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Amenazada la Zona Marítimo Terrestre

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 19 de julio de 2017

Como un proyecto peligroso con la intención de privatizar las playas para facilitar la construcción de proyectos turísticos dirigidos a público del exterior, varios entrevistados coincidieron respecto al proyecto de la Cámara de Representantes PC 812. Alegadamente el propósito del proyecto es “establecer los límites del dominio público marítimo respecto a las propiedades colindantes”. 

A preguntas de este semanario el profesor de ocenografía física, doctor Aurelio Mercado, acotó que el proyecto es uno que amerita aclaración, “algo que trataré de hacer lo más resumido posible”. El profesor del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR-M) comenzó por narrar que desde por lo menos el tiempo de los romanos se ha reconocido que las playas son públicas. En el caso de Puerto Rico, España adoptó la Ley de Aguas de 1866, la cual reconoció que las playas son públicas y la trajo a la Isla en 1886 bajo la Ley de Puertos. Esa ley de 1866 se basó grandemente en el Código General de Aguas (1859) de Don Cirilo Franquet y Bertrán, reconocido ingeniero de canales de esa época. En el capítulo titulado Aguas Saladas, el Ing. Franquet razonablemente concluyó que las mareas de las costas del Mediterráneo español no eran sensibles comparadas con las mareas del Mar Cantábrico al norte de España. Eso por la sencilla razón de que las mareas en el Cantábrico suben y bajan de 3 a 4 metros, penetrando así kilómetros tierra adentro de la península ibérica. Mientras que en el Mediterráneo las mareas son micromareas, variando por solo centímetros en muchas partes, mojando así una angosta franja de playa. 

Con el objetivo de definir una zona marítimo-terrestre (ZMT) de suficiente ancho que sirviera para el uso y disfrute de la ciudadanía, de manera lógica Franquet y Bertrán concluyó: “Las playas del mar que comprenden todo el espacio que bañan las pleamares en el Océano y las mayores olas durante las tempestades en el Mediterráneo, pertenecen al dominio público nacional”. De ahí es que sale la tan trillada frase de “marea sensible vs marea no sensible”. En el Atlántico español la marea es sensible, y en el Mediterráneo no es sensible. Así se dispone tanto en la Ley de Aguas española de 1866, como en la Ley de Puertos de 1880 adoptada en la Isla en 1886. 

Mercado censuró el que aquí en Puerto Rico, los que desean privatizar nuestras playas, le han dado un giro a esa definición argumentando que la marea es sensible sólo cuando se puede manifestar horizontalmente, y es no sensible cuando no puede hacerlo. “Por ejemplo, pegado a un acantilado. Y por lo tanto, en una playa, como la marea es sensible, hay que usar la línea de marea alta para delimitar la playa pública de la privada. Lo cual arroja una estrecha franja de apenas unos pocos pies de ancho. Y sólo frente a un acantilado es que se puede usar el criterio de olas de tormenta”. 

Alertó que en el caso judicial de Buono Correa vs DRNA el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) concluyó que es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es el que tiene el conocimiento para usar una serie de criterios para deslindar la ZMT. Estos criterios son; marea alta, olas, vegetación, mangles, o dunas. El PC 812 propone eliminar esa discreción y dice que, donde la marea sea sensible, solo se utilizara la costa de la marea alta (playa “mojada”), siendo el resto de la playa (la “seca”) propiedad privada. “Obviamente, eso no es lo que la legislación española quería decir con marea sensible vs. no sensible. Olvídense de las dunas, olas, etc. Tierra adentro del deslinde de la ZMT existen las llamadas servidumbres, propiedad privada con el gravamen de que el público puede usarlas”. Mercado desmintió que lo que dice el proyecto de que no habrá cambio alguno ya que el público podrá seguir usando la playa “seca”.

“No nos podemos dejar engañar. Entre el 2000-2008 la Junta de Planificación adoptó un reglamento (el 85.07) que permitía la construcción dentro de la servidumbre de salvamento, solo dejando seis metros de separación con el deslinde de la ZMT. Por esto, y más razones, es que no se puede permitir que el deslinde de la ZMT se haga tan cerca de la orilla”.

