Opinión / Editorial

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EDITORIAL: Por una agenda vigorosa contra la violencia machista

Publicado: miércoles, 28 de noviembre de 2018

En noviembre de cada año tiene lugar la jornada internacional No más violencia contra las mujeres, en un esfuerzo concertado entre las mujeres y sectores solidarios en muchos países para crear conciencia sobre la violencia machista y sus terribles efectos en las familias y las sociedades. Y es que, en contraposición a los avances registrados por las mujeres en tantas áreas de su desempeño individual y social, la persistencia e implacabilidad de la violencia machista sigue colocando diariamente a miles de éstas ante el riesgo inminente de perder la vida. 

Todos los días, cientos de miles de mujeres en todo el mundo viven rodeadas y amenazadas por la violencia machista, cuya expresión más funesta es el asesinato. El año pasado nada más fueron asesinadas 87,000 mujeres en nuestro planeta. De éstas, el 60% sucumbió ante la ferocidad de su pareja. Este es un cuadro que se repite demasiadas veces, en demasiados lugares, como para que pueda seguir siendo ignorado por los gobiernos y las sociedades del mundo. Incluso en los países considerados “civilizados”, aún persiste un grado alarmante de violencia e inequidad que afecta a sus poblaciones más vulnerables, entiéndase niños y niñas, adultos mayores, personas incapacitadas y mujeres, entre otras. Ignorar o minimizar el saldo funesto que la violencia machista genera es contribuir a perpetuar el estado de inequidad que ha convertido a las mujeres en víctimas propicias de los hombres en el mundo entero.

En Puerto Rico la violencia machista es un crimen que persiste. Últimamente ha sido exacerbado por las tensiones y frustraciones provocadas por una crisis económica profunda a la que no se le ve salida. En lo que va de este año 2018, 42 mujeres han sido asesinadas en nuestro país, 22 de éstas en sucesos de violencia doméstica, un alza de 6 muertes con respecto al año anterior. Entre los señalados como perpetradores de dichos asesinatos, hay 3 policías estatales, que son los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad de la población, y a quienes las mujeres que son agredidas o amenazadas tienen que acudir, en primera instancia, en busca de protección. Durante el año 2017, hubo 99 querellas por violencia doméstica contra policías estatales, y ninguna resultó en convicción por un tribunal. Aunque aún se desconocen las estadísticas de este año, la realidad indica que el problema sigue en aumento. No hay evidencia de que en el Negociado de la Policía se hayan puesto en vigor medidas disciplinarias o programas de educación específicos, no solo para los agentes implicados en estas querellas sino para toda la fuerza policíaca. 

Tampoco se ha hecho pública la agenda oficial desde la Fortaleza, o la Oficina de la Procuradora de las Mujeres o el Negociado de la Policía, para atender esta grave emergencia social que, además de costar vidas, lacera aún más la confianza de la ciudadanía, y de las mujeres, en la Policía y el Gobierno en general. 

El pasado fin de semana, por tres días consecutivos, decenas de activistas por los derechos de las mujeres ejercieron su derecho a la libre expresión en una manifestación pacífica que tenía el propósito de llevar hasta la residencia del Gobernador el reclamo urgente de acción y justicia para las víctimas de la violencia machista. En su intento por llegar a La Fortaleza, fueron interceptadas por la Policía, la cual fue movilizada en grandes números para impedirles el paso hasta la Mansión Ejecutiva. Esta acción culminó en forcejeo y agresiones contra las manifestantes. 

En CLARIDAD consideramos que la movilización de la Policía fue innecesaria y constituyó un acto de provocación. ¿Qué se persiguió al precipitar tan desigual confrontación? ¿Acaso fue la intención de alguien tratar de intimidar a las mujeres que protestaban por los asesinatos de otras mujeres cometidos, entre otros, por agentes de la misma Policía que se supone que las proteja? 

Prevenir las condiciones precipitantes de la violencia machista nos compete a todos y todas. El Gobierno, por su parte, tiene la obligación de viabilizar e implantar aquellas iniciativas que solo podrían hacerse efectivas si forman parte de una agenda vigorosa de gobernanza. Por eso, además de enviar un comunicado de prensa repudiando la violencia machista; además de apoyar con palabras bonitas la labor que realizan los grupos activistas por los derechos de las mujeres y las entidades sin fines de lucro que le ofrecen servicios a esta población; además de iluminar La Fortaleza del color violeta que simboliza el apoyo a las víctimas de violencia machista, es imperativo que el Gobernador y todo el gobierno de Puerto Rico tome acciones más asertivas y directas contra este tipo de violencia.

Como la clave para tener una sociedad civilizada y respetuosa de los derechos de sus ciudadanos es la educación, es imprescindible que el Gobierno retome la propuesta para que la enseñanza con perspectiva de género se haga obligatoria en el sistema de educación pública. Su implantación a todos los niveles del currículo sería una contribución enorme y efectiva, para aspirar a lograr, a largo plazo, patrones más saludables de relaciones entre los géneros, además de sembrar desde la niñez las semillas de un comportamiento individual y colectivo basado en el respeto mutuo, el diálogo y la paz. Igualmente, la crisis ha disminuido los fondos públicos disponibles para los albergues y demás entidades que ofrecen servicios directos a las víctimas de la violencia machista, y sus hijos e hijas. Buscar de buena fe cómo restituirles al menos parte de los fondos eliminados, sería un acto afirmativo hacia una mayor prevención del maltrato y los asesinatos de mujeres. Está comprobado que se salvan vidas si las mujeres pueden contar con el apoyo que le brindan los albergues y otras redes de recursos.

Para que sus muertes no sean en vano, hay que hacerles justicia a estas víctimas. Y la Policía de Puerto Rico es el nivel primario encargado de que esa justicia se cumpla. Debemos exigir que el Negociado de la Policía cumpla con los entendimientos contenidos en la llamada Reforma de la Policía. También, exigir que limpie la casa de abusadores y someta a la disciplina a los señalados por actos viciosos de violencia. El respeto y la protección a la vida, y a los derechos civiles y humanos de todos y todas en Puerto Rico, no son negociables. 

 

 

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