privatizar las agencias de gobierno, la intención de privatizar la industria de la energía con la excusa de buscar formas de energía renovable, la eliminación de escuelas y servicios médicos, la imposición de $1,500 millones en nuevos impuestos, el ataque a la UPR, la eliminación de los sistemas de pensiones del gobierno, la reducción de pensiones, jornadas de trabajo, eliminación de bonos y beneficios negociados y el despido de empleados públicos es la alternativa de PROMESA.

El más reciente atentado contra la clase trabajadora y sus familias es la intención de uniformar una aportación patronal a los planes médicos que suscribimos los trabajadores del sector público. La realidad es que la mayoría de los empleados han logrado cubiertas de servicios y aportaciones patronales superiores a la ley por medio de la negociación colectiva. Por tanto, se propone reducir servicios y salarios al obligar al trabajador a cubrir la diferencia que surja de la alegada “uniformidad” de la aportación patronal.

Aspiramos para nosotros como trabajadores y para nuestras familias la mayor cubierta de servicios médicos. La salud es un derecho, no un negocio. En la medida que el gobierno recurre a los planes privados como intermediarios para sostener el servicio de salud, existe la obligación del patrono de asumir el costo de ese servicio. Eso lo hemos logrado a través de la negociación colectiva.

Hoy, los trabajadores organizados en sindicatos decimos BASTA YA ante este asalto a nuestra salud, contra nosotros y nuestras familias. Esta expresión no es un grito de desesperanza, es una reflexión que nos debe llevar a tomar conciencia de la necesidad de luchar, de organizarnos mejor para Vencer frente a la Junta, la Ley PROMESA y las clases adineradas y gobernantes que no representan los mejores intereses del país.

Otros sectores van reconociendo que nuestro problema es político y lo representa la imposición de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal. No debe haber duda. Es momento de unidad y de luchar por nuestros derechos.

 

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