Por su parte el experto en derecho Ambiental, profesor Pedro Sadeé Lloréns también describió como “peligrosisíma” la medida. “Ese proyecto tiene el peligro de hacer perder áreas públicas a intereses privados por la forma en que maneja la definición de ZMT porque no está bien estudiado e ignora que este es un asutno que ha estado trabajando una comisión del DRNA”. 

Apuntó a que no es la primera vez en que se radica un proyecto con esas intenciones, como por ejemplo lo fue, con la controversia de La Parquera, que pretendía ceder derecho de propiedad a las casas ilegales que hay sobre la laguna. Sadeé Lloréns coincidió en que a la luz de todo lo que sucede con el Cambio Climático, de haber una revisión de la definición de la ZMT debería ser para ampliarla y no para reducirla. 

Mientras el planificador ambiental Jorge Rivera Herrera, hizo la anotación de que era importante discernir en cuanto a las implicaciones de la definición de la ZMT sobre la titularidad del terreno y los usos que se le deben aprobar y/o permitir. “El hecho de que se reconozca la franja del ancho que sea como un bien de dominio público de la ZMT eso implícitamente asigna a esos terrenos como de dominio público y un ente privado no puede tener un uso exclusivo sobre los mismos, así que evidentemente el propósito es para privatizarlo”. 

Hizo la salvedad de que aun tomando en consideración el CC, no necesariamente hay que reconsiderar la definición de la ZMT, por lo que es importante que el estado pueda discernir ya que, el estado puede adoptar una serie de medidas que permitan o limiten los usos más allá de la ZMT, lo que son bienes de dominio público. Insistió en que el estado puede reconocer precisamente los impactos que ya estamos recibiendo del CC, impactos previsibles de cara al futuro, como lo son las consecuencias del nivel del mar. “El estado en un ejercicio responsable dirigido al desarrollo económico y de la conservación de los recursos naturales sobre todo a la seguridad pública debe de ser más estricto o efectivo en cuanto a los usos a permitirse en los terrenos cerca al litoral costero, tanto los privados como los de dominio público”. 

Al igual que los otros consultado Rivera Herrero, dijo que no cree que se necesite una redefinición de la ZMT. “Hay una realidad para bien o para mal, muchas personas han interpretado de una manera diferente lo que es el espacio que cubre la ZMT. Esa interpretación ha llegado al Tribunal Supremo de Puerto Rico es evidente que hay una incongruencia en cómo se ha interpretado lo que es el límite interior de la ZMT tan es así que el DRNA lo ha aplicado de forma irregular según el caso a través de todo Puerto Rico durante años y décadas”. Atribuyó que esa inconsistencia del DRNA es lo que en gran medida ha llevado a todas esas interpretaciones de lo que es el límite interior de lo que es la ZMT. Al igual que Mercado, el planificador ambiental se refirió a los orígenes de la definición española de la ZMT. 

“Cuando se adopta esa definición por la corona española había un reconocimiento del acceso que todo ciudadano debía tener al mar como parte de un derecho natural al disfrute de lo que son elementos básicos en la vida y la necesidad de salvaguardar esa línea de costa para actividades del comercio y la seguridad tanto de los individuos como la nacional y de ahí es que surge la franja de la servidumbe de vigilancia como de salvamento, un terreno hacia el interior de la tierra continúo al límite inferiror de la ZMT”. Aunque esa franja inferior es privada -aclaró- ésta tiene que estar expedita de estructuras permanentes para que no obstruya a las fuerzas militares para que pudiesen llevar a cabo precisamente sus tareas de vigilancia y la servidumbre de salvamento es para que en caso de naufragio las personas que pudiesen llegar hasta la playa, así como la mercancía que se pudiera salvar se pudiera almacenar en esos terrenos privados como medida de emergencia y que el dueño no pudiera reclamarlos como suyos. 

Rivera Herrero defendió que todavía hay razón de ser de esa definición; uno el derecho natural del acceso al mar, el que la legislación responde a las intenciones de privatización y construcciones de lugares turísticos para un público exterior. “Es parte de una tendencia de décadas en las que el gobierno continúa renunciando a su deber de velar por los bienes públicos para colocarlos en manos privadas”.

 

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